Foto ONU/Albert González Farran

Sudán: Cambiar la ley para que las víctimas de violencia sexual puedan acceder a la justicia

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Fecha: 
13 Mar 2014

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En agosto de 2013, mientras buscaba casa en Omdurman, Sudán, una joven etíope de 19 años, divorciada y embarazada, fue llevada con engaños a un inmueble vacío y brutalmente violada por siete hombres, de entre 19 y 22 años. Inmediatamente después de la agresión, un policía encontró a la víctima, en evidente estado de alteración, pero no presentó una demanda de violación porque era festivo y la comisaría estaba cerrada. Lo más inquietante es que los agresores filmaron la violación y la subieron a las redes sociales en enero de 2014. Tras tener conocimiento de esta grabación, las autoridades detuvieron a todos los implicados, incluida la víctima. El Fiscal General ha impedido que la joven denuncie los hechos, sin fundamento jurídico alguno, aduciendo que estaba siendo investigada por el delito de ofensa a la moral pública. En un momento dado incluso se enfrentó a una pena de muerte mediante lapidación por adulterio, ya que la acusación cuestionaba su estado civil antes de afirmar que ella estaba divorciada.

>> ¡TOME MEDIDAS!

Este caso pone de relieve las tremendas dificultades que tienen las mujeres en Sudán para obtener justicia cuando son víctimas de violaciones y violencia sexual. Desde su arresto, y pese a estar a punto de dar a luz, la joven ha permanecido en dependencias policiales. Hasta hace poco se le ha negado sistemáticamente el ingreso en un centro sanitario. El 20 de febrero, y tras confesar su autoría, tres de los agresores fueron condenados por adulterio, otros dos por actos obscenos y otro por distribuir material obsceno. Sus castigos han sido multas económicas y latigazos. El séptimo acusado fue puesto en libertad por no existir pruebas suficientes en su contra. La víctima, en cambio, fue declarada culpable de cometer actos obscenos en virtud del artículo 151 del Código Penal, que castiga “a quien comete, en un lugar público, un acto obsceno o se comporta de manera obscena o contraria a la moral pública o viste de manera escandalosa o inmoral y provoca malestar en el sentir público”.  Ha sido condenada a un mes de prisión y a pagar una elevada multa de 5.000 libras sudanesas (900 dólares estadounidenses). Su condena ha sido suspendida debido al estado avanzado de gestación en que se encuentra, por lo que ha sido puesta en libertad condicional por un periodo de seis meses.

Lamentablemente, los problemas de la víctima no terminan aquí. Actualmente el tribunal le amenaza con acusarle de un delito de inmigración, que conlleva una pena de dos años de prisión y la consiguiente deportación a su país. Además, la acusación ha presentado también cargos contra ella en virtud del artículo 146 por adulterio, que tipifica como delito el embarazo de las mujeres no casadas. Contra los nuevos cargos se ha presentado el recurso correspondiente en nombre de la víctima, y el tribunal competente en materia de inmigración ha aplazado la vista hasta el 2 de abril de 2014.

Es necesario reformar la ley urgentemente, especialmente el artículo 149 del Código Penal que hace referencia a la violación. De conformidad con la legislación vigente, cuando una mujer o una niña denuncia haber sido violada, ella también queda expuesta a la posibilidad de ser procesada. La víctima debe probar su inocencia demostrando que las relaciones sexuales no fueron consentidas. Si no lo hace, puede ser procesada por adulterio, un delito también conocido como zina. El castigo por este delito es de 100 latigazos si la mujer no está casada, y de muerte por lapidación en caso de estarlo. La ley está abierta a diferentes interpretaciones, por lo que los jueces actúan a su entera discreción y muchas veces la resolución no es justa para las víctimas que buscan ser indemnizadas a través de la vía penal. En este caso, a pesar de existir una grabación de la violación, la víctima fue declarada culpable de cometer actos inmorales. Todos estos factores, junto con el estigma traumático y el temor a las represalias por parte de su comunidad, suelen disuadir a las mujeres y a las niñas de denunciar delitos de violencia sexual y hacen que sea muy complicado obtener justicia aunque lo hagan.

El gobierno sudanés está obligado, en virtud de su Constitución de 2005 y de varias convenciones internacionales, a garantizar que hombres y mujeres reciban el mismo trato ante la ley y  impedir que las víctimas sean criminalizadas. Tanto la  Carta Africana de los Derechos Humanos y de los Pueblos como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (ICCPR, por sus siglas en inglés), ratificados por Sudán, recogen estos derechos.

Qué puede hacer: 

>> ¡TOME MEDIDAS!

Súmese al llamamiento de Igualdad Ya para que todas las supervivientes y víctimas de la violencia sexual en Sudán puedan obtener justicia. Actúe ahora escribiendo a las autoridades abajo indicadas para exigir que:

  • La acusación retire todos los cargos contra la joven etíope y cese todas las acciones legales para deportarla a su país.
  • Se proporcione a la joven la ayuda médica y psicológica necesaria como víctima y superviviente de la violencia sexual.
  • Se tomen medidas inmediatas para modificar el Código Penal de Sudán de 1991 y la Ley sudanesa de 1994 relativa a las pruebas legales con el fin de impedir que las víctimas de la violencia sexual sean criminalizadas y para garantizar que las mujeres y niñas violadas reciban la misma protección que los hombres ante la ley, de acuerdo con las obligaciones internacionales del gobierno.

President Omar Hassan Ahmad al-Bashir
Office of the President
People’s Palace
PO Box 281
Khartoum, Sudan

H.E. Mohammed Bushara Dousa
Minister of Justice
Ministry of Justice
Justice Towers
Gamhoria Street
PO Box 302
Khartoum, Sudan
Email: moj@moj.gov.sd

H.E. Fatih Ezzidin Ahmed Speaker of the National Assembly
The Peoples Hall Omdurman
PO Box 14416, Khartoum, Sudan
Fax: 00249 187 560 950 Emails: info@parliament.gov.sd
sudanipg@parliament.gov.sd

H.E. Mashair Aldawalab
Minster of Welfare & Social Security
Ministry of Welfare & Social Security (General Directorate for Women & Family Affairs)
PO Box: 12661
Khartoum, Sudan
Fax: 83777633
Emails: info@gdwfa.gov.sd

H.E. Ali Ahmed Karti
Minister of Foreign Affairs
Ministry of Foreign Affairs
PO Box 873
Khartoum, Sudan

Cartas: 

Estimado Presidente/Ministro/Gobernador:

Me preocupan profundamente las enormes dificultades que tienen las mujeres y las niñas cuando desean acceder a la justicia tras haber sido víctimas de una violación o de otro tipo de violencia sexual en Sudán. Especialmente me ha afectado la brutal violación que sufrió en agosto de 2013 una joven etíope de 19 años, divorciada y embarazada, por parte de siete hombres en Omdurman. Me ha parecido una atrocidad que la víctima de un acto de violencia sexual fuera víctima a su vez del sistema judicial al que ella recurrió para obtener justicia.  Lamentablemente, no es un simple parecer: la joven fue arrestada junto con los hombres que la violaron, permaneció detenida, se presentaron cargos contra ella y fue declarada culpable y condenada por cometer actos obscenos. Este caso pone de relieve las enormes dificultades que tienen las víctimas y la necesidad imperante de reformar la ley, especialmente el artículo 149 del Código Penal que hace referencia a la violación.

De conformidad con la legislación vigente, cuando una mujer o una niña denuncia haber sido violada, ella también queda expuesta a la posibilidad de ser procesada. La víctima debe probar su inocencia demostrando que las relaciones sexuales no fueron consentidas. Si no lo hace, puede ser procesada por adulterio, un delito también conocido como zina. El castigo por este delito es de 100 latigazos si la mujer no está casada, y de muerte por lapidación en caso de estarlo. La ley está abierta a diferentes interpretaciones, por lo que los jueces actúan a su entera discreción y muchas veces la resolución no es justa para las víctimas que buscan ser indemnizadas a través de la vía penal. En este caso, a pesar de existir una grabación de la violación, la víctima fue declarada culpable de cometer actos inmorales. Todos estos factores, junto con el estigma traumático y el temor a las represalias por parte de su comunidad, suelen disuadir a las mujeres y a las niñas de denunciar delitos de violencia sexual y hacen que sea muy complicado obtener justicia aunque lo hagan.

El gobierno sudanés está obligado, en virtud de su Constitución de 2005 y de varias convenciones internacionales, a garantizar que hombres y mujeres reciban el mismo trato ante la ley y  impedir que las víctimas sean criminalizadas. La Constitución Nacional Provisional de la República de Sudán recoge, en su artículo 28, que “todo ser humano tiene el derecho inherente a la vida, la dignidad y la integridad de su persona, que deberá ser protegida por la ley”. Asimismo, el artículo 31 establece que “todas las personas son iguales ante la ley y tienen derecho, sin discriminación alguna . . . ni por razones de sexo . . . a la misma protección jurídica”. Tanto la Carta Africana de los Derechos Humanos y de los Pueblos como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (ICCPR, por sus siglas en inglés) recogen estos derechos y establecen que “(1) Todas las personas son iguales ante la ley y (2) todas las personas tienen derecho a la misma protección jurídica”. La Carta Africana y el ICCPR señalan que “nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes”, pero Sudán infringe este artículo al castigar a las víctimas de violencia sexual acusándoles de adulterio.

Me uno al llamamiento de Igualdad Ya para que todas las supervivientes y víctimas de la violencia sexual en Sudán puedan obtener justicia. Me gustaría instar a las autoridades sudanesas a que actúen de inmediato conforme a sus obligaciones regionales, nacionales e internacionales para que:

  • La acusación retire todos los cargos contra la joven etíope y cese todas las acciones legales para deportarla a su país.
  • Se proporcione a la joven la ayuda médica y psicológica necesaria como víctima y superviviente de la violencia sexual.
  • Se tomen medidas inmediatas para modificar el Código Penal de Sudán de 1991 y la Ley sudanesa de 1994 relativa a las pruebas legales con el fin de impedir que las víctimas de la violencia sexual sean criminalizadas y para garantizar que las mujeres y niñas violadas reciban la misma protección que los hombres ante la ley, de acuerdo con las obligaciones internacionales del gobierno.

Gracias por su atención.

Atentamente,