Estados Unidos: Debe detenerse la agresión sexual a mujeres en el ejército

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Número de acción: 
44.1
Fecha: 
2 Oct 2012
Fecha de actualización: 
13 Feb 2013
ACTUALIZACIÓN: 

ACTUALIZACIÓN 20 DE AGOSTO DE 2013: Los últimos avances en el proceso apuntan a un impulso por parte del Congreso y del Ejército para abordar las agresiones sexuales en las Fuerzas Armadas.

El 15 de agosto, el Departamento de Defensa de Estados Unidos (DOD, por sus siglas en inglés) anunciaba nuevas medidas de prevención contra las agresiones sexuales. Entre otras, se explicaron las siete iniciativas nuevas del Secretario de Defensa, Chuck Hagel, para fortalecer y normalizar la labor del departamento con respecto a la prevención y actuación en materia de agresiones sexuales. A pesar de que Igualdad Ya se congratula de que el DOD estadounidense reconozca la gravedad del asunto, las iniciativas no suponen el cambio estructural necesario para prevenir la violencia y para que las víctimas accedan a la justicia. Como declararon nuestros asociados de SWAN, “las soluciones militares pequeñas contra las agresiones sexuales en el Ejército no van a acabar con la corriente cultural generada por todos los años de represalias y culpabilidades de las víctimas”. Por ese motivo, continuaremos apoyando la Ley de mejora de justicia militar (MJIA, por sus siglas en inglés) de la senadora Kirsten Gillibrand, que profesionalizaría el sistema de justicia militar y proporcionaría una justicia realmente necesaria a las víctimas de agresiones sexuales. La Senadora Gillibrand pedirá el voto de los senadores al proyecto de ley MJIA tras el descanso vacacional del Congreso. Si está usted en Estados Unidos, pida a su senador que vote a favor de la aprobación del proyecto.

Asimismo, hemos acogido con satisfacción la aprobación en julio, por parte de la Cámara de los Representantes, de dos enmiendas al Proyecto de Ley de Presupuestos (HR 2397), presentadas por la congresista Jackie Speier (D-CA) y relativas a la forma de abordar los casos de agresión sexual. Esto tiene que ver con un informe reciente del Inspector General del Departamento de Defensa, que halló errores graves en el proceso de investigación de las agresiones sexuales dentro del Ejército. De 501 investigaciones, 418 tenían deficiencias que dificultaban la oportunidad de la víctima de lograr justicia. En general, 399 de estos casos presentaban deficiencias relacionadas con los interrogatorios o con fases posteriores al interrogatorio. Se detectaron asimismo deficiencias en el proceso de interrogación, recogida de pruebas, seguimiento de pistas y fotografía de la escena del delito. Las enmiendas abordan el uso indebido y generalizado del “trastorno de personalidad” como diagnóstico en las víctimas de las agresiones sexuales y establecen fondos adicionales para formar a los investigadores de este tipo de delitos. Confiamos en que el Senado muestre además, mediante la aprobación de este proyecto de ley, un apoyo bipartidario a todas aquellas personas que han sufrido agresiones sexuales en el Ejército estadounidense.


ACTUALIZACIÓN DEL 24 DE MAYO DE 2013: El 7 de mayo el Departamento de Defensa estadounidense publicó su Informe anual sobre agresiones sexuales en el ejército de 2012. El informe mostraba claramente que los esfuerzos dirigidos a combatir las agresiones sexuales en el ejército no están teniendo el efecto deseado y que, de hecho, están empeorando la violencia sexual y la cultura de impunidad. De una forma escandalosa, el número de agresiones sexuales denunciadas ha aumentado en todas las secciones del ejército en un 35% en total desde 2010, pasando de 19.300 miembros de las Fuerzas Armadas en 2010 a 26.000 en 2012. Tras la detención por agresión sexual del teniente coronel Jeffrey Krusinski, el oficial a cargo de la Oficina de Respuesta y Prevención de Agresiones Sexuales de las Fuerzas Aéreas de EE. UU., y la revelación de que otros dos oficiales encargados de la prevención de estos delitos en el ejército estadounidense han sido acusados de delitos sexuales, entre los que se encuentra una alegación vinculada a una red de prostitución, está perfectamente claro que no se están tomando en serio los esfuerzos por abordar las agresiones sexuales en el ejército de EE. UU.

Por tanto, Igualdad Ya acoge con agrado la introducción el 16 de mayo de la Ley de mejora de la justicia militar de 2013 por parte de la senadora Kirsten Gillibrand (partido demócrata, estado de Nueva York), un proyecto de ley de los dos partidos que eliminaría la facultad de los mandos militares para procesar las agresiones sexuales y la traspasaría a fiscales profesionales. Igualdad Ya y su socio SWAN (Service Women’s Action Network) han apoyado de forma constante esta reforma y realizarán un estrecho seguimiento del proyecto de ley en su paso por el proceso legislativo a fin de asegurar que las víctimas de agresiones sexuales tengan acceso a la justicia en el ejército.


ACTUALIZACION DEL 13 de FEBRERO de 2013: El senador Jon Tester y la congresista Chellie Pingree presentaron la “Ley Ruth Moore de 2013”. La ley, designada así en honor a Ruth Moore, veterana de la Marina, superviviente de una agresión sexual en el ejército y activista (objeto de nuestra Acción), reducirá la carga de la prueba necesaria para demostrar un trastorno por estrés postraumático (TEPT) relacionado con el servicio para los supervivientes de modo que puedan recibir las prestaciones y servicios necesarios del Departamento de Asuntos de Veteranos. Con la aprobación de esta ley se cumpliría uno de los tres objetivos de la campaña de Igualdad Ya y vamos a realizar un estrecho seguimiento de los avances de este proceso.


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Ruth MooreCada año se producen aproximadamente 19.000 agresiones sexuales en el ejército de EE. UU.; Ruth Moore, a la edad de 18 años, sobrevivió a dos. Ruth se enroló en la Marina estadounidense durante el último curso de instituto para buscar una vida mejor. Su familia no podía costearle la universidad y el ejército era su mejor oportunidad de conseguir un título universitario. En 1987, tras el campamento de entrenamiento y la formación militar, Ruth fue destinada a las Azores. Cuando no habían transcurrido ni tres meses de su llegada, su supervisor directo la violó y le transmitió una enfermedad venérea. Ruth denunció esta violación al capellán, cuya función es proporcionar asesoramiento y asistencia. Que ella sepa, su violador nunca ha sido investigado. La única respuesta a su protesta fue la represalia: Ruth fue violada por segunda vez por su supervisor.

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Sin posibilidad de obtener ayuda, Ruth cayó en la depresión e intentó suicidarse. Tras sobrevivir a este intento de suicidio, volvió a acudir al capellán en busca de ayuda. Fue enviada de vuelta a EE. UU. a una unidad psiquiátrica, donde erróneamente le diagnosticaron trastorno límite de la personalidad, que era un diagnóstico muy común de las víctimas de agresión sexual en el ejército en aquella época. Fue dada de baja de la Marina. Para el ejército era más fácil librarse de ella que admitir que había sido violada. El violador de Ruth nunca ha sido acusado ni castigado. Como consecuencia de sus agresiones sexuales, Ruth sufrió trastorno por estrés postraumático, como ataques de pánico, migrañas e insomnio. Solicitó en múltiples ocasiones una prestación por enfermedad al Departamento de Asuntos de Veteranos, pero le fue denegada. Le comunicaron que no podía obtener ninguna prestación porque no presentó pruebas suficientes para demostrar que había sido violada, pero continuó cuestionando esta afirmación y luchó por sus derechos. Finalmente, en 2010, más de 20 años después de su agresión, el Departamento de Asuntos de Veteranos reconoció que había sido violada y pudo acceder a una prestación por enfermedad. Ruth es actualmente una activa defensora de los derechos de muchas víctimas de agresiones sexuales en el ejército.

Las mujeres constituyen una parte integrante y dinámica del ejército de EE. UU. y han servido a su país desde la Guerra de Independencia. Las mujeres representan más del 14% de las Fuerzas Armadas de EE. UU. y más de 280.000 mujeres estadounidenses han servido en Irak y Afganistán. A pesar de su contribución y sacrificios, el ejército estadounidense continúa representando un entorno hostil para las mujeres. Las agresiones sexuales y el acoso sexual en el ejército se ven espoleados por la amplia discriminación sexual que existe en el ejército de EE. UU. y exacerbados por políticas y prácticas que culpan a las víctimas, no les permiten acceder a recursos civiles a disposición de civiles estadounidenses y no responsabilizan a los autores de los delitos. Por ejemplo, los estudios muestran que los hombres militares son más propensos a tener actitudes basadas en estereotipos sexuales tradicionales y creer en mitos sobre la violación, como que las mujeres “se lo buscan”, que un grupo equiparable de hombres civiles. En las unidades militares donde el acoso sexual se tolera o se inicia por parte de oficiales superiores, los incidentes de violación se triplican o cuadriplican.

Las mujeres militares violadas por sus compañeros rara vez obtienen justicia o los servicios que necesitan para su recuperación. Aproximadamente 1 de cada 100 agresiones sexuales producidas en el ejército acaban con una condena para el autor del delito. Ello se debe a la multitud de obstáculos a los que se enfrentan las víctimas de violación en su búsqueda de justicia: denuncia del delito, sometimiento a una minuciosa investigación imparcial y la correspondiente acusación y castigo de su asaltante.

En vez de a una parte independiente, la investigación de las denuncias por agresión sexual se encarga a un oficial dentro de la cadena de mando de los autores de la misma y, además, se lleva a cabo con gran opacidad. Esta opacidad provoca la aparición de conflictos de intereses y abuso de poder, especialmente debido a que la víctima y el autor pueden estar bajo las órdenes del mismo oficial. Los comandantes tienen incentivos para quitar importancia o encubrir las agresiones que se producen dentro de su cadena de mando, ya que estos delitos dan una mala imagen de la unidad. Las víctimas deben obtener justicia mediante el sistema judicial militar. A diferencia de las víctimas civiles, no pueden demandar a su empleador, el ejército de EE. UU., mediante un procedimiento civil por no protegerlas de agresión o acoso sexual.


REFERENCIA: Hoja informativa: Agresión sexual en el ejército de EE. UU. (pdf)


La agresión y el acoso sexual causan las mismas tasas de trastornos por estrés postraumático en mujeres veteranas que el combate lo hace en los hombres. Sin embargo, las víctimas de agresión sexual se enfrentan a dificultades especiales para acceder a las prestaciones por enfermedad del Departamento de Asuntos de Veteranos, ya que su personal a menudo no cree los relatos de las agresiones que dan las víctimas, incluso aunque estén respaldados por informes médicos, y exigen la presentación de pruebas procedentes de otras fuentes que corroboren la denuncia. Es revelador el hecho de que solo se apruebe el 32% de las demandas de trastorno por estrés postraumático relacionado con agresiones sexuales en el Departamento de Asuntos de Veteranos, frente al 54% general aprobado para todas las demandas en este tipo. Este Departamento debe reducir la carga probatoria necesaria para demostrar el trastorno por estrés postraumático relacionado con el ejército y aceptar únicamente el testimonio de la víctima como prueba de que se ha producido una agresión sexual.

La falta de protección a las mujeres militares frente a agresiones sexuales durante su estancia en el ejército y la negación de justicia y servicios infringen las obligaciones jurídicas internacionales de Estados Unidos en virtud del Pacto internacional relativo a los derechos civiles y políticos, que exige a los Estados proteger los derechos humanos fundamentales que suelen violarse en estos casos, tales como la igual protección de la ley, el derecho a no sufrir discriminación (incluida la violencia de género) y el derecho a disponer de un recurso efectivo. En su informe de junio de 2011 la Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre violencia contra las mujeres destacó “los frecuentes incidentes de violación, agresión sexual y acoso sexual” en el ejército de EE. UU. e hizo un llamamiento a Estados Unidos para que “garantice la implementación efectiva de una política de no tolerancia respecto a la violación... en el ejército [y] se asegure de realizar una investigación adecuada de todas las alegaciones por parte de una autoridad independiente”.

Service Women’s Action Network (SWAN) lucha activamente contra la impunidad de las agresiones sexuales en el ejército y trabaja para abordar las necesidades de las víctimas como Ruth, para que otras personas no tengan que esperar más de 20 años para obtener la ayuda que necesitan. En vista de que años de vistas ante el Congreso, grupos de trabajo e informes no han logrado un cambio discernible, es obvio que deben adoptarse acciones más enérgicas para prevenir mejor las agresiones sexuales y permitir que las víctimas accedan a la justicia y a los servicios necesarios.

Qué puede hacer: 

>> ¡TOME MEDIDAS!

Únase a Igualdad Ya y a nuestro socio SWAN en el llamamiento a:

El Secretario de Defensa y los Presidentes de la Comisión de Servicios Armados del Senado y la Cámara de Representantes para que:
  • Reformen el sistema judicial militar para que sean fiscales militares profesionales, y no superiores en la escala de mando del autor, los que se encarguen de investigar e iniciar los procedimientos judiciales en casos de agresión sexual. Diversos países, entre los que se encuentran el Reino Unido y Canadá, han reformado recientemente sus sistemas judiciales militares de manera que los comandantes no ejerzan una influencia indebida (y sin control) sobre los casos de agresión sexual.

 Las cartas deben ir dirigidas a:

The Hon. Chuck Hagel
Secretario de Defensa
Oficina del Secretario de Defensa
1400 Defense Pentagon
Washington, DC 20301
Tel: +1(703) 571-3343
Fax: +1(703) 571-8951
Email: chuck.hagel@osd.mil

Congresista Buck McKeon
Presidente de la Comisión de Servicios Armados de la Cámara de Representantes
Cámara de Representantes de EE. UU.
2184 Rayburn HOB
Washington, DC 20515
Tel: +1(202) 225-1956
Fax: +1(202) 226-0683
Facebook: www.facebook.com/BuckMcKeon
Twitter: @BuckMcKeon

Senador Carl Levin
Presidente de la Comisión de Servicios Armados del Senado
Senado de EE. UU.
Washington, DC 20510
Tel: +1(202) 224-6221
Fax: +1(202) 224-1388
Facebook: www.facebook.com/carllevin
Twitter: @SenCarlLevin

El Secretario de Defensa y los Presidentes de la Comisión de Servicios Armados del Senado y la Cámara de Representantes y House & Senate Judiciary Committee Chairs para que:

  • Permitan a las víctimas de agresiones sexuales en el ejército acceder a recursos civiles para que, al igual que las víctimas civiles, puedan demandar a su empleador, el ejército estadounidense, por agresión y acoso sexual.

 Las cartas deben ir dirigidas a:

The Honorable Chuck Hagel, Congressman Buck McKeon, Senator Carl Levin (contacts listed above)

Senator Patrick Leahy
Senate Judiciary Committee Chair
U.S. Senate
437 Russell Senate Bldg
United States Senate
Washington, DC 20510
Tel: (202) 224-4242
Fax: 202-224-3479
Facebook: www.facebook.com/SenatorPatrickLeahy
Twitter: @SenatorLeahy

Congressman Lamar Smith
House Judiciary Committee Chair
U.S. House of Representatives
2409 Rayburn House Office Building
Washington, DC 20515
Tel: 202-225-4236
Fax: 202-225-8628
Facebook: www.facebook.com/LamarSmithTX21
Twitter: @LamarSmithTX21

El Secretario de Asuntos de Veteranos y los Presidentes de la Comisión de Servicios Armados del Senado y la Cámara de Representantes para que:

  • Proporcionen a las víctimas que sufren trastorno por estrés postraumático relacionado con agresiones sexuales los servicios que necesitan para recuperarse del trauma reduciendo la carga probatoria innecesariamente alta a la que se enfrentan para demostrar su agresión y poder acceder a prestaciones por enfermedad.

Las cartas deben ir dirigidas a:

The Hon. Eric Shinseki
Secretario de Asuntos de Veteranos
Departamento de Asuntos de Veteranos
810 Vermont Ave, NW
Washington, DC 20420
Tel: +1(800) 827-1000
Email: Eric.Shinseki@va.gov

The Honorable Allison Hickey
Under Secretary for Benefits, Department of Veterans Affairs
810 Vermont Avenue, NW
Washington, DC 20420
Tel: 1.800.827.1000
Email: Allison.hickey@va.gov

Congressman Jeff Miller
Comité de Asuntos de Veteranos de la Cámara de Representantes
Cámara de Representantes de EE. UU.
2416 Rayburn HOB
Washington, DC 20515
Tel: +1(202) 225-4136
Fax: +1(202) 225-3414
Facebook: www.facebook.com/RepJeffMiller

Senator Patty Murray
Comité de Asuntos de Veteranos del Senado
Senado de EE. UU.
269 Russell Office Bldg
Washington, DC 20510
Tel: +1(202) 224-2621
Fax: +1(202) 224-0238
Twitter: @PattyMurray
 

Cartas: 

Comunicado sobre la reforma del sistema judicial

Estimado Secretario de Defensa Chuck Hagel:

Me pongo en contacto con usted para manifestarle mi profunda preocupación por la tasa alarmantemente alta de agresiones sexuales producidas dentro del ejército de EE. UU. y la continua impunidad de los militares que acosan y agreden sexualmente a sus compañeras. Cada año se producen en el ejército aproximadamente 19.000 agresiones sexuales, de las que tan solo 1 de cada 100 casos acaba en condena para el autor.

Esta baja tasa de condenas se debe a la multitud de obstáculos a los que se enfrentan las víctimas de violación en su búsqueda de justicia (denuncia del delito, sometimiento a una minuciosa investigación imparcial y la correspondiente acusación y castigo de su violador o acosador). Me preocupa que, en vez de a una parte independiente, la investigación de las denuncias por agresión sexual se encargue a un oficial dentro de la cadena de mando de los autores de la agresión, así como la gran opacidad con que se lleva a cabo, lo que provoca la aparición de conflictos de intereses y abuso de poder, especialmente debido a que la víctima y el autor pueden estar bajo las órdenes del mismo oficial. Además, los comandantes tienen incentivos para quitar importancia o encubrir las agresiones que se producen dentro de su cadena de mando, ya que estos delitos dan una mala imagen de la unidad.

La falta de protección a las mujeres militares frente a agresiones sexuales durante su estancia en el ejército y la negación de justicia y servicios infringen las obligaciones jurídicas internacionales de Estados Unidos en virtud del Pacto internacional relativo a los derechos civiles y políticos, que exige a los Estados proteger los derechos humanos fundamentales que suelen violarse en estos casos, tales como la igual protección de la ley, el derecho a no sufrir discriminación (incluida la violencia de género) y el derecho a disponer de un recurso efectivo.

Le insto a reformar el sistema judicial militar para que sean fiscales militares profesionales, y no superiores en la escala de mando del autor, los que se encarguen de investigar e iniciar los procedimientos judiciales en casos de agresión sexual. Diversos países, entre los que se encuentran el Reino Unido y Canadá, han reformado recientemente sus sistemas judiciales militares de manera que los comandantes no ejerzan una influencia indebida (y sin control) sobre los casos de agresión sexual, por lo que le insto a que considere este planteamiento.

Reciba un cordial saludo,

cc:
Congresista Buck McKeon, Presidente de la Comisión de Servicios Armados de la Cámara de Representantes Senador Carl Levin, Presidente de la Comisión de Servicios Armados del Senado


Comunicado sobre recursos civiles

Estimado Secretario de Defensa Chuck Hagel:

Me pongo en contacto con usted para manifestarle mi profunda preocupación por la tasa alarmantemente alta de agresiones sexuales producidas dentro del ejército de EE. UU. y la continua impunidad de los militares que acosan y agreden sexualmente a sus compañeras. Cada año se producen en el ejército aproximadamente 19.000 agresiones sexuales, de las que tan solo 1 de cada 100 casos acaba en condena para el autor.

Esta baja tasa de condenas se debe a la multitud de obstáculos a los que se enfrentan las víctimas de violación en su búsqueda de justicia (denuncia del delito, sometimiento a una minuciosa investigación imparcial y la correspondiente acusación y castigo de su violador o acosador). Le transmito mi preocupación por el hecho de que, a diferencia de las víctimas civiles, las víctimas militares de violación no tienen manera alguna de demandar a su empleador, el ejército de EE. UU., mediante un procedimiento civil por no protegerlas de agresión o acoso sexual.

La falta de protección a las mujeres militares frente a agresiones sexuales durante su estancia en el ejército y la negación de justicia y servicios infringen las obligaciones jurídicas internacionales de Estados Unidos en virtud del Pacto internacional relativo a los derechos civiles y políticos, que exige a los Estados proteger los derechos humanos fundamentales que suelen violarse en estos casos, tales como la igual protección de la ley, el derecho a no sufrir discriminación (incluida la violencia de género) y el derecho a disponer de un recurso efectivo.

Por tanto, le insto a garantizar que las mujeres militares puedan solicitar y obtener justicia por el acoso y la violencia sexual que soportan.  Hago un llamamiento para que permita a todas las víctimas de agresiones sexuales producidas en el ejército acceder a recursos civiles para que, al igual que las víctimas civiles, puedan demandar a su empleador en un procedimiento civil por acoso y agresión sexual y así puedan obtener la justicia que merecen.

Reciba un cordial saludo.

cc:
Congresista Buck McKeon, Presidente de la Comisión de Servicios Armados de la Cámara de Representantes
Senador Carl Levin, Presidente de la Comisión de Servicios Armados del Senado
Senador Patrick Leahy, Presidente del Comité Judicial del Senado
Congresista Lamar Smith, Presidente del Comité Judicial de la Cámara de Representantes


Comunicación a Asuntos de Veteranos:

Eric Shinseki
Secretario del Departamento de Asuntos de Veteranos

Estimado Secretario Shinseki:

Me pongo en contacto con usted para manifestarle mi profunda preocupación por la tasa alarmantemente alta de agresiones sexuales producidas dentro del ejército de EE. UU. y los numerosos obstáculos a los que se enfrentan las víctimas de agresiones sexuales para acceder a los servicios que necesitan para su recuperación. Cada año se producen aproximadamente 19.000 agresiones sexuales en el ejército de EE. UU. La agresión y el acoso sexual causan las mismas tasas de trastornos por estrés postraumático en mujeres veteranas que el combate lo hace en los hombres.

Sin embargo, las víctimas de agresión sexual se enfrentan a dificultades especiales para acceder a las prestaciones por enfermedad del Departamento de Asuntos de Veteranos, ya que su personal a menudo no cree los relatos de las agresiones que dan las víctimas, incluso aunque estén respaldados por informes médicos, y exigen la presentación de pruebas procedentes de otras fuentes que corroboren la denuncia. Esta incredulidad y falta de prestación de los servicios necesarios hacen que se victimice a las personas que solicitan asistencia. Es revelador el hecho de que solo se apruebe el 32% de las demandas de trastorno por estrés postraumático relacionado con agresiones sexuales en el Departamento de Asuntos de Veteranos, frente al 54% general aprobado para todas las demandas en este tipo. Este Departamento debe reducir la carga probatoria necesaria para demostrar el trastorno por estrés postraumático relacionado con el ejército y aceptar únicamente el testimonio de la víctima como prueba de que se ha producido una agresión sexual.

La falta de protección a las mujeres militares frente a agresiones sexuales durante su estancia en el ejército y la negación de justicia y servicios infringen las obligaciones jurídicas internacionales de Estados Unidos en virtud del Pacto internacional relativo a los derechos civiles y políticos, que exige a los Estados proteger los derechos humanos fundamentales que suelen violarse en estos casos, tales como la igual protección de la ley, el derecho a no sufrir discriminación (incluida la violencia de género) y el derecho a disponer de un recurso efectivo.

Por ello, quisiera instale a revisar su política para garantizar que se proporcionen los servicios necesarios, sin demoras injustificadas, a las víctimas que sufren trastornos por estrés postraumático debido a una agresión sexual. Además, le insto a que reduzca la carga probatoria innecesariamente alta a la que se enfrentan para probar su agresión y poder acceder a prestaciones por enfermedad.

Reciba un cordial saludo,

cc:
Honorable Allison Hickey, Subsecretaria de Prestaciones, Departamento de Asuntos de Veteranos
Senador Patty Murray, Presidente del Comité de Asuntos de Veteranos en el Senado
Congresista Jeff Miller,  Presidente del Comité de Asuntos de Veteranos en la Cámara de Representantes