Audiencia temática ante la CIDH expone los efectos nocivos de la aplicación de leyes sobre sustracción internacional de menores en contextos de violencia doméstica

Una audiencia reciente expone cómo los marcos legales sobre la sustracción internacional de menores se están aplicando de manera que vulnera los derechos de las sobrevivientes de violencia doméstica y pone en riesgo tanto a ellas como a sus hijos e hijas.

El 11 de marzo de 2026, Equality Now, junto con Hague Mothers y 14 organizaciones aliadas, participó en una audiencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), durante su período de sesiones en Guatemala, para examinar cómo los marcos legales sobre sustracción internacional de menores se intersectan con la violencia basada en género.

Durante la audiencia, organizaciones de la sociedad civil y personas expertas analizaron las implicaciones del Convenio de La Haya de 1980 sobre los Aspectos Civiles de la Sustracción Internacional de Menores y de la Convención Interamericana sobre Restitución Internacional de Menores (las “Convenciones”) para las mujeres y sus hijos e hijas. Estos instrumentos jurídicos internacionales, adoptados por numerosos países, establecen que ciertos traslados o retenciones internacionales de niños y niñas por parte de uno de sus progenitores, sin el consentimiento del otro, pueden considerarse ilícitos. Sin embargo, surgen preocupaciones en materia de derechos humanos cuando los tribunales, al aplicar estas disposiciones, tratan todos estos casos como intrínsecamente perjudiciales para el niño o la niña y califican al progenitor que traslada como “sustractor”, incluso en situaciones en las que una madre ha huido con su hijo o hija para escapar de un entorno abusivo.

“El objetivo de la audiencia fue visibilizar las implicaciones en derechos humanos de la aplicación de los marcos legales sobre sustracción internacional de menores en casos en los que las madres huyen de la violencia basada en género, y promover enfoques centrados en las sobrevivientes y con perspectiva de género dentro del sistema interamericano de derechos humanos”, señaló Bárbara Jiménez-Santiago, representante regional para América Latina y el Caribe de Equality Now.

La discusión puso en evidencia un problema persistente. Mecanismos jurídicos diseñados para abordar traslados ilícitos de niños y niñas están siendo aplicados de maneras que, en la práctica, pueden terminar penalizando a las madres que huyen de la violencia para protegerse a sí mismas y a sus hijos e hijas.

Límites de los marcos sobre sustracción internacional de menores en contextos de violencia doméstica

Ruth Dineen, coordinadora internacional de Hague Mothers, destacó que el Convenio de La Haya sobre los Aspectos Civiles de la Sustracción Internacional de Menores y la Convención Interamericana sobre Restitución Internacional de Menores fueron desarrollados para garantizar el retorno inmediato de niños y niñas trasladados ilícitamente a través de fronteras. Sin embargo, en la práctica, estos marcos a menudo no logran dar cuenta de las realidades de la violencia doméstica ni de las dificultades de acceso a la justicia que enfrentan las sobrevivientes. Como se señaló durante la audiencia, la mayoría de las personas consideradas como “progenitores sustractores” son madres. Aun así, los tribunales suelen priorizar el retorno del niño o la niña por encima de una evaluación adecuada del riesgo.

Esto genera un desequilibrio estructural. Las sobrevivientes se ven colocadas en una situación en la que deben elegir entre su propia seguridad y permanecer con sus hijos e hijas. En muchos casos, la aplicación de las Convenciones termina convirtiéndose en un castigo y en una herramienta utilizada en contra de las madres sobrevivientes, especialmente en contextos donde enfrentan una grave falta de recursos en el país al que han migrado.

Vacíos en la protección jurídica

En principio, el Convenio de La Haya, que suele aplicarse en casos dentro de la región interamericana, contempla algunas excepciones que podrían resultar relevantes en contextos de violencia doméstica. Por ejemplo, permite a los tribunales rechazar el retorno de un niño o una niña si existe un “grave riesgo” de daño. Sin embargo, esta no es una protección específica para sobrevivientes de violencia. En la práctica, este umbral resulta difícil de cumplir y a menudo no hay tiempo suficiente para reunir pruebas extensas antes de que se ordene el retorno. Al mismo tiempo, los patrones de control coercitivo y de violencia psicológica no siempre se reconocen adecuadamente en ausencia de un enfoque con perspectiva de género y de formación especializada.

Como resultado, incluso cuando existe un historial de violencia doméstica, los tribunales pueden igualmente ordenar el retorno del niño o la niña. Esta brecha entre la realidad de la violencia y la forma en que se aplica la ley deja a las sobrevivientes sin una protección efectiva.

Una experiencia que refleja fallas sistémicas

La audiencia también incluyó el testimonio de Loana Noguera, una sobreviviente cuya experiencia ilustra cómo estos vacíos operan en la práctica.

Tras huir de Estados Unidos con su hijo pequeño para escapar de la violencia doméstica, reconstruyó su vida en Argentina, donde su hijo estaba seguro, escolarizado y recibiendo cuidados. Años después, a raíz de una solicitud presentada en virtud del Convenio de La Haya, su hijo fue devuelto a Estados Unidos.

A pesar de contar con pruebas documentadas de abuso, incluidas conclusiones de servicios de protección infantil y órdenes de restricción, no se le dio una oportunidad real de presentar su caso. Sus pruebas fueron desestimadas y se ordenó el retorno. Al reflexionar sobre el proceso, explicó: “No fui tratada como una madre que intentaba proteger a su hijo. Fui tratada como una criminal”.

Su hijo fue separado de ella durante varios años y posteriormente reveló nuevos episodios de abuso tras su retorno a Estados Unidos. Su experiencia no es un caso aislado. Refleja fallas sistémicas más amplias identificadas por profesionales, personas investigadoras y sobrevivientes en distintas jurisdicciones.

Por qué esto importa para los derechos humanos

Este problema va más allá de cómo se deciden casos individuales. Plantea cuestiones más amplias sobre cómo se interpretan y aplican los marcos jurídicos internacionales.

Las normas sobre sustracción internacional de menores forman parte del derecho internacional privado, es decir, regulan las relaciones jurídicas entre personas en distintos países. Sin embargo, estos marcos se están aplicando en contextos internos que involucran violencia doméstica, sin una adecuada alineación con los estándares de derechos humanos y las obligaciones de los Estados.

Los Estados tienen obligaciones vinculantes de proteger a las mujeres frente a la violencia y de salvaguardar a los niños y niñas frente al daño. Estas obligaciones deben guiar la interpretación y aplicación de los marcos sobre sustracción internacional de menores.

Cuando estos marcos se aplican sin un enfoque de género centrado en las sobrevivientes, existe el riesgo de que los procesos legales diseñados para proteger el interés superior del niño o la niña terminen por causar nuevos daños.

Hacia un enfoque con perspectiva de género y basado en derechos humanos

La audiencia puso de relieve la necesidad de cambiar la forma en que estos marcos se interpretan y aplican en la práctica. Es fundamental garantizar que la violencia doméstica sea considerada de manera sistemática en los casos de sustracción internacional de menores. Los tribunales deben contar con las herramientas necesarias para evaluar distintas formas de abuso, incluido el control coercitivo y el daño psicológico, y comprender cómo estos factores inciden en la decisión de las sobrevivientes de huir.

Esto también requiere fortalecer las directrices judiciales y la formación especializada, así como mejorar el acceso a representación legal e información para las sobrevivientes que enfrentan procedimientos transfronterizos complejos.

Es necesario asegurar una mayor coherencia entre los marcos de derecho internacional privado y los estándares de derechos humanos. Esto incluye una coordinación más estrecha dentro del sistema interamericano, incluidos los mecanismos enfocados en la violencia contra las mujeres, para promover enfoques consistentes y basados en derechos en todas las jurisdicciones.

Shivangi Misra, asesora jurídica senior de Equality Now, quien representó a la organización en la audiencia, señaló que “la Comisión puede adoptar medidas concretas para abordar las cuestiones planteadas, por ejemplo, emitir directrices, convocar encuentros regionales para fortalecer los estándares de derechos humanos en esta temática y trabajar estrechamente con los Estados miembros y la sociedad civil para garantizar la implementación de los derechos humanos de mujeres y niños y niñas”.

Esta audiencia marcó la primera vez que estos temas son examinados formalmente por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Representa un paso importante para reconocer el carácter sistémico del problema y situarlo dentro de un marco de derechos humanos.

La grabación de la audiencia está disponible en YouTube.