Opresión o profesión: ¿debería ser delito la prostitución?

5 Mayo 2016

Nota del editor: Este es un extracto de un artículo publicado en el New York Times. Lea el artículo completo aquí.

En noviembre pasado, Meg Muñoz viajó a Los Ángeles para hablar en la conferencia anual de Amnistía Internacional en California. Estaba nerviosa. Tres meses antes, en una reunión a la que asistieron 500 delegados de 80 países, Amnistía votó para adoptar una propuesta a favor de la “despenalización total del trabajo sexual consensuado”, lo cual dio pie a una gran y controvertida discusión. Miembros del grupo defensor de los derechos humanos en Noruega y Suecia renunciaron en masa; argumentaron que el objetivo del organismo debería ser acabar con la demanda de prostitución y no al contrario.

En todo el mundo, en las redes sociales y en la prensa, quienes se oponen a este enfoque criticaron fuertemente a Amnistía. En Los Ángeles, quienes protestaban contra esta postura formaron un círculo alrededor del lobby del Hotel Sheraton, donde la conferencia tenía lugar; cuando Muñoz trató de entrar, una mujer la enfrentó y se enojó cuando Muñoz explicó que, como extrabajadora sexual, ella apoyaba tal postura. “Aceptó respetar mi tiempo ante el micrófono”, me contó Muñoz. “No lo cumplió” (la mujer y otros oponentes gritaron durante su participación como panelista), “pero entiendo por qué es tan difícil para ella”.

Muñoz se encontraba en medio de una reñida batalla sobre el término trabajo sexual, e incluso sobre su significado. Alrededor del mundo, muchas trabajadoras sexuales (el término que prefieren los activistas en lugar de “prostitutas”) están tratando de cambiar la forma en que se les persigue y vigila. Se enfrentan a la ley y al feminismo tradicional, que siempre se ha enfocado en salvar a las mujeres del comercio sexual más que en apoyar a las trabajadoras sexuales que exigen sus derechos. No obstante, durante la última década los trabajadores sexuales activistas han ganado nuevos aliados. Si la junta directiva de Amnistía Internacional aprueba una política final a favor de la despenalización el próximo mes, unirá fuerzas con organismos de salud pública que durante años han trabajado exitosamente con grupos para detener el contagio del VIH y el SIDA, sobre todo en países en desarrollo. “La emergencia que significa la epidemia del VIH realmente rompió con muchos tabúes”, afirma Catherine Murphy, una asesora de políticas de Amnistía.

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Opresión o profesión: ¿debería ser delito la prostitución?
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Nota del editor: Este es un extracto de un artículo publicado en el New York Times. Lea el artículo completo aquí.

En noviembre pasado, Meg Muñoz viajó a Los Ángeles para hablar en la conferencia anual de Amnistía Internacional en California. Estaba nerviosa. Tres meses antes, en una reunión a la que asistieron 500 delegados de 80 países, Amnistía votó para adoptar una propuesta a favor de la “despenalización total del trabajo sexual consensuado”, lo cual dio pie a una gran y controvertida discusión. Miembros del grupo defensor de los derechos humanos en Noruega y Suecia renunciaron en masa; argumentaron que el objetivo del organismo debería ser acabar con la demanda de prostitución y no al contrario.

En todo el mundo, en las redes sociales y en la prensa, quienes se oponen a este enfoque criticaron fuertemente a Amnistía. En Los Ángeles, quienes protestaban contra esta postura formaron un círculo alrededor del lobby del Hotel Sheraton, donde la conferencia tenía lugar; cuando Muñoz trató de entrar, una mujer la enfrentó y se enojó cuando Muñoz explicó que, como extrabajadora sexual, ella apoyaba tal postura. “Aceptó respetar mi tiempo ante el micrófono”, me contó Muñoz. “No lo cumplió” (la mujer y otros oponentes gritaron durante su participación como panelista), “pero entiendo por qué es tan difícil para ella”.

Muñoz se encontraba en medio de una reñida batalla sobre el término trabajo sexual, e incluso sobre su significado. Alrededor del mundo, muchas trabajadoras sexuales (el término que prefieren los activistas en lugar de “prostitutas”) están tratando de cambiar la forma en que se les persigue y vigila. Se enfrentan a la ley y al feminismo tradicional, que siempre se ha enfocado en salvar a las mujeres del comercio sexual más que en apoyar a las trabajadoras sexuales que exigen sus derechos. No obstante, durante la última década los trabajadores sexuales activistas han ganado nuevos aliados. Si la junta directiva de Amnistía Internacional aprueba una política final a favor de la despenalización el próximo mes, unirá fuerzas con organismos de salud pública que durante años han trabajado exitosamente con grupos para detener el contagio del VIH y el SIDA, sobre todo en países en desarrollo. “La emergencia que significa la epidemia del VIH realmente rompió con muchos tabúes”, afirma Catherine Murphy, una asesora de políticas de Amnistía.

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Algunos de quienes se oponen a la despenalización se llaman a sí mismos abolicionistas, invocando intencionalmente la batalla para terminar con la esclavitud.

“Si la prostitución es legal y los hombres pueden comprar el cuerpo de las mujeres impunemente, se da la sexualización extrema de las mujeres”

Yasmeen Hassan, directora ejecutiva global de Equality Now

“Si la prostitución es legal y los hombres pueden comprar el cuerpo de las mujeres impunemente, se da la sexualización extrema de las mujeres”, afirma Yasmeen Hassan, directora ejecutiva global de Equality Now, un grupo que defiende los derechos de las mujeres y que hace campañas en contra del comercio sexual. “Son objetos sexuales. ¿Qué implica eso respecto a cómo se considera a las profesionales? Además, si las mujeres son juguetes sexuales que puedes comprar, piensa en el impacto que eso tendrá en las relaciones entre hombres y mujeres, ya sea dentro del matrimonio o en otras circunstancias”.

El debate actual sobre el trabajo sexual en Estados Unidos a menudo se enmarca en la elección de distintos sistemas legales internacionales. Los abolicionistas se apegan a lo que llaman el modelo sueco (o nórdico). En 1999, a instancias de las feministas, el parlamento sueco aprobó la Ley de Adquisición Sexual, que establecía la compra de sexo como delito. La prostitución misma no se consideraba un crimen, pero la nueva ley la consideraba “un daño serio tanto para los individuos como para la sociedad”, con lo que daba un fundamento moral a la legislación.

Algunos de quienes se oponen a la despenalización se llaman a sí mismos abolicionistas, invocando intencionalmente la batalla para terminar con la esclavitud.

“Si la prostitución es legal y los hombres pueden comprar el cuerpo de las mujeres impunemente, se da la sexualización extrema de las mujeres”

Yasmeen Hassan, directora ejecutiva global de Equality Now

“Si la prostitución es legal y los hombres pueden comprar el cuerpo de las mujeres impunemente, se da la sexualización extrema de las mujeres”, afirma Yasmeen Hassan, directora ejecutiva global de Equality Now, un grupo que defiende los derechos de las mujeres y que hace campañas en contra del comercio sexual. “Son objetos sexuales. ¿Qué implica eso respecto a cómo se considera a las profesionales? Además, si las mujeres son juguetes sexuales que puedes comprar, piensa en el impacto que eso tendrá en las relaciones entre hombres y mujeres, ya sea dentro del matrimonio o en otras circunstancias”.

El debate actual sobre el trabajo sexual en Estados Unidos a menudo se enmarca en la elección de distintos sistemas legales internacionales. Los abolicionistas se apegan a lo que llaman el modelo sueco (o nórdico). En 1999, a instancias de las feministas, el parlamento sueco aprobó la Ley de Adquisición Sexual, que establecía la compra de sexo como delito. La prostitución misma no se consideraba un crimen, pero la nueva ley la consideraba “un daño serio tanto para los individuos como para la sociedad”, con lo que daba un fundamento moral a la legislación.