Uganda: Investigación a fondo y persecución de los casos de violencia sexual contra las mujeres discapacitadas

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Fecha: 
12 Nov 2012
Fecha de actualización: 
19 Mar 2013
ACTUALIZACIÓN: 

ACTUALIZACIÓN 19 DE MARZO DE 2013: El sospechoso restante del caso, que había huido, fue hallado muerto a principios de 2013. Sin embargo, Igualdad Ya solicita que se le hagan pruebas de ADN al cadáver sin más demora y que el gobierno corra con los gastos.


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En el 2007, Sanyu, una chica ugandesa de 13 años, ciega y sordomuda, fue violada y como consecuencia de ello se quedó embarazada; en abril de 2008 dio a luz a su hijo. Su madre contactó con las autoridades para informarles de que los únicos hombres que tenían contacto con Sanyu eran su padre y sus tres hermanos, pero a pesar de sus fundadas sospechas, la policía no le hizo caso. La policía solamente tomó la decisión de abrir una investigación después de que el caso saliera publicado en los medios de comunicación. Dado que las discapacidades de Sanyu le impidieron identificar a su violador, su madre solicitó la realización de las pruebas de ADN al padre, a los hermanos y al bebé de Sanyu para determinar la paternidad gracias a la colaboración de nuestro socio ugandés, Acción Legal para Personas Discapacitadas (ALPD, por sus siglas en inglés). Sin embargo, el Laboratorio Analítico Estatal de Wandegya, no respondió a la petición y la policía cerró el caso. El hijo de Sanyu fue adoptado por una familia y Sanyu vive ahora en un centro para discapacitados.

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Tras conocer el caso, Igualdad Ya recaudó en el 2011 fondos para la realización de las pruebas de ADN, y gracias a la constante presión ejercida por LAPD ante las autoridades ugandesas, consiguió reabrir el caso. El 24 de agosto de 2011 (cuatro años después de la violación) se tomaron muestras de ADN a tres de los cuatro sospechosos y fueron enviadas al Laboratorio Estatal, tal como se exige para la admisión del juicio. Al otro sospechoso que quedaba, uno de los hermanos de Sanyu, no se le pudieran hacer las pruebas ya que había huido. Los resultados de las pruebas de AND tardaron más de un año en recibirse; y cuando finalmente se recibieron demostraron que el padre del bebé era genéticamente de la misma línea paterna, aunque ninguno de los tres era el padre del bebé de Sanyu. Por lo que sabemos, la policía no ha hecho nada por detener y realizar las pruebas al sospechoso huido. Igualdad Ya y LAPD están seriamente preocupados por la falta de una investigación a fondo y por el retraso de cinco años en la aplicación de justicia para Sanyu, que ahora tiene 18 años. Exigimos la mejora de los procedimientos legales en los casos de violencia sexual así como la adopción de otras medidas necesarias para poder ayudar a las víctimas discapacitadas.

La violencia sexual está muy extendida en Uganda y las mujeres y chicas discapacitadas son especialmente vulnerables. Según la Encuesta Demográfica y Sanitaria Ugandesa (2006), la primera relación sexual de prácticamente una de cada cuatro mujeres de entre 15-49 años de edad ha sido fruto de una violación y el 39% de las mujeres de este mismo intervalo de edad ha sufrido violencia sexual. Según esta misma encuesta, el 20% de la población ugandesa padece algún tipo de discapacidad. Sin embargo, el gobierno no adopta las medidas necesarias para garantizar la aplicación de la justicia en las víctimas discapacitadas de violencia sexual mediante la implantación de técnicas de investigación que facilitarían el proceso.
 
La Constitución de Uganda defiende los derechos de las personas con discapacidades y estipula "el Estado acometerá todas las acciones necesarias a favor de los grupos marginados sobre la base del género, la edad, la discapacidad o cualquier otro motivo aceptado por razones históricas, tradicionales o de uso y costumbre, con el objeto de subsanar los desequilibrios existentes en su contra”. Asimismo, la Ley para Personas con Discapacidad de 2006 estipula la eliminación de todas las formas de discriminación contra las personas discapacitadas y favorece la igualdad de oportunidades para ellas. En virtud del Código Penal ugandés, las prácticas sexuales con chicas menores de 18 años (la llamada "deshonra") están tipificadas como delito. El incumplimiento por parte del gobierno de proteger a las víctimas discapacitadas, una población especialmente marginada, y de investigar a fondo los delitos de violencia sexual así como de garantizar el rápido acceso a la justicia comporta una mayor victimización.

El gobierno de Uganda ha ratificado diversos instrumentos regionales e internacionales en pro de los derechos humanos que defienden los derechos de las personas con discapacidades tales como la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CRPD, por sus siglas en inglés), el Protocolo sobre los Derechos de las Mujeres en África (el Protocolo) y la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño (CRC, por sus siglas en inglés). Además, Uganda ha ratificado la Convención de Naciones Unidas sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés) que, en su Recomendación General nº 18 insta a los Estados a informar sobre las medidas especiales adoptadas para tratar la especial situación de las mujeres con discapacidades. La CRPD insta a los Estados a "aplicar una legislación y unas políticas eficaces, entre otras unas políticas y una legislación orientadas a las mujeres y los niños, para garantizar la identificación, la investigación, y si procede, la persecución de los casos de explotación, violencia y abuso contra personas con discapacidades". De igual modo, insta a la adopción de unas medidas y unos procedimientos especiales para garantizar el acceso efectivo a la justicia de las personas con discapacidades e igualitario con las demás personas así como para ejercer su capacidad legal. El Protocolo estipula que los Estados "deberán garantizar el derecho de las mujeres con discapacidades a vivir en libertad sin violencia, incluido el abuso sexual, a no ser discriminadas por su discapacidad y el derecho a ser tratadas con dignidad".

En su Comentario General nº 9, el Comité de la CRC establece que los menores con discapacidades tienen cinco veces más de posibilidades de ser sometidos a abusos y que las niñas con discapacidades son todavía más vulnerables a la discriminación debido a la discriminación por género”. El Comité insta a los Estados a "prestar especial atención a las niñas con discapacidades mediante la adopción de las medidas necesarias y cuando se precise un mayor número de medidas para garantizar su correcta protección, facilitarles el acceso a todos los servicios y velar por su completa integración en la sociedad.” El Comité de la CEDAW, en su examen del informe del Estado de Uganda de octubre del 2010 instó a Uganda a "prevenir, investigar y perseguir la violencia basada en el género que se cometa contra todas las mujeres, incluidas las mujeres con discapacidades”.

Si no hubiera sido por la intervención de Igualdad Ya y de LAPD, el caso de Sanyu hubiera quedado cerrado ya que sus discapacidades le impedían acceder a la justicia. No obstante, incluso con la intervención de grupos ugandeses e internacionales, el gobierno ugandés ha tardado en actuar lo que ha permitido la impunidad del violador de Sanyu. Para garantizar que se haga justicia con Sanyu y otras chicas en situaciones similares, el gobierno de Uganda debe estar a la altura de sus obligaciones nacionales e internacionales y acometer otras medidas necesarias para la mejora del proceso de investigación y el aumento de las detenciones en los casos de violencia sexual en los que las víctimas sean mujeres discapacitadas.

Qué puede hacer: 

Contacte con el gobierno ugandés e ínstele a:

  1. Hagan la prueba de ADN al cadáver del sospechoso restante sin más demora y a cargo del gobierno..
  2. Que garantice la inmediata aplicación de todas las pruebas de investigación pertinentes, incluidas las pruebas de ADN, en los casos de violencia sexual, especialmente en aquellos en los que las víctimas sean mujeres discapacitadas.

>> ¡TOME MEDIDAS!

Ayúdenos a difundir esta campaña compartiendo esta Acción con sus amigos.

Por favor, dirija sus cartas a:

Richard Buteera
Director of Public Prosecutions
Directorate of Public Prosecutions (DPP)
P.O. Box 1550
Kampala, Uganda
Teléfono: +256-414-332-501 - 7
Fax: +256-414-251-951

Hon. Chief Justice Benjamin Joseph Odoki,
Chief Justice of Uganda
The Judiciary Courts of Judicature
High Court Building
Box 7085
Kampala, Uganda
Teléfono: +256-414-341-116
Email: bodoki@judicature.go.ug

Lady Justice Alice E. Mpagi-Bahigeine
Deputy Chief Justice of Uganda
The Judiciary Courts of Judicature
High Court Building
Box 7085
Kampala, Uganda
Email: ampagi@judicature.go.ug

Cartas: 

Ilmo. Sr. Presidente del Tribunal Supremo / Ilma. Sra. Vicepresidenta del Tribunal Supremo:

Me preocupa enormemente la pasividad del gobierno ugandés en lo que se refiere a la protección de las víctimas discapacitadas de violencia sexual y a la inexistencia de otras medidas destinadas a la investigación de los delitos contra ellas que les garanticen un rápido acceso a la justicia. Un caso evidente es el de Sanyu, una chica ugandesa de 13 años, ciega y sordomuda, que fue violada y que como consecuencia de ello se quedó embarazada, y que fue incapaz de identificar a su violador debido a su condición. La madre de Sanyu y la organización Acción Legal para Personas con Discapacidades – Uganda (LAPD, por sus siglas en inglés) solicitaron la realización de la prueba de ADN al padre de Sanyu, a tres hermanos (los únicos hombres que tenían contacto con ella) y al bebé para determinar la paternidad, pero el Laboratorio Analítico Estatal – Wandegya, no respondió a la petición oficial y la policía cerró el caso.

Tras conocer el caso, la organización internacional de derechos humanos, Igualdad Ya, recaudó en el 2011 fondos para la realización de las pruebas de ADN, y gracias a la ayuda de LAPD, consiguió reabrir el caso. El 24 de agosto de 2011 (cuatro años después de la violación) se tomaron muestras de ADN a tres de los cuatro sospechosos (uno de los hermanos había huido) y fueron enviadas al Laboratorio Estatal, tal como se exige para la admisión del juicio. Los resultados de las pruebas de AND tardaron más de un año en recibirse, y demostraron que el padre del bebé era genéticamente de la misma línea paterna, aunque ninguno de los tres era el padre del bebé de Sanyu. Por lo que sabemos, la policía no ha hecho nada por detener y realizar las pruebas al sospechoso huido. Al igual que Igualdad Ya y LAPD, me preocupa seriamente la falta de una investigación a conciencia y el retraso de cinco años en la búsqueda de justicia para Sanyu, que ahora tiene 18 años. Apoyo el llamamiento para conseguir la mejora de los procedimientos legales en los casos de violencia sexual y para acometer otras medidas que permitan ayudar a las víctimas discapacitadas.

La violencia sexual está muy extendida en Uganda y las mujeres y chicas discapacitadas como Sanyu son especialmente vulnerables. La Constitución de Uganda y la Ley para Personas con Discapacidad de 2006 defienden los derechos de las personas con discapacidades, estipulan la eliminación de todas las formas de discriminación y favorecen la igualdad de oportunidades para ellas. No obstante, el gobierno no acomete ninguna otra medida para facilitar la justicia a las víctimas discapacitadas de violencia sexual como Sanyu mediante la utilización de técnicas de investigación que  facilitarían el proceso, lo cual supone una mayor victimización.

El gobierno de Uganda ha ratificado diversos instrumentos regionales e internacionales en pro de los derechos humanos que defienden los derechos de las personas con discapacidades tales como la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CRPD, por sus siglas en inglés), el Protocolo sobre los Derechos de las Mujeres en África (el Protocolo) y la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño (CRC, por sus siglas en inglés). Además, Uganda ha ratificado la Convención de Naciones Unidas sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés) que, en su Recomendación General nº 18 insta a los Estados a informar sobre las medidas especiales adoptadas para tratar la especial situación de las mujeres con discapacidades.

Para garantizar que se haga justicia con Sanyu y otras chicas en situaciones similares, Uganda debe estar a la altura de sus obligaciones nacionales e internacionales y acometer otras medidas necesarias para mejorar el proceso de investigación y aumentar el número de detenciones en los casos de violencia sexual en los que se vean involucradas mujeres discapacitadas. Concretamente le insto a que se realicen pruebas de ADN al cuerpo del sospechoso restante sin más demora y a cargo del gobierno. Ruego proceda a la inmediata aplicación de todas las pruebas de investigación pertinentes, incluidas las pruebas de ADN, en los casos de violencia sexual, y especialmente, en aquellos en los que estén involucradas mujeres discapacitadas.

Gracias por su atención.
Atentamente