Pakistán: Cese inmediato de los ataques a los defensores de los derechos humanos y a los trabajadores de las ONG

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Igualdad Ya y nuestros socios en Pakistán expresan su profunda preocupación por los continuos ataques y amenazas contra los activistas y los trabajadores de las ONG en Pakistán. Las mujeres, especialmente las que trabajan en el desarrollo de los derechos de las mujeres y de las adolescentes, han sido objeto de varios ataques.

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En agosto de 2012, Igualdad Ya emitió una alerta urgente en la que exigía al gobierno de Pakistán que protegiera a los defensores de los derechos humanos. Desde entonces, la situación ha empeorado:

• Enero de 2013 – varios pistoleros asesinaron a seis mujeres y a un hombre que trabajaban para una ONG dedicada a la salud, la educación y al tratamiento del agua en el distrito de  Swabi perteneciente a la provincia de Khyber-Pakhtunkhwa (KP). Según los informes de los medios de comunicación, cinco de las mujeres eran maestras, mientras que la sexta mujer y el hombre eran profesionales sanitarios.
• Enero de 2013 – varios pistoleros asesinaron a dos trabajadores de una organización de beneficencia en Charsadda dedicada a la educación y a la asistencia social. Esta misma semana, el director de una conocida ONG en KP fue víctima de la explosión de una bomba.
• Diciembre de 2012 – nueve trabajadores dedicados a la erradicación de la polio, la mayoría mujeres, fueron asesinados en una serie de ataques ocurridos en Karachi, Charsadda y Peshawar, lo que comportó que las agencias de Naciones Unidas suspendieran temporalmente sus campañas de vacunación contra la polio en todo Pakistán.
• Diciembre de 2012 – una trabajadora sueca de una ONG fue asesinada en Lahore, un trabajador británico de la Cruz Roja Musulmana fue secuestrado y decapitado en Quetta y un trabajador estadounidense de desarrollo sigue desaparecido desde que fue secuestrado en su casa de Lahore en agosto de 2011.
• Octubre de 2012 – La joven de 15 años Malala Yousafzai, una activista defensora del acceso de las niñas a la educación, fue disparada y resultó gravemente herida por pistoleros talibanes pakistaníes en el distrito de Swat de KP.  Según las ONG locales, las amenazas contra las escuelas, especialmente contra las escuelas femeninas, y las ONG son continuas, y en los últimos meses han sido bombardeadas varias escuelas públicas. Las alumnas de una escuela rebautizada con el nombre de Malala en honor a su valentía han expresado su voluntad de restablecer el nombre original por miedo a que la escuela sea atacada por militantes talibanes.

A pesar del número creciente de ataques, los gobiernos provinciales y federales no han adoptado ninguna medida para evitar o castigar estos asesinatos y ataques, aunque la seguridad está ahora supuestamente garantizada para salvaguardar la reanudación del programa de vacunación.  Las organizaciones civiles que trabajan en la provincial de KP y en la región de FATA, entre ellas la Red Civil de Pakhtunkhwa (PCSN) y las coaliciones del Consorcio Tribal de ONGs (TNC), así como la Alianza de KP y FATA para el Fin de la Violencia contra Mujeres y Adolescentes (EVAW/G), han condenado los últimos ataques y han reiterado su llamamiento para la protección de los defensores de los derechos humanos y la aplicación de la justicia para los que han sido asesinados.

Estos grupos exigen al gobierno:

• que modifique el Código Penal y la Ley de Enjuiciamiento Criminal pakistaníes y establezca como delito la intimidación, el acoso, la amenaza, el ataque o los daños a las personas por su trabajo a favor de los derechos humanos o en una ONG;
• que adopte de inmediato las medidas necesarias para acabar con la cultura de la impunidad de los crímenes contra las mujeres, entre otras:
  • la revocación o la revisión de las leyes, de las políticas y de las prácticas, tanto escritas como verbales, que niegan la igualdad y los derechos de las mujeres;
  • la entrega a la justicia de los autores de actos violentos y de discriminación contra las mujeres y de aquellos que conspiran con ellos; y
  • la adopción de las medidas legislativas, educativas y de otro tipo necesarias para abordar la cultura del silencio y de culpabilización de las víctimas que aumenta la vulnerabilidad de las mujeres ante la violencia, y desemboca en la violación de sus derechos e impide que disfruten del derecho a la igualdad.

Esto debería hacerse de conformidad con los compromisos asumidos por Pakistán en lo que respecta a las normas internacionales de los derechos humanos. Tal como expresó la Relatora Especial de Naciones Unidas, Margaret Sekaggya, en su informe de agosto del 2010, “la lucha contra la impunidad de las violaciones cometidas contra los defensores es fundamental para permitir que los defensores puedan trabajar en un entorno seguro y propicio.”