Sudán: impedir la lapidación de Intisar Sharif Abdalla

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ATENCIÓN: Esta campaña de acción archivada ha sido concluida o suspendida, y la información contenida en ella puede no estar actualizada. Véase la página Tome medidas por las campañas actualmente en curso.
Fecha: 
6 Jun 2012
Fecha de actualización: 
3 Jul 2012
ACTUALIZACIÓN: 

ACTUALIZACIÓN 3 de julio de 2012:  El 22 de junio, un tribunal de apelaciones anuló la sentencia de Intisar Sharif Abdalla y ordenó un nuevo juicio porque tenían defectos en el juicio. El 3 de julio, el tribunal desestimó los cargos porque no encontró pruebas para sustentar el juicio. Intisar ha sido liberada de prisión. Gracias por tomar medidas.

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El 13 de mayo de 2012, el Tribunal Penal de Ombada, en el estado de Jartum, condenaba a Intisar Sharif Abdalla, madre de tres niños, a morir lapidada por un delito de adulterio conforme al artículo 146 del Código Penal sudanés. Intisar, que en un principio había negado los cargos, “confesó” el adulterio después de haber sido golpeada y torturada por su hermano. Esta confesión realizada bajo coacciones fue la base de su sentencia a muerte por lapidación. Intisar no tuvo ni siquiera acceso a un letrado en su vista y tampoco contó con la asistencia de un intérprete de árabe que le tradujera el desarrollo del procedimiento, ya que ésta no es su lengua materna. La otra persona encausada junto a ella negó todos los cargos y no fue procesada.

Intisar se encuentra actualmente en la prisión de mujeres de Omdurman junto a su hijo de cuatro meses. Ha recurrido la sentencia del Tribunal Penal de Ombada.

>> ¡TOME MEDIDAS!

La pena de muerte por lapidación viola las obligaciones internacionales de Sudán derivadas de los distintos instrumentos de derechos humanos ratificados por este gobierno. Entre ellos cabe citar la Carta Africana de los Derechos Humanos y de los Pueblos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (ICCPR, por sus siglas en inglés), que prohíben expresamente todas las formas de tortura y la aplicación de un castigo cruel, inhumano y degradante. Además, la pena de muerte por el delito de adulterio no encaja en el concepto internacionalmente aceptado de “los delitos más graves” a los que debe restringirse la pena de muerte según la interpretación de la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas (actualmente el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas) y el Comité de Derechos Humanos. Igualdad Ya se opone a la pena de muerte y a la tipificación como delito de todo acto privado que se produce entre personas adultas con consentimiento.

Asimismo, parece que el juicio de Intisar no fue un juicio justo de conformidad con la legislación sudanesa e internacional. El artículo 34 (6) de la Constitución sudanesa establece que toda persona acusada de un delito grave tiene derecho a defenderse a través de un letrado o a que se le asigne uno de oficio, pero a Intisar se le denegó este derecho. Además, las confesiones obtenidas mediante coacciones no deberían ser admitidas en el Tribunal y no pueden constituir el fundamento de una sentencia de muerte. De acuerdo con la legislación internacional, la ejecución de la persona tras un juicio que no cumple las normas internacionales relativas a un procedimiento justo viola el derecho a la vida.

Qué puede hacer: 

Escriba a las autoridades sudanesas para pedirles lo siguiente:

  • la puesta en libertad inmediata e incondicional de Intisar Sharif Abdalla;
  • la declaración de una moratoria sobre la muerte por lapidación;
  • la conmutación de todas las sentencias de muerte por lapidación;
  • la prohibición legal de todo castigo cruel, inhumano y degradante, como la tortura, la flagelación y la lapidación, de conformidad con las obligaciones que para el gobierno sudanés se derivan de la Carta Africana y el ICCPR;
  • una revisión íntegra de las disposiciones de la Ley Penal de Sudán de 1991, en concreto del artículo 146, y la eliminación de todas las que discriminen a la mujer o tengan un impacto discriminatorio sobre ellas, incluidas las disposiciones relativas al adulterio y la “fornicación”, en virtud de la propia Constitución sudanesa que garantiza el derecho a la igualdad y la no discriminación por razones de sexo. 

>> ¡TOME MEDIDAS!

Envíe sus cartas a:

President Omar Hassan Ahmad al-Bashir
Office of the President
People’s Palace
PO Box 281
Khartoum, Sudan
Email: info@sudan.gov.sd

Mohammed Bushara Dousa
Minister of Justice
Ministry of Justice
Justice Towers
Gamhoria Street
PO Box 302
Khartoum, Sudan

Dr. Moaz Tango
Advisory Committee on Human Rights
Ministry of Justice
Justice Towers
Gamhoria Street
PO Box 302
Khartoum, Sudan

Jalal al-Din Mohammed Osman
Chief Justice
Ministry of Justice
Justice Towers
Gamhoria Street
P.O Box 302
Khartoum, Sudan

Cartas: 

Estimado ______:

Le escribo para expresar mi profunda preocupación por la sentencia dictada el 13 de mayo de 2012 contra Intisar Sharif Abdalla, madre de tres niños, condenada a muerte por lapidación por un delito de adulterio en virtud del artículo 146 del Código Penal sudanés.

La pena de muerte por lapidación viola las obligaciones internacionales de Sudán derivadas de la Carta Africana de los Derechos Humanos y de los Pueblos (Carta Africana) y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (ICCPR, por sus siglas en inglés), que prohíben expresamente todas las formas de tortura y la aplicación de cualquier castigo cruel, inhumano y degradante. Además, la pena de muerte por el delito de adulterio no encaja en el concepto internacionalmente aceptado de “los delitos más graves” a los que debe restringirse la pena de muerte según la interpretación de la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas (actualmente el Consejo de Derechos Humanos) y el Comité de Derechos Humanos.

Asimismo, parece que el juicio de Intisar no fue un juicio justo de conformidad con la legislación sudanesa e internacional. Resulta especialmente preocupante el hecho de que su sentencia se haya basado en una confesión realizada bajo coacciones y después de haber sido torturada por su hermano. Las confesiones obtenidas mediante tortura y coacciones no deberían ser admitidas en el Tribunal y no pueden constituir el fundamento de una sentencia de muerte. Me consta que a Intisar se le denegó el derecho de representación legal a pesar de que el artículo 34 (6) de la Constitución nacional provisional establece que toda persona acusada tendrá el derecho a defenderse en persona o a través del procurador de su elección y a que se le asigne un abogado de oficio cuando no pueda defenderse en casos de delito grave. Además, al parecer Intisar no fue capaz de entender el procedimiento que se estaba desarrollando contra ella porque se llevó a cabo en árabe, una lengua que no domina. La ejecución de la persona tras un juicio que no cumple las normas internacionales relativas a un procedimiento justo viola el derecho a la vida.

Por todo esto, le insto con todos mis respetos a poner en libertad a Intisar Sharif Abdalla, de modo inmediato e incondicional, y a declarar una moratoria sobre la muerte por lapidación, a anular todas las sentencias de muerte por lapidación y a prohibir todo castigo cruel, inhumano y degradante como la tortura, la flagelación y la lapidación, de acuerdo con las obligaciones que el gobierno sudanés como firmante de la Carta Africana y el ICCPR.

Le pido también que revise íntegramente las disposiciones de la Ley Penal de Sudán, de 1991, y sobre todo el artículo 146, para eliminar todas las que discriminen a la mujer o tengan un impacto discriminatorio sobre ellas, incluidas las disposiciones relativas al adulterio y la “fornicación”, en virtud de la Constitución sudanesa que garantiza el derecho a la igualdad y la no discriminación por razones de sexo.

Reciba un cordial saludo,