Un Llamamiento a los Legisladores de Hawai para que en 2011 Aprueben una ley Contra el Tráfico de Seres Humanos

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18 de enero de 2011

Lakshmi Anantnarayan, +1 212 586 0906, lanant@equalitynow.org


Con ocasión de la apertura de las sesiones legislativas de 2011 en Hawai, la organización internacional de derechos humanos Equality Now/Igualdad Ya hace un llamamiento a los legisladores para que se tipifique como delito el tráfico de seres humanos cuanto antes. Resulta lamentable que, a pesar de ser uno de los principales destinos del tráfico de personas, Hawai sea uno de los 5 únicos estados de EE. UU. donde aún no existe una ley que castigue el tráfico de seres humanos con fines laborales o sexuales. El gobierno de Hawai ha sido incapaz de aprobar en los últimos cinco años una sola ley contra el tráfico de personas. En 2010, la exgobernadora Linda Lingle vetó un proyecto de ley que había sido aprobado por unanimidad en ambas cámaras de la legislatura.

“Durante cinco años, y a pesar de los enormes esfuerzos realizados por los grupos locales que luchan contra el tráfico de seres humanos, Hawai ha estado retrasando de manera incomprensible la promulgación de una ley contra esta práctica y ha mirado a otro lado ante los crímenes brutales que traficantes y proxenetas han cometido con unas víctimas que apenas tienen acceso a la justicia. Queremos instar a los legisladores a que garanticen la aprobación en 2011 de unas leyes sólidas que prohíban el tráfico de personas, permitan que los responsables sean procesados y protejan a los supervivientes”, señala Taina Bien-Aimé, Directora Ejecutiva de Igualdad Ya.

Se calcula que cada año entre 14.500 y 17.500 personas extranjeras son víctimas del tráfico ilegal de personas a Estados Unidos. Además, decenas de miles de ciudadanos estadounidenses son víctimas de esta red dentro del propio país. La mayoría de las víctimas del tráfico de seres humanos son mujeres y niños que son vendidos para su explotación sexual comercial. Hawai es uno de los principales destinos del tráfico de personas, como muestra la reciente operación del FBI en varias granjas en lo que se ha denominado “el mayor caso de tráfico de seres humanos en el país". Según los agentes federales, Hawai presenta uno de los índices más altos de tráfico de niños. Los activistas que luchan contra esta práctica en Hawai afirman que el tráfico sexual es un problema cada vez mayor y que no recibe atención suficiente por parte de las autoridades competentes.

La ley federal de Estados Unidos contra el tráfico de seres humanos normalmente no es una herramienta suficiente para procesar a los responsables del tráfico sexual en el ámbito estatal, en parte debido a los escasos recursos con los que cuentan los fiscales federales y a la selección por su parte de los casos más relevantes en los que hay múltiples víctimas implicadas o casos únicamente centrados en los menores de edad. Por eso es imprescindible que los estados aprueben las leyes adecuadas para tipificar como delito el tráfico de personas y que así las autoridades locales puedan detectar los casos e intervenir del modo apropiado.

Para abordar el problema del tráfico sexual en concreto, la ley de Hawai debería establecer una definición completa de esta práctica que reconozca los medios a través de los cuales los traficantes inducen a sus víctimas a trabajar en la industria del sexo más allá de “la fuerza, el fraude y la coerción” que menciona la ley federal. Asimismo, la ley debe centrarse también en la demanda de prostitutas estableciendo multas más elevadas para aquellos que compran servicios sexuales. “Hawai debería seguir los pasos de estados como Nueva York, donde se han aprobado leyes que reconocen los vínculos entre el tráfico sexual y la prostitución, proporcionan asistencia a las víctimas y garantizan que absolutamente todos los implicados, desde los traficantes a los proxenetas y los propios clientes, sean declarados responsables de la explotación atroz de los más vulnerables. El tráfico de seres humanos es un azote que empeorará aún más si no existe una legislación contundente ni voluntad política para abordar esta violación de los derechos humanos”, concluyó Bien-Aimé.

Enero 18, 2011 - 13:15