México: El secuestro y asesinato de mujeres en Ciudad Juárez y la ciudad de Chihuahua

Versión para impresora
Número de acción: 
28.1
ATENCIÓN: Esta campaña de acción archivada ha sido concluida o suspendida, y la información contenida en ella puede no estar actualizada. Véase la página Tome medidas por las campañas actualmente en curso.
Fecha: 
1 Ago 2006

Minerva TorresMinerva Teresa Torres Albeldaño, una joven de dieciocho años de la ciudad de Chihuahua en el Estado de Chihuahua, México, desapareció el 13 de marzo de 2001 tras salir de su casa para acudir a una entrevista de trabajo. La policía tardó nueve días en comenzar su búsqueda. Las autoridades rechazaron las solicitudes insistentes y urgentes de sus padres para que intervinieran, sosteniendo que ella se había ido de su casa. Cuando los medios de comunicación informaron que la Policía Judicial del Estado de Chihuahua había encontrado los restos de un cuerpo en julio de 2003, las familias de jóvenes extraviadas, incluida la de Minerva, reclamaron que se realizaran pruebas de ADN o que se llevaran a cabo otros esfuerzos para identificar este y otros cuerpos que habían sido hallados. No obstante, las autoridades no realizaron ninguna prueba de ADN a los restos y no informaron a las familias de ningún otro esfuerzo que estuvieran haciendo para identificar el cuerpo, por el contrario, almacenaron los restos en la Dirección de Servicios Periciales de la Procuraduría General de Justicia del Estado. Al mismo tiempo, insistieron a los padres de Minerva que su hija estaba viva, e incluso dijeron que la habían localizado. La policía llevó a la madre de Minerva y a las madres de otras chicas desaparecidas a burdeles de zonas en las que supuestamente se había localizado a las jóvenes, haciéndoles esperar en vano, mientras según se informa, los policías se sentaban a tomar algo. Los oficiales asignados al caso fueron relevados continuamente y las pistas no se siguieron de manera oportuna. Finalmente, en abril de 2005, cuatro años después de que los padres de Minerva habían informado de su desaparición, la Procuraduría General de Justicia les pidió muestras de ADN. El 28 de junio de 2005 se les informó de que los restos descubiertos el 16 de julio de 2003 y confinados en la Dirección de Servicios Periciales durante dos años, pertenecían a su hija. Fue en ese momento cuando la familia de Minerva identificó la ropa que cubría los restos, la cual coincidía con los datos que ya había aportado a la policía cuando la joven desapareció. Jesús José Solís Silva fungía como Procurador General de Justicia del Estado de Chihuahua cuando Minerva fue reportada desaparecida. Este renunció al cargo en 2004, cuando 17 oficiales de la policía estatal fueron implicados en los homicidios de 12 personas, asesinatos ligados al tráfico de drogas.

Durante la última década, cientos de mujeres han sido asesinadas en o cerca de Ciudad Juárez, ciudad perteneciente al Estado de Chihuahua en la frontera con Estados Unidos. Homicidios de un patrón semejante también se han producido en la ciudad de Chihuahua. El caso de Minerva refleja el constante fracaso repetido por las autoridades mexicanas al investigar estos crímenes de forma inadecuada. El gobierno federal registra oficialmente a 379 mujeres asesinadas de 1993 hasta finales de 2005, sin embargo esta cifra no incluye los homicidios de la ciudad de Chihuahua. Asimismo, las autoridades federales registran 34 mujeres de Ciudad Juárez como desaparecidas.

Organismos internacionales, comisiones estatales y nacionales de derechos humanos, asociaciones de familias y organizaciones no gubernamentales internacionales, nacionales y locales, han emprendido investigaciones independientes sobre los asesinatos de mujeres en Ciudad Juárez. Todas estas han criticado las investigaciones ineficientes e incompetentes dirigidas por las autoridades mexicanas sobre los asesinatos de mujeres. Ya en 1998 la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en México pidió que se investigara al Procurador General de Justicia del Estado de Chihuahua por su papel en la negación a investigar las violaciones de los derechos humanos que se estaban produciendo contra las mujeres en Ciudad Juárez. La Relatora Especial de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos informó tras su visita a México en febrero de 2002, que la impunidad que existía desde 1993 con respecto a las graves violaciones de los derechos de la mujer en Ciudad Juárez, contribuía notablemente a la perpetuación de la violencia contra las mujeres. El informe de 2005 publicado por el Comité de las Naciones Unidas para la Eliminación de Discriminación contra la Mujer (el Comité de la CEDAW), tras su visita en 2003 y la correspondiente investigación de los asesinatos en Ciudad Juárez, señaló que “[l]a violencia contra las mujeres… se enraizó [en Ciudad Juárez] y desarrolló con aspectos específicos caracterizados por el odio y la misoginia”. El Comité de la CEDAW observó que se trataba de crímenes por razón de género y sugirió que éste era el motivo por el que las autoridades los han tolerado durante años con total indiferencia. Además, existe evidencia del uso de tortura en un caso en particular, así como alegatos del uso de tortura en otros para arrancar confesiones autoinculpatorias en el Estado de Chihuahua, lo cual ha aumentado la opinión de que algunos de los acusados han sido injustamente incriminados. Esto no ha hecho más que alimentar las dudas sobre el compromiso del gobierno por garantizar la justicia en estos casos.

El gobierno federal siempre ha expresado que no tiene las facultades necesarias para investigar los casos del Estado de Chihuahua, salvo que existan sospechas de delincuencia organizada. Sin embargo, ante la constante incapacidad de las autoridades del Estado de Chihuahua para responder con eficacia a los asesinatos e identificar y llevar a los autores ante la justicia, las autoridades federales crearon hasta 2004 una Fiscalía Especial, encomendándole la colaboración con y apoyo a las autoridades del Estado de Chihuahua para esclarecer los homicidios de mujeres en Ciudad Juárez. La primera Fiscal Especial, María López Urbina, publicó tres informes en los que identificó a 131 funcionarios estatales que presuntamente tenían alguna responsabilidad penal y/o administrativa en el mal manejo de las investigaciones. Las autoridades federales destituyeron a María López Urbina de su cargo en mayo de 2005 sin dar ninguna explicación al respecto, y la Fiscalía Especial fue suprimida en febrero de 2006 con la publicación de un informe final. En este informe se implicó a 177 funcionarios públicos, incluidos agentes de la policía judicial y ministerios públicos, involucrados en 120 casos (es decir, más del 35% de todos los funcionarios públicos implicados en casos de homicidios entre 1993 y 2005), que presuntamente han actuado con negligencia penal o administrativa en las investigaciones. La Procuraduría General de Justicia del Estado afirma que todos los funcionarios estatales identificados por la Fiscalía Especial como implicados en actos de negligencia, ya han sido destituidos de sus cargos. Sin embargo, la información de la Fiscalía Especial que documenta la presunta conducta ilícita, continúa siendo confidencial y no se tiene información de que alguno de los funcionarios mencionados haya sido procesado, aún en los casos de presunta responsabilidad penal.

El informe final de la Fiscalía Especial señala que algunos de los crímenes de Ciudad Juárez pueden quedar impunes, debido a las graves deficiencias y omisiones que han caracterizado su investigación y el tiempo que ha pasado desde que se produjeron. El regreso en junio de 2006 de 14 expedientes sobre casos de violación y asesinato en Ciudad Juárez de parte de la Fiscalía Federal a la Estatal, demuestra este continuo fallo en la aplicación de la justicia. Los casos quedan sin resolverse a pesar de una investigación de tres años a nivel federal. Las autoridades federales habían sustituido a las autoridades del Estado de Chihuahua por la posible implicación de la delincuencia organizada, pero en 2003 cuando empezó su investigación muchos de los casos ya llevaban dos años sin resolverse. Mientras tanto, en un continuo clima de impunidad, continúan los asesinatos de mujeres en Ciudad Juárez y la ciudad de Chihuahua. Recientemente en Ciudad Juárez, en julio de 2006, un desconocido roció con gasolina a Elsa Anglae Jurado Torres, de 23 años, y le prendió fuego. La joven murió cinco días más tarde.

México ratificó la CEDAW en 1981. Esta Convención dispone en su Artículo 2 (c) que los Estados Partes deben “establecer la protección jurídica de los derechos de la mujer sobre una base de igualdad con los del hombre y garantizar… la protección efectiva de la mujer contra todo acto de discriminación”. Aunque el gobierno federal alega no tener las facultades necesarias para investigar los delitos cometidos dentro de un estado de la República mexicana, tiene la obligación, en virtud de la CEDAW, de garantizar la protección de las mujeres ante la ley en igualdad de condiciones. La Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convención de Belém do Pará), ratificada por México en 1998, impone una obligación parecida. Además, el Artículo 133 de la Constitución mexicana establece que los tratados internacionales ratificados por México (incluida la CEDAW) prevalecerán si se ajustan a las leyes y a la Constitución de México; asimismo, el Tribunal Supremo de México, al interpretar esta disposición, sentenció que las convenciones internacionales de las que es parte México son de rango superior a las leyes federales y que pueden aplicarse directamente. Además, la propia Constitución de México garantiza la igualdad de hombres y mujeres ante la ley.
 

Qué puede hacer: 

Por favor, escriba a las siguientes autoridades. Recuérdeles la obligación del gobierno, en virtud de la CEDAW, de garantizar la protección de las mujeres ante la ley en igualdad de condiciones. Ínsteles a encontrar las maneras de garantizar que todos los casos de asesinatos de mujeres en el Estado de Chihuahua sean investigados y sancionados de un modo apropiado, en particular procesando a todos los funcionarios considerados por la Fiscal Especial como culpables de la negligencia penal en las investigaciones. Mencione el caso de Minerva Torres como un claro ejemplo de conducta ilícita en la investigación, y pregunte qué se está haciendo para llevar ante la justicia a las personas responsables por la demora o la obstrucción a la justicia en su caso, incluido el Procurador General del Estado Jesús José Solís Silva, quien fue responsable de su supervisión en ese momento. Exija a las autoridades que procesen a los funcionarios gubernamentales culpables, haciendo patente que no se tolerará la obstrucción a la justicia. Por favor, dirija sus cartas a:

MDP Patricia González Rodríguez
Procuradora General del Estado de Chihuahua
C. Vicente Guerrero #616
Col. Centro C.P. 31000
Chihuahua, MEXICO
Fax: +52 614 415 03 14

Presidente Felipe de Jesús Calderón Hinojosa
Residencia Oficial de "Los Pinos"
Col. San Miguel Chapultepec
C.P. 11850, México, D.F., MEXICO
Fax: +52 55 52 77 23 76
Para enviar un correo electrónico, ir a: http://contacto.presidencia.gob.mx/

Envíe copias de sus cartas a la recientemente nombrada Fiscal Especial para la Atención de Delitos Relacionados con Actos de Violencia contra de las Mujeres en México, Dra. Alicia Elena Pérez Duarte, en Río Amazonas No. 43 Piso 9, Col. Cuauhtémoc, Delg. Cuauhtémoc, C.P. 06500 México, D.F., MEXICO, Fax: +52 55 53 46 09 90, Correo electrónico: atencionmujeres@pgr.gob.mx