Actualizaciones

Español

Ver pdf

Joven participante en la concentración Justice for Liz en Kenia. Imagen de COVAW.

A finales de junio de 2013, la joven de 16 años Liz regresaba a casa del funeral de su abuelo, en el condado de Busia, cuando fue brutalmente violada por seis hombres. Tras consumar la agresión, los autores arrojaron a Liz, inconsciente, a una letrina. La joven fue finalmente rescatada por unos vecinos y al día siguiente el ataque se denunció en la comisaría de Tingolo. Tres de los sospechosos fueron detenidos, pero el policía a cargo de ese turno registró la agresión como un mero “asalto”. Después de cumplir su “castigo” de segar la hierba del jardín de la comisaría, los detenidos fueron puestos en libertad. Desgraciadamente, a consecuencia de la agresión Liz quedó en silla de ruedas y sufre una fístula obstétrica que le provoca incontinencia. Tras pasar por el quirófano, actualmente la joven se recupera y recibe asistencia psicológica, aunque debido a las amenazas recibidas por haber denunciado el caso, ella y su familia se han visto obligados a desarraigarse y trasladarse a vivir a un centro del programa de protección de testigos mientras continúen los procedimientos judiciales.

¡TOME MEDIDAS!

La campaña mundial #JusticeForLiz, puesta en marcha por COVAW (Coalición contra la violencia hacia la mujer), FEMNET (Red de mujeres africanas sobre desarrollo y comunicaciones) y Avaaz en octubre de 2013, reunió más de 1,7 millones de firmas en todo el mundo para pedir al Inspector Jefe de la policía David Kimaiyo que se detuviera y procesara a los sospechosos. Las autoridades, al verse presionadas, prometieron de forma pública llevar ante los tribunales el caso de Liz sin más demora. Sin embargo, muchos meses más tarde apenas se han producido avances en la consecución de justicia para Liz. Hasta la fecha, únicamente se ha detenido a uno de los seis sospechosos, a pesar de que se conoce el paradero de los demás. Los cargos presentados contra el único detenido han sido reducidos de violación a “lesiones físicas graves” y aún no se ha modificado el escrito para reflejar los delitos de violencia sexual conforme a la Ley de Delitos Sexuales. A tenor de las presuntas declaraciones falsas en este caso concreto, y visto que las autoridades kenianas se abstienen continuamente de abordar adecuadamente los casos de violencia sexual, Igualdad Ya y nuestras asociaciones asociadas, a través de la coalición Solidarity for African Women's Rights (SOAWR), - COVAW, FIDA-Kenya, FEMNET, Fahamu e IPAS - nos sumamos al llamamiento para que se haga justicia en el caso de Liz y en el de todas las víctimas de la violencia sexual. Es necesario hacer aún mucho más para proteger a las mujeres y niñas de Kenia frente a la violencia sexual y para garantizar el acceso inmediato de todas las supervivientes a la justicia.

El caso de Liz pone de relieve una respuesta habitual de las autoridades kenianas a los delitos de violencia sexual:

No se toma en serio este tipo de delitos: Solamente el Fiscal General puede interrumpir una investigación de una denuncia por violencia sexual en virtud de laSexual Offences Act de 2006. En este caso, sin embargo, los agentes de policía “resolvieron” lo que debería haber sido un proceso penal (así lo reconoció posteriormente el Inspector Jefe de la policía Kimaiyo) y pusieron en libertad a los sospechosos pensando que “la condición de la chica no estaba grave”.

Se desafía y se culpa a las víctimas, sin tener en cuenta las pruebas ni el contexto: en una nota de prensa publicada el 2 de noviembre de 2013, Kimaiyo también realizó una serie de inquietantes afirmaciones acerca del caso de Liz. El inspector cuestionaba la legitimidad de la versión de la adolescente, afirmando que el espacio de tiempo transcurrido desde que se escucharon los gritos de Liz hasta que los vecinos reaccionaron fue “demasiado corto como para que seis hombres la hubieran violado”. Asimismo, puso en duda la credibilidad de Liz cuestionando el tiempo que tardó la joven en contar a su familia y a los médicos que había sufrido una violación, sin tener en cuenta el impacto traumático que la violencia sexual puede tener en los supervivientes.

Lentitud en los procesos, demoras y denegación de justicia: a principios de noviembre de 2013, el presidente del Tribunal Supremo de Kenia, Willy Mutunga, remitió el caso al DPP o máximo órgano supervisor judicial (Fiscalía del Estado), que reconoció oficialmente haber recibido el expediente y estar tomando las medidas oportunas para garantizar la investigación y el consiguiente procesamiento.  En un informe de febrero, la Comisión Nacional de Género e Igualdad señalaba que el asunto era un caso evidente de violación en grupo y que no se comprendía cómo aún no se habían emprendido acciones judiciales cuando la Fiscalía había ordenado iniciar el procedimiento y solicitaba un seguimiento del mismo.

El caso de Liz se producía poco después de que el Tribunal Superior de Kenia aprobara una histórica resolución (mayo de 2013) para las víctimas de la violencia sexual,  la conocida como 160 Girls Case, en nombre de todos los casos de violencia sexual que no han sido adecuadamente abordados por la policía. El Tribunal afirmó que la negativa u omisión por parte de la policía a realizar una investigación  inmediata, efectiva, adecuada y profesional de las numerosas denuncias de violencia sexual suponía una violación de los derechos y las libertades fundamentales de las niñas, y ordenaba a los responsables del cuerpo policial llevar a cabo investigaciones inmediatas, efectivas, adecuadas y profesionales. Sin embargo, este caso refleja una vez más que las autoridades kenianas no investigan adecuadamente todos los delitos de violencia sexual ni llevan ante la justicia a los agresores.

El Ministro de Género, Infancia y Desarrollo Social de Kenia publicó en 2013 un informe que plasmaba la gravedad del escenario de la violencia sexual en el país: una de cada cinco mujeres kenianas sufrirá violencia sexual en algún momento de su vida. Se calcula que el 45% de las mujeres kenianas de entre 15 y 49 años ha sufrido alguna vez violencia física o sexual, y estas cifras podrían ser mucho mayores porque COVAW calcula que apenas el 8% de las mujeres violadas denuncian la agresión ante las autoridades. Las supervivientes de la violencia sexual en Kenia suelen sufrir una segunda victimización a la hora de denunciar sus casos, porque la actitud de las autoridades hace desconfiar a las mujeres en los procesos judiciales, por ejemplo mostrando incredulidad o escepticismo hacia la denunciante, así como usando técnicas de interrogatorio agresivas que resultan incómodas e invasivas, y culpando a la víctima y cuestionando sus motivos para interponer la denuncia. ”Un estudio de caso de 2009 sobre las cuestiones relativas al género en las comisarías de Nairobi reflejó que el 52% de las personas que denunciaba violencia de género consideraba que acudir a la policía no resultaba útil, mientras que el 39% declaraba que la policía se mostraba reticente a registrar sus declaraciones. Otro 20% afirmaba haber recibido peticiones de soborno para continuar con el proceso, y el 28% restante de las denunciantes se sintieron humilladas y tratadas de forma indigna.

La Constitución de Kenia subraya los derechos humanos y la legislación internacional, al mismo tiempo que consolida los derechos y las libertades fundamentales de todos, incluido el derecho a la igualdad y a no ser discriminado. Kenia ha ratificado varios instrumentos regionales e internacionales en materia de derechos humanos que establecen la obligación del Estado de proteger a las niñas y mujeres frente a la violencia sexual, como el Protocolo a la Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos sobre los Derechos de la Mujer en África (el Protocolo), la Carta Africana sobre los Derechos y Bienestar del Niño, la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, y la Convención sobre los Derechos del Niño. El Protocolo obliga a los Estados Miembros a adoptar y aplicar las medidas oportunas para garantizar la protección del derecho de toda mujer a ser tratada con dignidad y la protección de las mujeres frente a todas las formas de violencia, en particular la violencia sexual y verbal. Asimismo, insta a las autoridades a garantizar la prevención, el castigo y la erradicación de todas las formas de violencia contra la mujer. El Protocolo exige además que Kenia establezca mecanismos y servicios de información, rehabilitación y reparación para las víctimas, así como que dirija los recursos públicos suficientes a la ejecución y la supervisión de las medidas preventivas necesarias.

Qué puede hacer: 

¡TOME MEDIDAS!

  • Haga un llamamiento a las autoridades abajo mencionadas con el fin de que tomen medidas inmediatas para detener al resto de sospechosos y que el juicio se pueda retomar con la presencia de estos.
  • Haga un llamamiento a los funcionarios abajo listados para que detengan al resto de sospechosos y se aseguren de que se aplique de forma efectiva la Ley de Delitos Sexuales para garantizar la investigación y el procesamiento oportuno de todos los casos de violencia sexual.
  • Inste a la Fiscalía a modificar los cargos presentados, de manera que incluyan la violación en grupo y otros delitos de violencia sexual pertinentes.
  • Exija a la Autoridad Independiente de Control de Policía que investigue las acusaciones de falta de ética profesional por parte de los policías encargados del caso, así como  que informe al respecto y tome medidas contra estas actuaciones policiales.
  • Inste al gobierno de Kenia a priorizar la formación de los agentes responsables de hacer cumplir la ley con el fin de que las denuncias de violencia sexual sean tratadas correctamente y que los funcionarios reciban los recursos adecuados para tratar a las supervivientes de estos delitos sin mostrar actitudes agresivas que puedan dañar aún más a las víctimas o impedir su acceso a la justicia.
  • Participe en la campaña de las redes sociales #JusticeForLiz.  Los mensajes se pueden retuitear también desde @equalitynow, @COVAW y @FemnetProg.
  • Contribuya a difundir esta campaña compartiendo esta Acción con sus amigos.

Por favor, dirija sus cartas a:

H.E. Uhuru Kenyatta
President of the Republic of Kenya
P.O. Box 30040
Nairobi, Kenya
@StateHouseKenya, @UKenyatta
info@president.go.ke

Hon. Mr. Keriako Tobiko
Director of Public Prosecution
Office of the DPP
NSSF Building, 19th Fl
Bishops Road
P.O. Box 30701-00100
Nairobi, Kenya
info@odpp.go.ke

Hon Dr. Willy Mutunga
Chief Justice
Supreme Court of Kenya
City Hall Way
P.O. Box 30041-00100
Nairobi, Kenya
chiefjustice@judiciary.go.ke
@WMutunga

Ms. Patricia Nyaundi
Secretary to the Commission
Kenya National Commission on Human Rights 
1st Floor CVS Plaza, Kasuku Rd. 
P.O. Box: 74359-00200 
Nairobi, Kenya
haki@knchr.org

Independent Policing 
Oversight Authority
1st Ngong Avenue, 
ACK Garden Annex, 2nd Fl. 
P. O. Box 23035 00100 
Nairobi, Kenya 
info@ipoa.go.ke

Hon. Joseph Nkaissery
Cabinet Secretary
Ministry of Interior & Coordination of National Government 
Harambee House, Harambee Avenue, P.0. Box 30510-00100
Nairobi, Kenya
ps.interior@kenya.go.keps.pais@kenya.go.ke

Country: 
All letters: 
33000
Sent letters: 
29322
Categories new : 
Hero Title: 
Garantizar justicia a Liz (16 años) y al resto de víctimas de la violencia sexual
Hero image: 
Letter Body: 

Monsieur le président / le ministre / le gouverneur,

Je suis profondément préoccupé(e) par les nombreux exemples de l’incapacité systémique des autorités kenyanes à faire en sorte que les cas de violences sexuelles fassent l’objet d’enquêtes et de poursuites. Je suis particulièrement concerné(e) par l'affaire de Liz, qui a été brutalement violée le 26 juin 2013 dans le comté Busia, et par le subséquent déni de justice de la part des autorités. À ce jour, trois des six suspects identifiés n'ont pas été appréhendés, et ce en dépit du fait de rapports selon lesquels leurs allées et venues seraient connues.

Davantage d'efforts s'avèrent nécessaires pour protéger les femmes et les filles du Kenya contre les violences sexuelles et garantir un accès rapide à la justice pour toutes les survivantes. Les preuves sont irréfutables et elles mettent en évidence la prévalence des violences sexuelles que subissent les femmes et les filles, ainsi que les énormes obstacles rencontrés lors de chaque étape du processus judiciaire. Des dizaines, voire des centaines, d'affaires soulignent à quel point la situation est grave.

La loi kenyane de 2006 sur les infractions sexuelles criminalise toutes les formes de violences sexuelles et la constitution de 2010 consacre les droits et libertés fondamentales de tous les hommes et les femmes. Le Kenya a également ratifié un certain nombre d'instruments internationaux et régionaux relatifs aux droits humains qui affirment qu’il est de la responsabilité de l’Etat de protéger les femmes et les filles des violences sexuelles.

Je me joins à Egalité Maintenant et à leurs partenaires, COVAW, FIDA-Kenya, FEMNET, Fahamu et IPAS, qui agissent par le biais du Mouvement de solidarité pour les droits des africaines (SOAWR), en demandant à ce que Liz et toutes les survivantes et victimes de violences sexuelles obtiennent justice. Conformément aux obligations régionales, nationales, et internationales du Kenya, j’exhorte les autorités à agir d'urgence.

Je vous remercie de votre attention.

Cordialement,

Salsa Id: 
16447
Action Date: 
Viernes, Enero 22, 2016
Action Status: 
Letters Sent (Auto): 
1055
All Letters Sent (Auto): 
2022

Ver pdf

Joven participante en la concentración Justice for Liz en Kenia. Imagen de COVAW.

A finales de junio de 2013, la joven de 16 años Liz regresaba a casa del funeral de su abuelo, en el condado de Busia, cuando fue brutalmente violada por seis hombres. Tras consumar la agresión, los autores arrojaron a Liz, inconsciente, a una letrina. La joven fue finalmente rescatada por unos vecinos y al día siguiente el ataque se denunció en la comisaría de Tingolo. Tres de los sospechosos fueron detenidos, pero el policía a cargo de ese turno registró la agresión como un mero “asalto”. Después de cumplir su “castigo” de segar la hierba del jardín de la comisaría, los detenidos fueron puestos en libertad. Desgraciadamente, a consecuencia de la agresión Liz quedó en silla de ruedas y sufre una fístula obstétrica que le provoca incontinencia. Tras pasar por el quirófano, actualmente la joven se recupera y recibe asistencia psicológica, aunque debido a las amenazas recibidas por haber denunciado el caso, ella y su familia se han visto obligados a desarraigarse y trasladarse a vivir a un centro del programa de protección de testigos mientras continúen los procedimientos judiciales.

¡TOME MEDIDAS!

La campaña mundial #JusticeForLiz, puesta en marcha por COVAW (Coalición contra la violencia hacia la mujer), FEMNET (Red de mujeres africanas sobre desarrollo y comunicaciones) y Avaaz en octubre de 2013, reunió más de 1,7 millones de firmas en todo el mundo para pedir al Inspector Jefe de la policía David Kimaiyo que se detuviera y procesara a los sospechosos. Las autoridades, al verse presionadas, prometieron de forma pública llevar ante los tribunales el caso de Liz sin más demora. Sin embargo, muchos meses más tarde apenas se han producido avances en la consecución de justicia para Liz. Hasta la fecha, únicamente se ha detenido a uno de los seis sospechosos, a pesar de que se conoce el paradero de los demás. Los cargos presentados contra el único detenido han sido reducidos de violación a “lesiones físicas graves” y aún no se ha modificado el escrito para reflejar los delitos de violencia sexual conforme a la Ley de Delitos Sexuales. A tenor de las presuntas declaraciones falsas en este caso concreto, y visto que las autoridades kenianas se abstienen continuamente de abordar adecuadamente los casos de violencia sexual, Igualdad Ya y nuestras asociaciones asociadas, a través de la coalición Solidarity for African Women's Rights (SOAWR), - COVAW, FIDA-Kenya, FEMNET, Fahamu e IPAS - nos sumamos al llamamiento para que se haga justicia en el caso de Liz y en el de todas las víctimas de la violencia sexual. Es necesario hacer aún mucho más para proteger a las mujeres y niñas de Kenia frente a la violencia sexual y para garantizar el acceso inmediato de todas las supervivientes a la justicia.

El caso de Liz pone de relieve una respuesta habitual de las autoridades kenianas a los delitos de violencia sexual:

No se toma en serio este tipo de delitos: Solamente el Fiscal General puede interrumpir una investigación de una denuncia por violencia sexual en virtud de laSexual Offences Act de 2006. En este caso, sin embargo, los agentes de policía “resolvieron” lo que debería haber sido un proceso penal (así lo reconoció posteriormente el Inspector Jefe de la policía Kimaiyo) y pusieron en libertad a los sospechosos pensando que “la condición de la chica no estaba grave”.

Se desafía y se culpa a las víctimas, sin tener en cuenta las pruebas ni el contexto: en una nota de prensa publicada el 2 de noviembre de 2013, Kimaiyo también realizó una serie de inquietantes afirmaciones acerca del caso de Liz. El inspector cuestionaba la legitimidad de la versión de la adolescente, afirmando que el espacio de tiempo transcurrido desde que se escucharon los gritos de Liz hasta que los vecinos reaccionaron fue “demasiado corto como para que seis hombres la hubieran violado”. Asimismo, puso en duda la credibilidad de Liz cuestionando el tiempo que tardó la joven en contar a su familia y a los médicos que había sufrido una violación, sin tener en cuenta el impacto traumático que la violencia sexual puede tener en los supervivientes.

Lentitud en los procesos, demoras y denegación de justicia: a principios de noviembre de 2013, el presidente del Tribunal Supremo de Kenia, Willy Mutunga, remitió el caso al DPP o máximo órgano supervisor judicial (Fiscalía del Estado), que reconoció oficialmente haber recibido el expediente y estar tomando las medidas oportunas para garantizar la investigación y el consiguiente procesamiento.  En un informe de febrero, la Comisión Nacional de Género e Igualdad señalaba que el asunto era un caso evidente de violación en grupo y que no se comprendía cómo aún no se habían emprendido acciones judiciales cuando la Fiscalía había ordenado iniciar el procedimiento y solicitaba un seguimiento del mismo.

El caso de Liz se producía poco después de que el Tribunal Superior de Kenia aprobara una histórica resolución (mayo de 2013) para las víctimas de la violencia sexual,  la conocida como 160 Girls Case, en nombre de todos los casos de violencia sexual que no han sido adecuadamente abordados por la policía. El Tribunal afirmó que la negativa u omisión por parte de la policía a realizar una investigación  inmediata, efectiva, adecuada y profesional de las numerosas denuncias de violencia sexual suponía una violación de los derechos y las libertades fundamentales de las niñas, y ordenaba a los responsables del cuerpo policial llevar a cabo investigaciones inmediatas, efectivas, adecuadas y profesionales. Sin embargo, este caso refleja una vez más que las autoridades kenianas no investigan adecuadamente todos los delitos de violencia sexual ni llevan ante la justicia a los agresores.

El Ministro de Género, Infancia y Desarrollo Social de Kenia publicó en 2013 un informe que plasmaba la gravedad del escenario de la violencia sexual en el país: una de cada cinco mujeres kenianas sufrirá violencia sexual en algún momento de su vida. Se calcula que el 45% de las mujeres kenianas de entre 15 y 49 años ha sufrido alguna vez violencia física o sexual, y estas cifras podrían ser mucho mayores porque COVAW calcula que apenas el 8% de las mujeres violadas denuncian la agresión ante las autoridades. Las supervivientes de la violencia sexual en Kenia suelen sufrir una segunda victimización a la hora de denunciar sus casos, porque la actitud de las autoridades hace desconfiar a las mujeres en los procesos judiciales, por ejemplo mostrando incredulidad o escepticismo hacia la denunciante, así como usando técnicas de interrogatorio agresivas que resultan incómodas e invasivas, y culpando a la víctima y cuestionando sus motivos para interponer la denuncia. ”Un estudio de caso de 2009 sobre las cuestiones relativas al género en las comisarías de Nairobi reflejó que el 52% de las personas que denunciaba violencia de género consideraba que acudir a la policía no resultaba útil, mientras que el 39% declaraba que la policía se mostraba reticente a registrar sus declaraciones. Otro 20% afirmaba haber recibido peticiones de soborno para continuar con el proceso, y el 28% restante de las denunciantes se sintieron humilladas y tratadas de forma indigna.

La Constitución de Kenia subraya los derechos humanos y la legislación internacional, al mismo tiempo que consolida los derechos y las libertades fundamentales de todos, incluido el derecho a la igualdad y a no ser discriminado. Kenia ha ratificado varios instrumentos regionales e internacionales en materia de derechos humanos que establecen la obligación del Estado de proteger a las niñas y mujeres frente a la violencia sexual, como el Protocolo a la Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos sobre los Derechos de la Mujer en África (el Protocolo), la Carta Africana sobre los Derechos y Bienestar del Niño, la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, y la Convención sobre los Derechos del Niño. El Protocolo obliga a los Estados Miembros a adoptar y aplicar las medidas oportunas para garantizar la protección del derecho de toda mujer a ser tratada con dignidad y la protección de las mujeres frente a todas las formas de violencia, en particular la violencia sexual y verbal. Asimismo, insta a las autoridades a garantizar la prevención, el castigo y la erradicación de todas las formas de violencia contra la mujer. El Protocolo exige además que Kenia establezca mecanismos y servicios de información, rehabilitación y reparación para las víctimas, así como que dirija los recursos públicos suficientes a la ejecución y la supervisión de las medidas preventivas necesarias.

Qué puede hacer: 

¡TOME MEDIDAS!

  • Haga un llamamiento a las autoridades abajo mencionadas con el fin de que tomen medidas inmediatas para detener al resto de sospechosos y que el juicio se pueda retomar con la presencia de estos.
  • Haga un llamamiento a los funcionarios abajo listados para que detengan al resto de sospechosos y se aseguren de que se aplique de forma efectiva la Ley de Delitos Sexuales para garantizar la investigación y el procesamiento oportuno de todos los casos de violencia sexual.
  • Inste a la Fiscalía a modificar los cargos presentados, de manera que incluyan la violación en grupo y otros delitos de violencia sexual pertinentes.
  • Exija a la Autoridad Independiente de Control de Policía que investigue las acusaciones de falta de ética profesional por parte de los policías encargados del caso, así como  que informe al respecto y tome medidas contra estas actuaciones policiales.
  • Inste al gobierno de Kenia a priorizar la formación de los agentes responsables de hacer cumplir la ley con el fin de que las denuncias de violencia sexual sean tratadas correctamente y que los funcionarios reciban los recursos adecuados para tratar a las supervivientes de estos delitos sin mostrar actitudes agresivas que puedan dañar aún más a las víctimas o impedir su acceso a la justicia.
  • Participe en la campaña de las redes sociales #JusticeForLiz.  Los mensajes se pueden retuitear también desde @equalitynow, @COVAW y @FemnetProg.
  • Contribuya a difundir esta campaña compartiendo esta Acción con sus amigos.

Por favor, dirija sus cartas a:

H.E. Uhuru Kenyatta
President of the Republic of Kenya
P.O. Box 30040
Nairobi, Kenya
@StateHouseKenya, @UKenyatta
info@president.go.ke

Hon. Mr. Keriako Tobiko
Director of Public Prosecution
Office of the DPP
NSSF Building, 19th Fl
Bishops Road
P.O. Box 30701-00100
Nairobi, Kenya
info@odpp.go.ke

Hon Dr. Willy Mutunga
Chief Justice
Supreme Court of Kenya
City Hall Way
P.O. Box 30041-00100
Nairobi, Kenya
chiefjustice@judiciary.go.ke
@WMutunga

Ms. Patricia Nyaundi
Secretary to the Commission
Kenya National Commission on Human Rights 
1st Floor CVS Plaza, Kasuku Rd. 
P.O. Box: 74359-00200 
Nairobi, Kenya
haki@knchr.org

Independent Policing 
Oversight Authority
1st Ngong Avenue, 
ACK Garden Annex, 2nd Fl. 
P. O. Box 23035 00100 
Nairobi, Kenya 
info@ipoa.go.ke

Hon. Joseph Nkaissery
Cabinet Secretary
Ministry of Interior & Coordination of National Government 
Harambee House, Harambee Avenue, P.0. Box 30510-00100
Nairobi, Kenya
ps.interior@kenya.go.keps.pais@kenya.go.ke

Monsieur le président / le ministre / le gouverneur,

Je suis profondément préoccupé(e) par les nombreux exemples de l’incapacité systémique des autorités kenyanes à faire en sorte que les cas de violences sexuelles fassent l’objet d’enquêtes et de poursuites. Je suis particulièrement concerné(e) par l'affaire de Liz, qui a été brutalement violée le 26 juin 2013 dans le comté Busia, et par le subséquent déni de justice de la part des autorités. À ce jour, trois des six suspects identifiés n'ont pas été appréhendés, et ce en dépit du fait de rapports selon lesquels leurs allées et venues seraient connues.

Davantage d'efforts s'avèrent nécessaires pour protéger les femmes et les filles du Kenya contre les violences sexuelles et garantir un accès rapide à la justice pour toutes les survivantes. Les preuves sont irréfutables et elles mettent en évidence la prévalence des violences sexuelles que subissent les femmes et les filles, ainsi que les énormes obstacles rencontrés lors de chaque étape du processus judiciaire. Des dizaines, voire des centaines, d'affaires soulignent à quel point la situation est grave.

La loi kenyane de 2006 sur les infractions sexuelles criminalise toutes les formes de violences sexuelles et la constitution de 2010 consacre les droits et libertés fondamentales de tous les hommes et les femmes. Le Kenya a également ratifié un certain nombre d'instruments internationaux et régionaux relatifs aux droits humains qui affirment qu’il est de la responsabilité de l’Etat de protéger les femmes et les filles des violences sexuelles.

Je me joins à Egalité Maintenant et à leurs partenaires, COVAW, FIDA-Kenya, FEMNET, Fahamu et IPAS, qui agissent par le biais du Mouvement de solidarité pour les droits des africaines (SOAWR), en demandant à ce que Liz et toutes les survivantes et victimes de violences sexuelles obtiennent justice. Conformément aux obligations régionales, nationales, et internationales du Kenya, j’exhorte les autorités à agir d'urgence.

Je vous remercie de votre attention.

Cordialement,

Recursos

Tomar acción

0%
29322 of 33000 letters sent