Exigimos al gobierno afgano que retire un proyecto de ley dirigido al control de los centros de acogida de mujeres

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Fecha: 
5 Feb 2011
Fecha de actualización: 
19 May 2011
ACTUALIZACIÓN: 

ACTUALIZACIÓN 19 de mayo de 2011: A raíz de las críticas generalizadas de las propuestas del gobierno para hacerse cargo de centros de acogida de mujeres, el proyecto de regulación fue debatido por las organizaciones de la sociedad civil y por el Grupo de Trabajo sobre el Examen de Derecho Penal, que consta de expertos del gobierno afgano y organizaciones internacionales y nacionales, incluidas las Naciones Unidas. El nuevo proyecto permite a los centros de acogida ser operados por el gobierno y organizaciones no gubernamentales acreditadas. También incluye disposiciones que aclaren el papel del gobierno en la regulación y la supervisión de los centros de protección, y establece un Departamento de Centros de Protección en el Ministerio de Asuntos de la Mujer y comités de coordinación en cada provincia. Este proyecto se encuentra actualmente pendiente de aprobación por el Consejo de Ministros.
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ACTUALIZACIÓN 28 febrero 2011: Mientras que el gobierno afgano había aceptado renunciar a su intención de controlar los refugios para mujeres, nuestros socios en Afganistán han informado a Igualdad Ya que los detalles no se han finalizado y un número de preguntas quedan sin respuesta. Por favor, continúe instando al gobierno afgano a retirar el proyecto de ley y inste a los principales donantes que escuchen las preocupaciones de los activistas de derechos de las mujeres en Afganistán.

Igualdad Ya quiere expresar su profunda preocupación con respecto a un proyecto de ley del gobierno afgano que propone ceder al Ministerio de Asuntos de la Mujer la gestión de los centros de acogida de mujeres, hasta ahora gestionados por diversas organizaciones de mujeres independientes. El borrador de la ley relativa a los centros de acogida propone que sea el gobierno quien controle, sin garantía alguna, la aceptación, el régimen y la salida de las mujeres que solicitan su admisión en estos centros, incluido el reconocimiento médico y forense obligatorio de las mujeres y niñas que solicitan la acogida y las engorrosas restricciones relacionadas con las mujeres que abandonan el centro.

Conociendo el tremendo historial del gobierno afgano en relación con los derechos de las mujeres, el control estatal de los centros de acogida tendría graves consecuencias para las mujeres afganas. De conformidad con el informe de 2009 elaborado por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACDH), la violencia contra las mujeres es una práctica generalizada y gran parte de esta violencia se produce en el seno familiar. Sin embargo, las autoridades locales, los sistemas judiciales formal y tradicional, la policía y las autoridades penitenciarias también son responsables de intensificar el control social de las mujeres y de aprobar esa violencia. Además, el informe conjunto de la Misión de Asistencia de las Naciones Unidas en Afganistán (UNAMA) y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACDH) señala que “las mujeres afganas han informado repetidamente de que han dejado de confiar en las autoridades encargadas del cumplimiento de la ley y en las instituciones judiciales, que consideran ineficaces, incompetentes, disfuncionales y corruptas. Parece que no sirve de nada comunicar un incidente a la policía, a la dirección nacional de seguridad (el servicio de inteligencia) o la fiscalía, porque generalmente los casos no se toman en serio, no se registran adecuadamente o simplemente no se actúa en consecuencia. En última instancia, las autoridades no quieren o no pueden ofrecer a las mujeres en situación de riesgo un medio de protección para garantizar su seguridad”. Hasta que el gobierno afgano tome las medidas pertinentes para abordar este asunto, las mujeres no podrán confiar en que los centros de acogida gestionados por el gobierno vayan a proporcionarles la seguridad y el apoyo que necesitan.

En la actualidad, los centros están gestionados por diversas ONG que trabajan por la justicia para las mujeres y que proporcionan muchos de los servicios que las mujeres acogidas en estos centros necesitan. El borrador de la ley no contiene disposiciones relativas a la prestación de esos servicios legales, sociales, médicos, psicológicos o de rehabilitación, y existe el temor de que los centros funcionen más como prisiones que como lugares donde recibir apoyo. El Ministerio de Asuntos de la Mujer defiende la gestión pública de los centros y acusa a las organizaciones de mujeres de corrupción. Sin embargo, los defensores de los derechos humanos creen que detrás de la maniobra del gobierno se esconde su empeño por apaciguar a las fuerzas conservadoras del país, que desean mantener el control sobre las mujeres. En unas declaraciones a la prensa efectuadas el 17 de febrero en Kabul, la responsable del área de la mujer en la Comisión Independiente de Derechos Humanos de Afganistán, Soraya Sobhrang, afirmaba que detrás de la ofensiva contra los centros de acogida están los antiguos comandantes de las milicias que forman parte del círculo más próximo al presidente. “Pensamos que la gente que actúa por encima de la ley influirá en las decisiones relacionadas con las mujeres de los centros de acogida”, señaló. La directora de Women for Afghan Women, Manizha Naderi, que gestiona varios centros de acogida para mujeres maltratadas en el país y ayuda a una media de 1.200 mujeres al año, cree que “el Ministerio no tiene la capacidad necesaria para llevar la gestión de estos centros. Además, el Ministerio depende del propio gobierno y carece de la independencia y la voluntad necesarias para defender los derechos de las mujeres frente a un régimen cada vez más conservador”, afirma.

Después de recibir numerosas críticas, el presidente Karzai supuestamente ha dicho que el gobierno no se hará con el control de todos los centros de acogida sino que únicamente gestionará los que han sido acusados de corrupción y que incumplen las normas establecidas. Sin embargo, el texto del proyecto de ley no recoge este detalle y no se han adoptado aún medidas concretas para retirar el proyecto de ley.

La comunidad internacional de donantes desempeña una labor fundamental en el desarrollo de Afganistán y contribuye con su ayuda a reconstruir las instituciones del estado. A pesar de que la comunidad de donantes ha expresado su compromiso con respecto a los derechos de las mujeres afganas, este compromiso no siempre va acompañado de las acciones pertinentes. Las organizaciones afganas de mujeres consideran que la ayuda de la comunidad internacional debería estar sujeta al respeto de los derechos de las mujeres en el país. La Proclamación de Bruselas, adoptada por las líderes afganas en la Cumbre de Mujeres Afganas por la Democracia en diciembre de 2001, recomendaba que toda la ayuda de la comunidad internacional, incluida la económica, debería estar sujeta a los derechos de las mujeres y al trato que estas reciben en el país. En diciembre de 2010, en una reunión del Parlamento Europeo sobre el fortalecimiento del papel de las mujeres parlamentarias en la estabilización y la transformación de Afganistán, celebrada en Bruselas, las parlamentarias afganas instaron a la comunidad internacional de donantes a ayudar a las mujeres afganas y a otorgar prioridad a los derechos de las mujeres a la hora de proporcionar ayuda financiera. Los países donantes deben escuchar este llamamiento y asumir, junto con el gobierno de Afganistán, la responsabilidad correspondiente frente a sus compromisos internacionales, por ejemplo, mediante la adopción de medidas que garanticen la protección y el respeto de los derechos humanos de las mujeres y niñas, tal y como establece la Resolución 1325 del Consejo de Seguridad de la ONU. Este documento destaca la importancia del papel de las mujeres en la prevención y la resolución de los conflictos y en la construcción de un escenario pacífico.

Qué puede hacer: 

Póngase en contacto con los responsables afganos que se indican a continuación para pedirles que retiren el proyecto de ley y garanticen a las mujeres que precisan protección un lugar seguro en el que reciban la ayuda necesaria. Inste también al gobierno afgano a tomar medidas firmes para cumplir los compromisos que recoge su Constitución y los compromisos internacionales ratificados, entre ellos la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (CEDAW), para garantizar la igualdad a las mujeres y su acceso a la justicia. Escriba también a los principales donantes de Afganistán y pídales que respeten la voz de las mujeres afganas a la hora de apoyar los derechos de las mujeres en el país.

Por favor, dirija sus cartas a:

Gobierno afgano

President Hamid Karzai
Gul Khana Palace
Presidential Palace
Kabul, Afghanistan
Email: president@afghanistangov.org (if you get an error message, can also send care of Feroz Mohmand, Executive Assistant to the President Spokesperson feroz.mohmand@live.com.)

Dr Husn Banu Ghazanfar
Minister of Women Affairs
Ministry of Women’s Affairs
Email: info@mowa.gov.af

Professor Habibullah Ghalib
Minister of Justice
Ministry of Justice
Kabul, Afghanistan
Email: ab.qayum@hotmail.com
Tel: + 93 20 2100 322

Cartas: 

Estimado Presidente Karzai/Ministro Habibullah Ghalib/Ministra Husn Banu Ghazanfar: [borrar los que correspondan]

Le escribo para expresarle mi profunda preocupación con respecto a las noticias de que el gobierno afgano va a proponer una ley que cedería al gobierno afgano la gestión de los centros de acogida de mujeres, hasta ahora gestionados por diversas organizaciones de mujeres. El borrador de la nueva ley propone que sea el gobierno quien controle, sin garantía alguna, la aceptación, el régimen y la salida de las mujeres que solicitan ser acogidas en estos centros. Esto podría disuadir a las mujeres, ya de por sí aterrorizadas y vulnerables, a la hora de solicitar ayuda. De esta manera, correrían el riesgo de sufrir más daños o incluso de morir.  Es posible que el gobierno actualmente esté replanteándose esta postura, lo cual sería una excelente noticia, pero nos parecen muy preocupantes los informes que indican que las mujeres afganas continúan sufriendo un nivel de violencia elevadísimo y que su acceso a la justicia es muy limitado.

Me preocupa realmente que el informe de 2009 elaborado por la Misión de Asistencia de las Naciones Unidas en Afganistán y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, señale que “las mujeres afganas han informado repetidamente de que han dejado de confiar en las autoridades encargadas del cumplimiento de la ley y en las instituciones judiciales, que consideran ineficaces, incompetentes, disfuncionales y corruptas. Parece que no sirve de nada comunicar un incidente a la policía, a la dirección nacional de seguridad (el servicio de inteligencia) o la fiscalía, porque generalmente los casos no se toman en serio, no se registran adecuadamente o simplemente no se actúa en consecuencia. En última instancia, las autoridades no quieren o no pueden ofrecer a las mujeres en situación de riesgo un medio de protección para garantizar su seguridad”. Esto refleja además la necesidad imperiosa de que los centros de acogida sean gestionados por una organización independiente para ofrecer a las mujeres el apoyo que necesitan.

Dado el elevado nivel de violencia contra las mujeres que existe en Afganistán y la ausencia de justicia, resulta aún más necesario que las mujeres puedan acceder a lugares seguros en los que encontrar ayuda, y que estos centros sigan siendo independientes.

Le pido con todos mis respetos que se asegure de que los planes del gobierno para hacerse con el control de estos centros sean descartados de inmediato. Hay que animar al gobierno afgano a tomar medidas firmes para abordar las razones por las que mujeres y niñas en este país se ven obligadas a acudir a los centros de acogida de mujeres en busca de ayuda y apoyo. Para ello es necesario garantizar la prevención y el castigo de la violencia contra las mujeres con todo el peso de la ley, así como facilitar a las mujeres el acceso a la justicia conforme a las disposiciones recogidas en la Constitución de Afganistán y en los compromisos internacionales ratificados por este país, como la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (CEDAW).

Muchas gracias por su atención.

Reciba un cordial saludo,