Violencia sexual

Sudán: Cambiar la ley para que las víctimas de violencia sexual puedan acceder a la justicia

Número de acción: 
56.1
ACTUALIZACIÓN: 
Not an update
Fecha: 
2014 Mar 13

ver pdf

Qué puede hacer: 

TAKE ACTION NOW! << Click on this link to send all letters below online.

Súmese al llamamiento de Igualdad Ya para que todas las supervivientes y víctimas de la violencia sexual en Sudán puedan obtener justicia. Actúe ahora escribiendo a las autoridades abajo indicadas para exigir que:

  • La acusación retire todos los cargos contra la joven etíope y cese todas las acciones legales para deportarla a su país.
  • Se proporcione a la joven la ayuda médica y psicológica necesaria como víctima y superviviente de la violencia sexual.
  • Se tomen medidas inmediatas para modificar el Código Penal de Sudán de 1991 y la Ley sudanesa de 1994 relativa a las pruebas legales con el fin de impedir que las víctimas de la violencia sexual sean criminalizadas y para garantizar que las mujeres y niñas violadas reciban la misma protección que los hombres ante la ley, de acuerdo con las obligaciones internacionales del gobierno.

President Omar Hassan Ahmad al-Bashir
Office of the President
People’s Palace
PO Box 281
Khartoum, Sudan

H.E. Mohammed Bushara Dousa
Minister of Justice
Ministry of Justice
Justice Towers
Gamhoria Street
PO Box 302
Khartoum, Sudan
Email: moj@moj.gov.sd

H.E. Fatih Ezzidin Ahmed Speaker of the National Assembly
The Peoples Hall Omdurman
PO Box 14416, Khartoum, Sudan
Fax: 00249 187 560 950 Emails: info@parliament.gov.sd
sudanipg@parliament.gov.sd

H.E. Mashair Aldawalab
Minster of Welfare & Social Security
Ministry of Welfare & Social Security (General Directorate for Women & Family Affairs)
PO Box: 12661
Khartoum, Sudan
Fax: 83777633
Emails: info@gdwfa.gov.sd

H.E. Ali Ahmed Karti
Minister of Foreign Affairs
Ministry of Foreign Affairs
PO Box 873
Khartoum, Sudan

 

Cartas: 

Estimado Presidente/Ministro/Gobernador:

Me preocupan profundamente las enormes dificultades que tienen las mujeres y las niñas cuando desean acceder a la justicia tras haber sido víctimas de una violación o de otro tipo de violencia sexual en Sudán. Especialmente me ha afectado la brutal violación que sufrió en agosto de 2013 una joven etíope de 19 años, divorciada y embarazada, por parte de siete hombres en Omdurman. Me ha parecido una atrocidad que la víctima de un acto de violencia sexual fuera víctima a su vez del sistema judicial al que ella recurrió para obtener justicia.  Lamentablemente, no es un simple parecer: la joven fue arrestada junto con los hombres que la violaron, permaneció detenida, se presentaron cargos contra ella y fue declarada culpable y condenada por cometer actos obscenos. Este caso pone de relieve las enormes dificultades que tienen las víctimas y la necesidad imperante de reformar la ley, especialmente el artículo 149 del Código Penal que hace referencia a la violación.

De conformidad con la legislación vigente, cuando una mujer o una niña denuncia haber sido violada, ella también queda expuesta a la posibilidad de ser procesada. La víctima debe probar su inocencia demostrando que las relaciones sexuales no fueron consentidas. Si no lo hace, puede ser procesada por adulterio, un delito también conocido como zina. El castigo por este delito es de 100 latigazos si la mujer no está casada, y de muerte por lapidación en caso de estarlo. La ley está abierta a diferentes interpretaciones, por lo que los jueces actúan a su entera discreción y muchas veces la resolución no es justa para las víctimas que buscan ser indemnizadas a través de la vía penal. En este caso, a pesar de existir una grabación de la violación, la víctima fue declarada culpable de cometer actos inmorales. Todos estos factores, junto con el estigma traumático y el temor a las represalias por parte de su comunidad, suelen disuadir a las mujeres y a las niñas de denunciar delitos de violencia sexual y hacen que sea muy complicado obtener justicia aunque lo hagan.

El gobierno sudanés está obligado, en virtud de su Constitución de 2005 y de varias convenciones internacionales, a garantizar que hombres y mujeres reciban el mismo trato ante la ley y  impedir que las víctimas sean criminalizadas. La Constitución Nacional Provisional de la República de Sudán recoge, en su artículo 28, que “todo ser humano tiene el derecho inherente a la vida, la dignidad y la integridad de su persona, que deberá ser protegida por la ley”. Asimismo, el artículo 31 establece que “todas las personas son iguales ante la ley y tienen derecho, sin discriminación alguna . . . ni por razones de sexo . . . a la misma protección jurídica”. Tanto la Carta Africana de los Derechos Humanos y de los Pueblos como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (ICCPR, por sus siglas en inglés) recogen estos derechos y establecen que “(1) Todas las personas son iguales ante la ley y (2) todas las personas tienen derecho a la misma protección jurídica”. La Carta Africana y el ICCPR señalan que “nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes”, pero Sudán infringe este artículo al castigar a las víctimas de violencia sexual acusándoles de adulterio.

Me uno al llamamiento de Igualdad Ya para que todas las supervivientes y víctimas de la violencia sexual en Sudán puedan obtener justicia. Me gustaría instar a las autoridades sudanesas a que actúen de inmediato conforme a sus obligaciones regionales, nacionales e internacionales para que:

  • La acusación retire todos los cargos contra la joven etíope y cese todas las acciones legales para deportarla a su país.
  • Se proporcione a la joven la ayuda médica y psicológica necesaria como víctima y superviviente de la violencia sexual.
  • Se tomen medidas inmediatas para modificar el Código Penal de Sudán de 1991 y la Ley sudanesa de 1994 relativa a las pruebas legales con el fin de impedir que las víctimas de la violencia sexual sean criminalizadas y para garantizar que las mujeres y niñas violadas reciban la misma protección que los hombres ante la ley, de acuerdo con las obligaciones internacionales del gobierno.

Gracias por su atención.

Atentamente,

Kenia: garantizar justicia a Liz (16 años) y al resto de víctimas de la violencia sexual

Número de acción: 
54.1
ACTUALIZACIÓN: 
Not an update
Fecha: 
2014 Ene 24

ACTUALIZACIÓN DEL 28 DE MARZO DE 2014:  Damos las gracias a los miles de seguidores que han exigido Justicia para Liz. Las autoridades les prestaron atención, e inicialmente la Fiscalía aseguró públicamente que el caso iría a los tribunales sin más demora. No obstante, tras la vista celebrada el 24 de marzo de 2014, es evidente que las autoridades siguen sin tomarse en serio el caso de Liz.

Qué puede hacer: 

>> ¡TOME MEDIDAS!

  • Haga un llamamiento a los funcionarios abajo listados para que detengan al resto de sospechosos y se aseguren de que se aplique de forma efectiva la Ley de Delitos Sexuales para garantizar la investigación y el procesamiento oportuno de todos los casos de violencia sexual.
  • Inste a la Fiscalía a modificar los cargos presentados, de manera que incluyan la violación en grupo y otros delitos de violencia sexual pertinentes.
  • Exija a la Autoridad Independiente de Control de Policía que investigue las acusaciones de falta de ética profesional por parte de los policías encargados del caso, así como  que informe al respecto y tome medidas contra estas actuaciones policiales.
  • Inste al gobierno de Kenia a priorizar la formación de los agentes responsables de hacer cumplir la ley con el fin de que las denuncias de violencia sexual sean tratadas correctamente y que los funcionarios reciban los recursos adecuados para tratar a las supervivientes de estos delitos sin mostrar actitudes agresivas que puedan dañar aún más a las víctimas o impedir su acceso a la justicia.
  • Participe en la campaña de las redes sociales #JusticeForLiz.  Los mensajes se pueden retuitear también desde @equalitynow, @COVAW y @FemnetProg.
  • Contribuya a difundir esta campaña compartiendo esta Acción con sus amigos.

Por favor, dirija sus cartas a:

H.E. Uhuru Kenyatta
President of the Republic of Kenya
P.O. Box 30040
Nairobi, Kenya
@StateHouseKenya, @UKenyatta
info@president.go.ke

Hon. Prof Githu Muigai
Attorney General
Department of Justice
Harambee Avenue
P.O Box 40112-00100
Nairobi, Kenya
oagpcomms@kenya.go.ke
@AGMuigai

Hon. Joseph Ole Lenku
Cabinet Secretary
Ministry of Interior & Coordination of National Government
Harambee House, Harambee Avenue, P.0. Box 30510-00100
Nairobi, Kenya
@joelenku, @InteriorKE

Hon. Mr. Keriako Tobiko
Director of Public Prosecution
Office of the DPP
NSSF Building, 19th Fl
Bishops Road
P.O. Box 30701-00100
Nairobi, Kenya
info@odpp.go.ke

H.E. Ms. Anne Waiguru
Cabinet Secretary
Ministry of Devolution & Planning
P. O. Box 30005 - 00100
Nairobi, Kenya
info@devolutionplanning.go.ke
@AnneWaiguru

Hon Dr. Willy Mutunga
Chief Justice
Supreme Court of Kenya
City Hall Way
P.O. Box 30041-00100
Nairobi, Kenya
chiefjustice@judiciary.go.ke
@WMutunga

Hon. Sospeter Odeke Ojaamong
Governor, Busia County
County Government of Busia
Fomer Busia Town Hall Building
P.O Box Private Bag Busia
50400 Busia, Kenya
info@busiacounty.go.ke

Ms. Patricia Nyaundi
Secretary to the Commission
Kenya National Commission on Human Rights
1st Floor CVS Plaza, Kasuku Rd.
P.O. Box: 74359-00200
Nairobi, Kenya
haki@knchr.org

Independent Policing Oversight Authority
1st Ngong Avenue,
ACK Garden Annex, 2nd Fl.
P. O. Box 23035 00100
Nairobi, Kenia
info@ipoa.go.ke

Con copia a: The Kenya Women Parliamentary Association, Email: info@kewopa.org

Cartas: 

Excelentísimo señor Presidente/Ministro/Gobernador:

Estoy profundamente preocupado por la existencia de un número creciente de pruebas que demuestran que las autoridades kenianas se abstienen sistemáticamente de investigar y procesar los casos de violencia sexual. Me inquieta concretamente la brutal violación de Liz en el condado de Busia, el pasado 26 de junio de 2013, y los sucesivos errores judiciales por parte de las autoridades en este caso. Hasta la fecha únicamente se ha detenido a uno de los seis sospechosos, y los cargos no reflejan el delito de violencia sexual.  Hay que hacer mucho más para proteger a las mujeres y niñas de este país frente a la violencia sexual y para garantizar justicia a todas las supervivientes y víctimas de estos delitos.

La violencia sexual contra las mujeres es una violación de los derechos humanos fundamentales y constituye una parte esencial de la subordinación sistemática de las mujeres en todo el mundo.

Asimismo, Kenia ha ratificado varios instrumentos regionales e internacionales en materia de derechos humanos que establecen la obligación del Estado de proteger a las niñas y mujeres frente a la violencia sexual.

Me he unido a la campaña de Igualdad Ya y sus asociadas a través de la coalición Solidarity for African Women's Rights (SOAWR), COVAW, FIDA-Kenya, FEMNET, Fahamu e IPAS para pedir justicia para Liz y todas las supervivientes y víctimas de la violencia sexual. Me gustaría instar a las autoridades kenianas a que actúen de inmediato conforme a sus obligaciones regionales, nacionales e internacionales para que:

  • se tomen medidas urgentes con el fin de detener al resto de los sospechosos en el caso de Liz, y se aplique de forma efectiva la Ley de Delitos Sexuales para garantizar la investigación y el procesamiento oportuno de todos los casos de violencia sexual.
  • La autoridad responsable de supervisar la conducta de la policía atienda las alegaciones de falta de ética profesional por parte de los policías que llevan el caso y tome las medidas necesarias contra ellos.
  • se priorice la formación de los agentes responsables de hacer cumplir la ley con el fin de que las denuncias de violencia sexual sean tratadas correctamente y que los funcionarios reciban los recursos adecuados para tratar a las supervivientes de estos delitos sin mostrar actitudes agresivas que puedan dañar aún más a las víctimas o impedir su acceso a la justicia.

Le agradezco su atención.

Atentamente,

Afganistán: Procesar a los autores de la violación y el asesinato de la joven de 16 años Shakila Bakhsh

Número de acción: 
53.1
ACTUALIZACIÓN: 
Not an update
Fecha: 
2013 Nov 25

ver pdf

Qué puede hacer: 

>> ¡TOME MEDIDAS!

  • Haga un llamamiento a las autoridades abajo indicadas para que garanticen una investigación completa y justa de la muerte de Shakila Bakhsh y se aseguren de procesar sin más demora al autor o los autores de su violación y asesinato.
  • Inste al gobierno afgano, de conformidad con la propia Constitución del país y sus obligaciones legales internacionales, a garantizar el establecimiento de unos sistemas sólidos para prevenir todo tipo de violencia contra las mujeres y las niñas y para asegurarse de que el imperio de la ley prevalece en la protección de sus derechos.

Las cartas deben enviarse a:

Minister of Interior Affairs Mr. Umar Daudzai
Islamic Republic of Afghanistan Ministry of Interior Affairs
Kabul
Afghanistan
Tel: +93 202 102 945 +93 202 102 945 +93 202 201 785 +93 202 201 785
Email: af.moi.press@gmail.com, moi.spokesman.mediadirectorate@gmail.com

Minister of Justice Mr. Habibullah Ghalib
Islamic Republic of Afghanistan Ministry of Justice
Charayee Pashtoonistan,
Foroushgah
Kabul
Afghanistan
Tel:  +93 202 104 336
Email: spksperson@gmail.com

Enviar una copia a: President Karzai, Presidential Palace, Kabul, Afghanistan Tel: +93 (20) 210 2853, +93 (20) 210 3705, +93 (20) 210 3705 Email: president.pressoffice@gmail.com

Cartas: 

Excmo. Sr. Ministro del Interior / Ministro de Justicia:

Me gustaría expresar mi más honda preocupación por la violación y el asesinato de Shakila Bakhsh, la hija de 16 años de Mohammad Bakhsh, el 31 de enero de 2012 en Zargaran (Bamyan central). Me preocupa enormemente que no se haya procesado aún a los responsables.

Según los documentos del Tribunal de Apelaciones de la provincia de Bamyan (número de caso 40, 21 de mayo de 2012), Shakila fue hallada muerta en casa de Mohammad Hadi Wahidi Bihishti, miembro del Consejo Provincial de Bamyan. En el momento de los hechos, el Sr. Bihishti se encontraba en casa con su mujer y su sobrino. En un principio se acusó del crimen al guardaespaldas del Sr. Bihishti y cuñado de Shakila, el Sr. Qurban, a pesar de que varios testigos oculares lo situaban en un bazar local en el momento de los hechos. El Sr. Qurban dijo que se enteró de la muerte de Shakila por una llamada telefónica del Sr. Bihishti, que le contó que la pequeña se había suicidado.

Los documentos del juzgado señalan que ni el Sr. Bishishti ni ninguna otra persona avisó a las fuerzas de seguridad o a la policía de lo que había ocurrido, sino que el cadáver de la chica fue trasladado directamente al hospital. También se recoge en los documentos que trataron de eliminar pruebas del crimen en la casa. Cuando los agentes de policía que se encontraban en el hospital tuvieron conocimiento de lo sucedido, enviaron un equipo a investigar. Sin embargo, los documentos judiciales ponen de relieve que hubo numerosas negligencias en la investigación policial, como el hecho de que la policía se negara a enviar las huellas dactilares del Sr. Bihishti, su mujer y su sobrino para ser sometidas a un análisis forense. Al parecer, familiares de Shakila y de Qurban sostienen que el responsable del asesinato de Shakila es el Sr. Bihishti, pero consideran que no ha sido investigado a fondo por la influencia que tiene en el Consejo Provincial de Bamyan. El 21 de mayo de 2012, el Tribunal de Apelaciones concluyó que no había pruebas suficientes contra el Sr. Qurban y ordenó realizar una nueva investigación.

Le ruego que se asegure de que este caso sea investigado de manera completa y justa, y que los autores del crimen sean llevados ante la justicia. Asimismo, me gustaría hacer un llamamiento al gobierno afgano para que se asegure de que prevalezca el imperio de la ley y de prevenir y castigar la violencia contra las mujeres y las niñas en toda la extensión de la ley, de conformidad con la propia Constitución de Afganistán y sus obligaciones legales internacionales.

Gracias por su atención.

Atentamente.

Yemen: poner fin a los matrimonios de niñas mediante la promulgación y aplicación de una ley que establezca la edad mínima para casarse

Número de acción: 
34.4
ACTUALIZACIÓN: 
Not an update
Fecha: 
2013 Sep 19

ACTUALIZACIÓN 10 DE DICIEMBRE DE 2013: Hace dos semanas, un muchacho contactó con el Ministerio de Derechos Humanos de Yemen para impedir el matrimonio de su hermana de 11 años, Nada (nombre ficticio) con su primo de 23 años. Aunque con anterioridad la Ministra había intervenido en casos como este consiguiendo que los padres desistieran de forzar el matrimonio de sus hijas menores de edad, no consiguieron impedir la boda de Nada dada la intransigencia de su padre y la inexistencia de una ley contraria al matrimonio de menores.

Qué puede hacer: 

>> ¡TOME MEDIDAS!

  • Escriba al Presidente de Yemen, al Primer Ministro y al Portavoz de la Cámara para pedirles lo siguiente:
  1. que se aseguren de que el borrador del proyecto de ley que prohíbe los matrimonios infantiles sea aprobado por el Parlamento lo antes posible;
  2. que garanticen el cumplimiento de esta ley una vez aprobada;
  3. que tomen medidas para proteger y promover los derechos de las niñas que ponen fin a sus matrimonios o escapan de ellos, proporcionándoles un alojamiento seguro, educación y terapia entre otras cosas.
  • Contribuya a difundir esta campaña compartiendo esta Acción con sus amigos.

Por favor, dirija sus cartas a:

Mr. Abd-Rabbu Mansour Hadi
President of the Republic of Yemen
President Residence
60 Street
Sana’a, Yemen
Fax: +967 1 276 866
Fax: +967 1 252 803
Tel: +967 1 621 062

Mohammed Salem Basindwa
Prime Minister
Fax: +967 1 282 686

Mr. Yahia El Raei
Speaker of the House
Yemeni Parliament
26 September Street
San’a, Yemen
Fax: +967 1 271 102

Con copia a: Minister Hooria Mashhour, Minister of Human Rights, Al-Steen Street, Sana'a, Yemen, Teléfono: +967 1 444 834, Fax: +967 1 444 833, Email: ramif1973@yahoo.com

Cartas: 

Excelentísimo Presidente/Primer Ministro/Portavoz de la Cámara:

cc: Ministra de Derechos Humanos

Estoy profundamente preocupado por la prevalencia del matrimonio infantil en Yemen. Los informes tanto de grupos de derechos humanos como de la prensa en Yemen han puesto de relieve varios casos de niñas yemeníes que han sido obligadas a casarse, o que han corrido el riesgo de serlo, y que han sufrido consecuencias muy graves, en ocasiones incluso fatales. Sin embargo, hasta la fecha el gobierno no ha aprobado ninguna ley que prohíba la edad mínima legal para casarse. Aunque los funcionarios públicos han intervenido en algunos casos de matrimonio de menores, su poder para impedir estos matrimonios se ve enormemente limitado al no disponer de una ley que prohíba este tipo de matrimonios.

Organizaciones internacionales, como la Organización Mundial de la Salud, UNICEF y UNFPA, han subrayado los efectos negativos de estos matrimonios en las pequeñas desde el punto de vista físico, emocional, psicológico, intelectual y sexual. Entre las consecuencias más comunes se incluyen abortos practicados en condiciones no asépticas, nacimientos de bebés muertos, fallecimiento de niñas como consecuencia del embarazo precoz, imposibilidad de seguir con los estudios, escasas relaciones sociales, restricción de la movilidad, nulo control sobre los recursos, escasa o nula capacidad de decisión en sus nuevos hogares y aumento del riesgo de sufrir violencia doméstica.

Me consta que desde 2009 sigue pendiente de aprobación parlamentaria un borrador de ley sobre el matrimonio de niñas que establecía en 17 años la edad mínima legal para contraer matrimonio, además de establecer multas y castigos para los violadores. Su aprobación sin demora sería un primer paso para ayudar a las niñas a escapar de los abusos y ayudarles a desarrollar sus posibilidades. El gobierno yemení está obligado a impedir los matrimonios infantiles en virtud de la Convención sobre los Derechos del Niño (CRC, por sus siglas en inglés) y la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés), dos tratados que contienen disposiciones contra el matrimonio de niñas. En 2012, la Comisión de Derechos Humanos de la ONU revisó el cumplimiento por parte de Yemen del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (ICCPR, por sus siglas en inglés) y expresó su preocupación por el hecho de que no se hubiera fijado aún una edad mínima legal para poder casarse y que esta medida encontrara además una fuerte oposición en el Parlamento. La Comisión instó al gobierno de Yemen a establecer una edad mínima legal acorde con las normas internacionales.

En una medida aparentemente prometedora, la Ministra de Derechos Humanos de Yemen, Hooria Mashhour, solicitó en 2009 que se volviera a introducir el borrador de la ley que prohibiría los matrimonios de niñas en el país. Igualdad Ya y la organización YWU apoyan al Ministerio en su empeño por asegurarse de que el gobierno de Yemen cumpla sus obligaciones internacionales mediante la aprobación de una ley que prohíba el matrimonio infantil, de manera que las niñas no se vean obligadas a sufrir los efectos físicos y psicológicos tan nocivos de esta práctica.

Quisiera hacerle un llamamiento para que el Parlamento apruebe lo antes posible el proyecto de ley relativo al matrimonio infantil. Del mismo modo, le pido que garantice el cumplimiento de esta ley una vez aprobada y haga cumplir los castigos impuestos a quienes la incumplan. Tome también medidas para proteger y promover los derechos de las niñas que ponen fin a sus matrimonios o escapan de ellos, proporcionándoles un alojamiento seguro, educación y terapia entre otras cosas.

Le agradezco su atención.

Atentamente,

Marruecos: promulgación de reformas jurídicas para reforzar las penas de los delitos de violencia sexual y para prevenir el matrimonio infantil

Número de acción: 
41.2
ACTUALIZACIÓN: 
Not an update
Fecha: 
2013 May 29

ACTUALIZACIÓN 28 ENERO 2014: ¡Buenas noticias! Tras soportar dos años de presión pública continua sobre el gobierno, el 22 de enero de 2014 el parlamento marroquí modificaba el artículo 475 del Código Penal, un párrafo que hasta entonces se utilizaba para dejar a los violadores sin castigo a cambio de que contrajeran matrimonio con su víctima.

Qué puede hacer: 

>> ¡TOME MEDIDAS!

Escriba a las autoridades marroquíes que figuran a continuación, para felicitarles por los cambios propuestos e instarles a cumplir sus obligaciones internacionales y nacionales para acabar con la discriminación contra las mujeres, mediante:

  • La rápida aprobación e implementación de las enmiendas propuestas
  • La realización de una revisión integral de todas las leyes de Marruecos, en colaboración con organizaciones de la sociedad civil, para eliminar la discriminación por razón de sexo y para garantizar la protección ante la violencia
  • La formación sin demora de todos los funcionarios, especialmente los jueces, sobre el Código Penal y la ley de familia revisados

Las cartas deben ir dirigidas a:

Excmo. Sr. Mustafa Ramid
Ministro de Justicia y Libertades
Fax: +212 5-37-26-31-03
Correo electrónico: krtmed@gmail.com

Excma. Sra. Bassima Hakkaoui
Ministra de la Solidaridad, de la Mujer, de la Familia y de Desarrollo Social
Fax: +212 5-37-67-19-17
Correo electrónico: a.elouadi@social.gov.ma

Excmo. Sr. Karim Ghelleb
Portavoz de la Cámara de Representantes
Fax: +212 5-37-67-77-17
Correo electrónico: kghelleb@parlement.ma; parlement@parlement.ma

Cartas: 

Excmo. Sr. Ministro/Portavoz de la Cámara:

Me alegra que el Parlamento aprobara el pasado 22 de enero de 2014 la revisión del artículo 475 para que ningún “secuestrador” más quede impune si se casa con su víctima. Gracias por dar este paso tan importante para proteger a las mujeres frente a la violencia y la discriminación. Me gustaría pedirles que continuaran con esta buena labor y eliminaran las disposiciones legales relativas a la familia que permiten a los jueces autorizar el matrimonio infantil de las chicas menores de 18 años, de manera que solamente puedan casarse personas adultas capaces de otorgar su consentimiento pleno y libre.

Reformas jurídicas como estas podrían haber protegido a Amina Filali, de 16 años de edad, quien se suicidó tras ser obligada a contraer matrimonio con su violador, y a Safae, de 15 años de edad, quien fue presionada por un fiscal y por un juez, en aras de preservar su “honor”, para que retirara los cargos y contrajera matrimonio con su violador. A consecuencia de ello, Safae intentó suicidarse dos veces.

Para cumplir las obligaciones legales internacionales y nacionales de Marruecos, y en apoyo de las organizaciones de mujeres de Marruecos, le insto a que trabaje para la rápida aprobación e implementación de las enmiendas propuestas a la ley de familia. Del mismo modo, le ruego que apoye una revisión integral del Código Penal para eliminar toda discriminación por razón de sexo y para garantizar la protección de las mujeres y niñas ante la violencia. Asimismo, le insto a que garantice la formación inmediata de todos los funcionarios sobre el Código Penal y la ley de familia revisados una vez sean promulgados.

Gracias por su atención.

Atentamente,

Egipto: poner fin a la violencia sexual contra las mujeres que reivindican sus derechos

Número de acción: 
38.2
ACTUALIZACIÓN: 
Not an update
Fecha: 
2013 Abr 11

ver pdf

Qué puede hacer: 

>> ¡TOME MEDIDAS!

Recuerde a las autoridades egipcias las obligaciones contraídas en virtud de la CEDAW, el ICCPR y el ICESCR para garantizar la igualdad entre hombres y mujeres e impedir la violencia de género. Escriba a las autoridades egipcias abajo mencionadas para pedirles que:

  • pongan fin a las estrategias de violencia sexual e intimidación contra las mujeres que defienden sus derechos
  • investiguen adecuadamente y lleven a los tribunales toda agresión sexual que se produzca, tanto en público como en el ámbito privado
  • desarrollen los mecanismos necesarios para integrar las voces de las mujeres en todos los procesos administrativos y oficiales

Las cartas deben ir dirigidas a:

Interim President Adly Mansour
El Etahadiya Presidential Palace
Merghiny St., Heliopolis
Cairo, EGIPTO
Fax y Tel.: +202 239 019 980
Twitter: @EgyPresidency

Prime Minister Ibrahim Mehleb
Magless El Shaàb Street, Al Kasr El Einy
Cairo, EGIPTO
Tel.: +202-2793-5000
Fax: +202-2795-8048
Email: pm@cabinet.gov.eg

Minister of Justice
Lazoghly Square
Cairo, EGIPTO
Tel.: +20227922263
Fax: +20227958103
Email: mjustice@moj.gov.eg

Cartas: 

Excelentísimo señor Presidente Morsi, Excelentísimo señor Primer Ministro Qandil, Excelentísimo señor Ministro:

Le escribo para expresar mi apoyo a las mujeres egipcias que continúan reclamando su integración plena en todas las instituciones y marcos políticos post-revolucionarios, tal y como establecía la Carta de las Mujeres de 2011. Las mujeres de Egipto merecen ser reconocidas como ciudadanas de pleno derecho y en igualdad de condiciones, y no deben sufrir violencia sexual por reivindicar sus derechos.

Resulta alarmante es el aumento del número de episodios de violencia sexual aparentemente organizados que se producen en la plaza Tahrir y sus inmediaciones. Me gustaría pedirle que ponga fin a las estrategias de violencia sexual e intimidación contra las mujeres que defienden sus derechos. Asimismo, le insto a actuar de manera inmediata y firme para impedir estos actos de violencia contra las mujeres, a asegurarse de que los autores de dichos delitos rindan cuentas cuanto antes y a que garantice la libre participación de todos los ciudadanos y ciudadanas de Egipto en manifestaciones o debates pacíficos relacionados con el futuro del país, sin que nadie sufra amenazas ni agresiones por ello. Me consta que su gobierno ha puesto en marcha una “iniciativa para defender los derechos y las libertades de las mujeres egipcias” y espero que incluya medidas contundentes en relación con la violencia contra las mujeres, así como con otras cuestiones relacionadas con la discriminación de la mujer. Le pido además que integre a las mujeres en todos los procesos administrativos y gubernamentales.

Las obligaciones internacionales de Egipto, incluido el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, establecen la plena igualdad de hombres y mujeres y la prohibición y prevención de la violencia de género.

Dichas medidas garantizarán el respeto de los derechos humanos de los hombres y las mujeres de este país, y contribuirán a que Egipto sea un lugar más seguro.

Gracias por su atención.

Atentamente,

Uganda: Investigación a fondo y persecución de los casos de violencia sexual contra las mujeres discapacitadas

Número de acción: 
46.1
ACTUALIZACIÓN: 
Not an update
Fecha: 
2012 Nov 12
Fecha de actualización: 
2013 Mar 19
ACTUALIZACIÓN: 

ACTUALIZACIÓN 19 DE MARZO DE 2013: El sospechoso restante del caso, que había huido, fue hallado muerto a principios de 2013. Sin embargo, Igualdad Ya solicita que se le hagan pruebas de ADN al cadáver sin más demora y que el gobierno corra con los gastos.


ver pdf

Qué puede hacer: 

Contacte con el gobierno ugandés e ínstele a:

  1. Hagan la prueba de ADN al cadáver del sospechoso restante sin más demora y a cargo del gobierno..
  2. Que garantice la inmediata aplicación de todas las pruebas de investigación pertinentes, incluidas las pruebas de ADN, en los casos de violencia sexual, especialmente en aquellos en los que las víctimas sean mujeres discapacitadas.

>> ¡TOME MEDIDAS!

Ayúdenos a difundir esta campaña compartiendo esta Acción con sus amigos.

Por favor, dirija sus cartas a:

Richard Buteera
Director of Public Prosecutions
Directorate of Public Prosecutions (DPP)
P.O. Box 1550
Kampala, Uganda
Teléfono: +256-414-332-501 - 7
Fax: +256-414-251-951

Hon. Chief Justice Benjamin Joseph Odoki,
Chief Justice of Uganda
The Judiciary Courts of Judicature
High Court Building
Box 7085
Kampala, Uganda
Teléfono: +256-414-341-116
Email: bodoki@judicature.go.ug

Lady Justice Alice E. Mpagi-Bahigeine
Deputy Chief Justice of Uganda
The Judiciary Courts of Judicature
High Court Building
Box 7085
Kampala, Uganda
Email: ampagi@judicature.go.ug

Cartas: 

Ilmo. Sr. Presidente del Tribunal Supremo / Ilma. Sra. Vicepresidenta del Tribunal Supremo:

Me preocupa enormemente la pasividad del gobierno ugandés en lo que se refiere a la protección de las víctimas discapacitadas de violencia sexual y a la inexistencia de otras medidas destinadas a la investigación de los delitos contra ellas que les garanticen un rápido acceso a la justicia. Un caso evidente es el de Sanyu, una chica ugandesa de 13 años, ciega y sordomuda, que fue violada y que como consecuencia de ello se quedó embarazada, y que fue incapaz de identificar a su violador debido a su condición. La madre de Sanyu y la organización Acción Legal para Personas con Discapacidades – Uganda (LAPD, por sus siglas en inglés) solicitaron la realización de la prueba de ADN al padre de Sanyu, a tres hermanos (los únicos hombres que tenían contacto con ella) y al bebé para determinar la paternidad, pero el Laboratorio Analítico Estatal – Wandegya, no respondió a la petición oficial y la policía cerró el caso.

Tras conocer el caso, la organización internacional de derechos humanos, Igualdad Ya, recaudó en el 2011 fondos para la realización de las pruebas de ADN, y gracias a la ayuda de LAPD, consiguió reabrir el caso. El 24 de agosto de 2011 (cuatro años después de la violación) se tomaron muestras de ADN a tres de los cuatro sospechosos (uno de los hermanos había huido) y fueron enviadas al Laboratorio Estatal, tal como se exige para la admisión del juicio. Los resultados de las pruebas de AND tardaron más de un año en recibirse, y demostraron que el padre del bebé era genéticamente de la misma línea paterna, aunque ninguno de los tres era el padre del bebé de Sanyu. Por lo que sabemos, la policía no ha hecho nada por detener y realizar las pruebas al sospechoso huido. Al igual que Igualdad Ya y LAPD, me preocupa seriamente la falta de una investigación a conciencia y el retraso de cinco años en la búsqueda de justicia para Sanyu, que ahora tiene 18 años. Apoyo el llamamiento para conseguir la mejora de los procedimientos legales en los casos de violencia sexual y para acometer otras medidas que permitan ayudar a las víctimas discapacitadas.

La violencia sexual está muy extendida en Uganda y las mujeres y chicas discapacitadas como Sanyu son especialmente vulnerables. La Constitución de Uganda y la Ley para Personas con Discapacidad de 2006 defienden los derechos de las personas con discapacidades, estipulan la eliminación de todas las formas de discriminación y favorecen la igualdad de oportunidades para ellas. No obstante, el gobierno no acomete ninguna otra medida para facilitar la justicia a las víctimas discapacitadas de violencia sexual como Sanyu mediante la utilización de técnicas de investigación que  facilitarían el proceso, lo cual supone una mayor victimización.

El gobierno de Uganda ha ratificado diversos instrumentos regionales e internacionales en pro de los derechos humanos que defienden los derechos de las personas con discapacidades tales como la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CRPD, por sus siglas en inglés), el Protocolo sobre los Derechos de las Mujeres en África (el Protocolo) y la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño (CRC, por sus siglas en inglés). Además, Uganda ha ratificado la Convención de Naciones Unidas sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés) que, en su Recomendación General nº 18 insta a los Estados a informar sobre las medidas especiales adoptadas para tratar la especial situación de las mujeres con discapacidades.

Para garantizar que se haga justicia con Sanyu y otras chicas en situaciones similares, Uganda debe estar a la altura de sus obligaciones nacionales e internacionales y acometer otras medidas necesarias para mejorar el proceso de investigación y aumentar el número de detenciones en los casos de violencia sexual en los que se vean involucradas mujeres discapacitadas. Concretamente le insto a que se realicen pruebas de ADN al cuerpo del sospechoso restante sin más demora y a cargo del gobierno. Ruego proceda a la inmediata aplicación de todas las pruebas de investigación pertinentes, incluidas las pruebas de ADN, en los casos de violencia sexual, y especialmente, en aquellos en los que estén involucradas mujeres discapacitadas.

Gracias por su atención.
Atentamente

Estados Unidos: Debe detenerse la agresión sexual a mujeres en el ejército

Número de acción: 
44.1
ACTUALIZACIÓN: 
Not an update
Fecha: 
2012 Oct 2
Fecha de actualización: 
2013 Feb 13
ACTUALIZACIÓN: 

ACTUALIZACIÓN 20 DE AGOSTO DE 2013: Los últimos avances en el proceso apuntan a un impulso por parte del Congreso y del Ejército para abordar las agresiones sexuales en las Fuerzas Armadas.

El 15 de agosto, el Departamento de Defensa de Estados Unidos (DOD, por sus siglas en inglés) anunciaba nuevas medidas de prevención contra las agresiones sexuales. Entre otras, se explicaron las siete iniciativas nuevas del Secretario de Defensa, Chuck Hagel, para fortalecer y normalizar la labor del departamento con respecto a la prevención y actuación en materia de agresiones sexuales. A pesar de que Igualdad Ya se congratula de que el DOD estadounidense reconozca la gravedad del asunto, las iniciativas no suponen el cambio estructural necesario para prevenir la violencia y para que las víctimas accedan a la justicia. Como declararon nuestros asociados de SWAN, “las soluciones militares pequeñas contra las agresiones sexuales en el Ejército no van a acabar con la corriente cultural generada por todos los años de represalias y culpabilidades de las víctimas”. Por ese motivo, continuaremos apoyando la Ley de mejora de justicia militar (MJIA, por sus siglas en inglés) de la senadora Kirsten Gillibrand, que profesionalizaría el sistema de justicia militar y proporcionaría una justicia realmente necesaria a las víctimas de agresiones sexuales. La Senadora Gillibrand pedirá el voto de los senadores al proyecto de ley MJIA tras el descanso vacacional del Congreso. Si está usted en Estados Unidos, pida a su senador que vote a favor de la aprobación del proyecto.

Asimismo, hemos acogido con satisfacción la aprobación en julio, por parte de la Cámara de los Representantes, de dos enmiendas al Proyecto de Ley de Presupuestos (HR 2397), presentadas por la congresista Jackie Speier (D-CA) y relativas a la forma de abordar los casos de agresión sexual. Esto tiene que ver con un informe reciente del Inspector General del Departamento de Defensa, que halló errores graves en el proceso de investigación de las agresiones sexuales dentro del Ejército. De 501 investigaciones, 418 tenían deficiencias que dificultaban la oportunidad de la víctima de lograr justicia. En general, 399 de estos casos presentaban deficiencias relacionadas con los interrogatorios o con fases posteriores al interrogatorio. Se detectaron asimismo deficiencias en el proceso de interrogación, recogida de pruebas, seguimiento de pistas y fotografía de la escena del delito. Las enmiendas abordan el uso indebido y generalizado del “trastorno de personalidad” como diagnóstico en las víctimas de las agresiones sexuales y establecen fondos adicionales para formar a los investigadores de este tipo de delitos. Confiamos en que el Senado muestre además, mediante la aprobación de este proyecto de ley, un apoyo bipartidario a todas aquellas personas que han sufrido agresiones sexuales en el Ejército estadounidense.


ACTUALIZACIÓN DEL 24 DE MAYO DE 2013: El 7 de mayo el Departamento de Defensa estadounidense publicó su Informe anual sobre agresiones sexuales en el ejército de 2012. El informe mostraba claramente que los esfuerzos dirigidos a combatir las agresiones sexuales en el ejército no están teniendo el efecto deseado y que, de hecho, están empeorando la violencia sexual y la cultura de impunidad. De una forma escandalosa, el número de agresiones sexuales denunciadas ha aumentado en todas las secciones del ejército en un 35% en total desde 2010, pasando de 19.300 miembros de las Fuerzas Armadas en 2010 a 26.000 en 2012. Tras la detención por agresión sexual del teniente coronel Jeffrey Krusinski, el oficial a cargo de la Oficina de Respuesta y Prevención de Agresiones Sexuales de las Fuerzas Aéreas de EE. UU., y la revelación de que otros dos oficiales encargados de la prevención de estos delitos en el ejército estadounidense han sido acusados de delitos sexuales, entre los que se encuentra una alegación vinculada a una red de prostitución, está perfectamente claro que no se están tomando en serio los esfuerzos por abordar las agresiones sexuales en el ejército de EE. UU.

Por tanto, Igualdad Ya acoge con agrado la introducción el 16 de mayo de la Ley de mejora de la justicia militar de 2013 por parte de la senadora Kirsten Gillibrand (partido demócrata, estado de Nueva York), un proyecto de ley de los dos partidos que eliminaría la facultad de los mandos militares para procesar las agresiones sexuales y la traspasaría a fiscales profesionales. Igualdad Ya y su socio SWAN (Service Women’s Action Network) han apoyado de forma constante esta reforma y realizarán un estrecho seguimiento del proyecto de ley en su paso por el proceso legislativo a fin de asegurar que las víctimas de agresiones sexuales tengan acceso a la justicia en el ejército.


ACTUALIZACION DEL 13 de FEBRERO de 2013: El senador Jon Tester y la congresista Chellie Pingree presentaron la “Ley Ruth Moore de 2013”. La ley, designada así en honor a Ruth Moore, veterana de la Marina, superviviente de una agresión sexual en el ejército y activista (objeto de nuestra Acción), reducirá la carga de la prueba necesaria para demostrar un trastorno por estrés postraumático (TEPT) relacionado con el servicio para los supervivientes de modo que puedan recibir las prestaciones y servicios necesarios del Departamento de Asuntos de Veteranos. Con la aprobación de esta ley se cumpliría uno de los tres objetivos de la campaña de Igualdad Ya y vamos a realizar un estrecho seguimiento de los avances de este proceso.


Ver pdf

Qué puede hacer: 

>> ¡TOME MEDIDAS!

Únase a Igualdad Ya y a nuestro socio SWAN en el llamamiento a:

El Secretario de Defensa y los Presidentes de la Comisión de Servicios Armados del Senado y la Cámara de Representantes para que:
  • Reformen el sistema judicial militar para que sean fiscales militares profesionales, y no superiores en la escala de mando del autor, los que se encarguen de investigar e iniciar los procedimientos judiciales en casos de agresión sexual. Diversos países, entre los que se encuentran el Reino Unido y Canadá, han reformado recientemente sus sistemas judiciales militares de manera que los comandantes no ejerzan una influencia indebida (y sin control) sobre los casos de agresión sexual.

 Las cartas deben ir dirigidas a:

The Hon. Chuck Hagel
Secretario de Defensa
Oficina del Secretario de Defensa
1400 Defense Pentagon
Washington, DC 20301
Tel: +1(703) 571-3343
Fax: +1(703) 571-8951
Email: chuck.hagel@osd.mil

Congresista Buck McKeon
Presidente de la Comisión de Servicios Armados de la Cámara de Representantes
Cámara de Representantes de EE. UU.
2184 Rayburn HOB
Washington, DC 20515
Tel: +1(202) 225-1956
Fax: +1(202) 226-0683
Facebook: www.facebook.com/BuckMcKeon
Twitter: @BuckMcKeon

Senador Carl Levin
Presidente de la Comisión de Servicios Armados del Senado
Senado de EE. UU.
Washington, DC 20510
Tel: +1(202) 224-6221
Fax: +1(202) 224-1388
Facebook: www.facebook.com/carllevin
Twitter: @SenCarlLevin

El Secretario de Defensa y los Presidentes de la Comisión de Servicios Armados del Senado y la Cámara de Representantes y House & Senate Judiciary Committee Chairs para que:

  • Permitan a las víctimas de agresiones sexuales en el ejército acceder a recursos civiles para que, al igual que las víctimas civiles, puedan demandar a su empleador, el ejército estadounidense, por agresión y acoso sexual.

 Las cartas deben ir dirigidas a:

The Honorable Chuck Hagel, Congressman Buck McKeon, Senator Carl Levin (contacts listed above)

Senator Patrick Leahy
Senate Judiciary Committee Chair
U.S. Senate
437 Russell Senate Bldg
United States Senate
Washington, DC 20510
Tel: (202) 224-4242
Fax: 202-224-3479
Facebook: www.facebook.com/SenatorPatrickLeahy
Twitter: @SenatorLeahy

Congressman Lamar Smith
House Judiciary Committee Chair
U.S. House of Representatives
2409 Rayburn House Office Building
Washington, DC 20515
Tel: 202-225-4236
Fax: 202-225-8628
Facebook: www.facebook.com/LamarSmithTX21
Twitter: @LamarSmithTX21

El Secretario de Asuntos de Veteranos y los Presidentes de la Comisión de Servicios Armados del Senado y la Cámara de Representantes para que:

  • Proporcionen a las víctimas que sufren trastorno por estrés postraumático relacionado con agresiones sexuales los servicios que necesitan para recuperarse del trauma reduciendo la carga probatoria innecesariamente alta a la que se enfrentan para demostrar su agresión y poder acceder a prestaciones por enfermedad.

Las cartas deben ir dirigidas a:

The Hon. Eric Shinseki
Secretario de Asuntos de Veteranos
Departamento de Asuntos de Veteranos
810 Vermont Ave, NW
Washington, DC 20420
Tel: +1(800) 827-1000
Email: Eric.Shinseki@va.gov

The Honorable Allison Hickey
Under Secretary for Benefits, Department of Veterans Affairs
810 Vermont Avenue, NW
Washington, DC 20420
Tel: 1.800.827.1000
Email: Allison.hickey@va.gov

Congressman Jeff Miller
Comité de Asuntos de Veteranos de la Cámara de Representantes
Cámara de Representantes de EE. UU.
2416 Rayburn HOB
Washington, DC 20515
Tel: +1(202) 225-4136
Fax: +1(202) 225-3414
Facebook: www.facebook.com/RepJeffMiller

Senator Patty Murray
Comité de Asuntos de Veteranos del Senado
Senado de EE. UU.
269 Russell Office Bldg
Washington, DC 20510
Tel: +1(202) 224-2621
Fax: +1(202) 224-0238
Twitter: @PattyMurray
 

Cartas: 

Comunicado sobre la reforma del sistema judicial

Estimado Secretario de Defensa Chuck Hagel:

Me pongo en contacto con usted para manifestarle mi profunda preocupación por la tasa alarmantemente alta de agresiones sexuales producidas dentro del ejército de EE. UU. y la continua impunidad de los militares que acosan y agreden sexualmente a sus compañeras. Cada año se producen en el ejército aproximadamente 19.000 agresiones sexuales, de las que tan solo 1 de cada 100 casos acaba en condena para el autor.

Esta baja tasa de condenas se debe a la multitud de obstáculos a los que se enfrentan las víctimas de violación en su búsqueda de justicia (denuncia del delito, sometimiento a una minuciosa investigación imparcial y la correspondiente acusación y castigo de su violador o acosador). Me preocupa que, en vez de a una parte independiente, la investigación de las denuncias por agresión sexual se encargue a un oficial dentro de la cadena de mando de los autores de la agresión, así como la gran opacidad con que se lleva a cabo, lo que provoca la aparición de conflictos de intereses y abuso de poder, especialmente debido a que la víctima y el autor pueden estar bajo las órdenes del mismo oficial. Además, los comandantes tienen incentivos para quitar importancia o encubrir las agresiones que se producen dentro de su cadena de mando, ya que estos delitos dan una mala imagen de la unidad.

La falta de protección a las mujeres militares frente a agresiones sexuales durante su estancia en el ejército y la negación de justicia y servicios infringen las obligaciones jurídicas internacionales de Estados Unidos en virtud del Pacto internacional relativo a los derechos civiles y políticos, que exige a los Estados proteger los derechos humanos fundamentales que suelen violarse en estos casos, tales como la igual protección de la ley, el derecho a no sufrir discriminación (incluida la violencia de género) y el derecho a disponer de un recurso efectivo.

Le insto a reformar el sistema judicial militar para que sean fiscales militares profesionales, y no superiores en la escala de mando del autor, los que se encarguen de investigar e iniciar los procedimientos judiciales en casos de agresión sexual. Diversos países, entre los que se encuentran el Reino Unido y Canadá, han reformado recientemente sus sistemas judiciales militares de manera que los comandantes no ejerzan una influencia indebida (y sin control) sobre los casos de agresión sexual, por lo que le insto a que considere este planteamiento.

Reciba un cordial saludo,

cc:
Congresista Buck McKeon, Presidente de la Comisión de Servicios Armados de la Cámara de Representantes Senador Carl Levin, Presidente de la Comisión de Servicios Armados del Senado


Comunicado sobre recursos civiles

Estimado Secretario de Defensa Chuck Hagel:

Me pongo en contacto con usted para manifestarle mi profunda preocupación por la tasa alarmantemente alta de agresiones sexuales producidas dentro del ejército de EE. UU. y la continua impunidad de los militares que acosan y agreden sexualmente a sus compañeras. Cada año se producen en el ejército aproximadamente 19.000 agresiones sexuales, de las que tan solo 1 de cada 100 casos acaba en condena para el autor.

Esta baja tasa de condenas se debe a la multitud de obstáculos a los que se enfrentan las víctimas de violación en su búsqueda de justicia (denuncia del delito, sometimiento a una minuciosa investigación imparcial y la correspondiente acusación y castigo de su violador o acosador). Le transmito mi preocupación por el hecho de que, a diferencia de las víctimas civiles, las víctimas militares de violación no tienen manera alguna de demandar a su empleador, el ejército de EE. UU., mediante un procedimiento civil por no protegerlas de agresión o acoso sexual.

La falta de protección a las mujeres militares frente a agresiones sexuales durante su estancia en el ejército y la negación de justicia y servicios infringen las obligaciones jurídicas internacionales de Estados Unidos en virtud del Pacto internacional relativo a los derechos civiles y políticos, que exige a los Estados proteger los derechos humanos fundamentales que suelen violarse en estos casos, tales como la igual protección de la ley, el derecho a no sufrir discriminación (incluida la violencia de género) y el derecho a disponer de un recurso efectivo.

Por tanto, le insto a garantizar que las mujeres militares puedan solicitar y obtener justicia por el acoso y la violencia sexual que soportan.  Hago un llamamiento para que permita a todas las víctimas de agresiones sexuales producidas en el ejército acceder a recursos civiles para que, al igual que las víctimas civiles, puedan demandar a su empleador en un procedimiento civil por acoso y agresión sexual y así puedan obtener la justicia que merecen.

Reciba un cordial saludo.

cc:
Congresista Buck McKeon, Presidente de la Comisión de Servicios Armados de la Cámara de Representantes
Senador Carl Levin, Presidente de la Comisión de Servicios Armados del Senado
Senador Patrick Leahy, Presidente del Comité Judicial del Senado
Congresista Lamar Smith, Presidente del Comité Judicial de la Cámara de Representantes


Comunicación a Asuntos de Veteranos:

Eric Shinseki
Secretario del Departamento de Asuntos de Veteranos

Estimado Secretario Shinseki:

Me pongo en contacto con usted para manifestarle mi profunda preocupación por la tasa alarmantemente alta de agresiones sexuales producidas dentro del ejército de EE. UU. y los numerosos obstáculos a los que se enfrentan las víctimas de agresiones sexuales para acceder a los servicios que necesitan para su recuperación. Cada año se producen aproximadamente 19.000 agresiones sexuales en el ejército de EE. UU. La agresión y el acoso sexual causan las mismas tasas de trastornos por estrés postraumático en mujeres veteranas que el combate lo hace en los hombres.

Sin embargo, las víctimas de agresión sexual se enfrentan a dificultades especiales para acceder a las prestaciones por enfermedad del Departamento de Asuntos de Veteranos, ya que su personal a menudo no cree los relatos de las agresiones que dan las víctimas, incluso aunque estén respaldados por informes médicos, y exigen la presentación de pruebas procedentes de otras fuentes que corroboren la denuncia. Esta incredulidad y falta de prestación de los servicios necesarios hacen que se victimice a las personas que solicitan asistencia. Es revelador el hecho de que solo se apruebe el 32% de las demandas de trastorno por estrés postraumático relacionado con agresiones sexuales en el Departamento de Asuntos de Veteranos, frente al 54% general aprobado para todas las demandas en este tipo. Este Departamento debe reducir la carga probatoria necesaria para demostrar el trastorno por estrés postraumático relacionado con el ejército y aceptar únicamente el testimonio de la víctima como prueba de que se ha producido una agresión sexual.

La falta de protección a las mujeres militares frente a agresiones sexuales durante su estancia en el ejército y la negación de justicia y servicios infringen las obligaciones jurídicas internacionales de Estados Unidos en virtud del Pacto internacional relativo a los derechos civiles y políticos, que exige a los Estados proteger los derechos humanos fundamentales que suelen violarse en estos casos, tales como la igual protección de la ley, el derecho a no sufrir discriminación (incluida la violencia de género) y el derecho a disponer de un recurso efectivo.

Por ello, quisiera instale a revisar su política para garantizar que se proporcionen los servicios necesarios, sin demoras injustificadas, a las víctimas que sufren trastornos por estrés postraumático debido a una agresión sexual. Además, le insto a que reduzca la carga probatoria innecesariamente alta a la que se enfrentan para probar su agresión y poder acceder a prestaciones por enfermedad.

Reciba un cordial saludo,

cc:
Honorable Allison Hickey, Subsecretaria de Prestaciones, Departamento de Asuntos de Veteranos
Senador Patty Murray, Presidente del Comité de Asuntos de Veteranos en el Senado
Congresista Jeff Miller,  Presidente del Comité de Asuntos de Veteranos en la Cámara de Representantes

Yemen: poner fin a los matrimonios de niñas mediante la promulgación y aplicación de una ley que establezca la edad mínima para casarse

Número de acción: 
34.3
ACTUALIZACIÓN: 
UPDATE
Fecha: 
2012 May 21

ver pdf

Qué puede hacer: 

Escriba al Presidente de Yemen, al Ministro de Justicia y al Portavoz de la Cámara para pedirles lo siguiente:

  1. que se aseguren de que el borrador del proyecto de ley que prohíbe los matrimonios infantiles sea debatido y aprobado por el Parlamento lo antes posible;
  2. que garanticen el cumplimiento de esta ley una vez aprobada;
  3. que tomen medidas para proteger y promover los derechos de las niñas que ponen fin a sus matrimonios o escapan de ellos, proporcionándoles un alojamiento seguro, educación y terapia entre otras cosas.

Contribuya a difundir esta campaña compartiendo esta Acción con sus amigos.

>> ¡TOME MEDIDAS!

Por favor, dirija sus cartas a:

Mr. Abd-Rabbu Mansour Hadi
President of the Republic of Yemen
President Residence
60 Street
Sana’a, Yemen
Fax: +967 1 276 866
Fax: +967 1 252 803
Tel: +967 1 621 062

Judge Mursd Al-Arshani
Minister of Justice
Ministry of Justice
Justice Street
Sana’a, Yemen
Fax: +967 1 252 138
Tel: +967 1 334 334

Mr. Yahya Ali Al Raei
Speaker of the House
Yemeni Parliament
26 September Street
Sana’a, Yemen
Fax: +967 1 276 091
Tel: +967 1 272 765

Cartas: 

Estimado/a _____:

Escribo para expresar mi profunda preocupación por la prevalencia del matrimonio infantil en Yemen y la pasividad que ha mostrado hasta ahora el gobierno yemení con respecto a la posibilidad de prohibir esta práctica. La participación de las mujeres yemeníes en la revolución de 2011 fue fundamental para la posterior creación de su nuevo gobierno. En estos momentos Yemen necesita la participación y el apoyo de todos sus ciudadanos y ciudadanas. Si Yemen continúa permitiendo el matrimonio infantil, que provoca que la mitad de las niñas de este país se casen antes de cumplir los 18 años, el gobierno no demuestra interés alguno por el futuro del país.

Además, organizaciones internacionales, como la Organización Mundial de la Salud, UNICEF y UNFPA, han subrayado los efectos negativos de estos matrimonios en las pequeñas desde el punto de vista físico, emocional, psicológico, intelectual y sexual. Entre las consecuencias más comunes se incluyen abortos practicados en condiciones no asépticas, nacimientos de bebés muertos, fallecimiento de niñas como consecuencia del embarazo precoz, imposibilidad de seguir con los estudios, escasas relaciones sociales, restricción de la movilidad, nulo control sobre los recursos, escasa o nula capacidad de decisión en sus nuevos hogares y aumento del riesgo de sufrir violencia doméstica.

Me consta que desde 2009 sigue pendiente de aprobación parlamentaria un borrador de ley sobre el matrimonio de niñas que establecía en 17 años la edad mínima legal para contraer matrimonio, además de establecer multas y castigos para los violadores. Su aprobación sin demora sería un primer paso para ayudar a las niñas a escapar de los abusos y ayudarles a desarrollar sus posibilidades. La ausencia de una ley que prohíba los matrimonios infantiles en Yemen significa que las niñas deben recurrir a las leyes de divorcio de las mujeres para deshacer el vínculo legal (en lugar de que se les anule el matrimonio por ser ilegal) y están obligadas a devolver la dote para conseguir el divorcio. Uno de los casos más llamativos es el de Wafa, una niña de 11 años que en 2009 fue obligada a contraer matrimonio con un agricultor de 40 años que la torturó, golpeó y la intentó estrangular. Con el fin de escapar de los malos tratos y retomar sus estudios, Wafa huyó de la casa de su esposo pero no pudo escapar del matrimonio sin tener que devolver el dinero de la dote, que su padre había gastado antes de morir.

El gobierno yemení está obligado a impedir los matrimonios infantiles en virtud de la Convención sobre los Derechos del Niño (CRC, por sus siglas en inglés) y la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés), dos tratados que contienen disposiciones contra el matrimonio de niñas. Le ruego que se asegure de que el borrador del proyecto de ley que prohíbe los matrimonios infantiles sea debatido y aprobado por el Parlamento lo antes posible. Del mismo modo, le pido que garantice el cumplimiento de esta ley una vez aprobada y haga cumplir los castigos impuestos a quienes la incumplan. Tome también medidas para proteger y promover los derechos de las niñas que ponen fin a sus matrimonies o escapan de ellos, proporcionándoles un alojamiento seguro, educación y terapia entre otras cosas.

Gracias por su atención.

Reciba un cordial saludo,

Igualdad Ya hace un llamamiento al gobierno de Pakistán para que proteja a Uzma Ayub, una chica de 16 años violada por varios hombres, y que garantice la justicia en su caso

ACTUALIZACIÓN: 
Not an update
Fecha: 
2011 Dic 15
Fecha de actualización: 
2013 Feb 11
ACTUALIZACIÓN: 

ACTUALIZACIÓN FEBRERO DE 2013: Tras la remisión el pasado 31 de enero del proceso judicial por parte del Tribunal Supremo, el tribunal de menor rango absolvió a los acusados, entre ellos varios oficiales de policía, del caso de violación en grupo. Esto era de esperar, teniendo en cuenta la decisión del Tribunal Supremo de que no existía ninguna prueba concluyente contra los acusados. Nos preocupa la seguridad de Uzma y de su familia tras esta resolución ya que no disfrutarán más de protección estatal y están plenamente decididos a iniciar el proceso judicial. Estamos diseñando diversas estrategias con los socios para protegerla.


ACTUALIZACIÓN 22 DE JUNIO DE 2012: El 19 de junio, el Tribunal Supremo de Peshawar descartó su investigación en esto. El tribunal descubrió que los resultados de la prueba de ADN del bebé de Uzma no coincidían con los de los hombres involucrados en la violación. Además, el tribunal ordenó que Uzma se sometiera a varias pruebas con el detector de mentiras y decidió que los resultados no eran concluyentes. El 4 de junio, Igualdad Ya escribió al tribunal una carta en la que le expresaba su enorme indignación por someter a una víctima de violación a un detector de mentiras, ya que es psicológicamente perjudicial, y dado el carácter no concluyente de dicha prueba, altamente perjudicial.

El caso de la violación de Uzma por parte de una banda y el caso del asesinato de su hermano están todavía pendientes en el juzgado de primera instancia, e Igualdad Ya y nuestros socios están preparando una estrategia para los próximos pasos a acometer.


ACTUALIZACIÓN 29 DE FEBRERO DE 2012: Las presiones de los grupos de derechos humanos y los medios de comunicación han obligado al gobierno pakistaní a actuar en el caso de Uzma Ayub.  Después de que en diciembre de 2011 el Tribunal Superior de Peshawar ordenase constituir un comité de alto nivel para investigar el caso y adoptar medidas rigurosas contra los autores del delito y los policías que se negaron a desempeñar su trabajo tanto en el caso de la violación como en el del asesinato, 14 personas han sido detenidas en relación con la violación y 29 agentes de policía han sido suspendidos de oficio.  El presunto asesino del hermano de Uzma continúa en libertad, pero 15 de sus conspiradores ya han sido detenidos.  El gobierno ha trasladado a Uzma y su madre en Peshawar por razones de seguridad.  El 19 de enero, Uzma dio a luz a una niña. Tanto al bebé como a los presuntos violadores se les han extraído muestras de ADN que están siendo cotejadas para identificar al padre de la niña.  La siguiente vista en el caso de violación se celebrará una vez se conozcan los resultados de la prueba de paternidad.

Únase a nosotros para seguir haciendo un llamamiento al gobierno pakistaní y pedirle que el caso de Uzma sea investigado de manera exhaustiva y que todos los implicados, incluidas aquellas personas que pudieran haber obstruido el curso de la justicia, sean procesadas con todo el rigor de la ley. Asimismo, siga exigiendo que se aseguren de que los responsables del asesinato del hermano de Uzma, Alamzeb, sean puestos inmediatamente a disposición de la justicia para ser procesados. ¡TOME MEDIDAS!


Uzma y su hija

Igualdad Ya desea mostrar su profunda preocupación por la seguridad de Uzma Ayub, una joven de 16 años de Karak, en la provincia pakistaní de Khyber Pakhtunkhwa.  Uzma fue secuestrada en 2010 y estuvo privada de libertad durante un año, durante el cual sufrió repetidamente violaciones por parte de varias personas, entre la

Qué puede hacer: 

Escriba a los funcionarios que se indican a continuación para pedirles que garanticen la seguridad inmediata de Uzma y su familia. Pídales que se aseguren de que el caso de Uzma sea investigado de forma plena y adecuada, y que todos los implicados, incluidos los que han podido obstruir la justicia, sean procesados conforme a la Constitución de Pakistán y a sus obligaciones internacionales. Pídales también que se aseguren de que los responsables del asesinato del hermano de Uzma, Alamzeb, sean puestos inmediatamente a disposición de la justicia para ser procesados. Del mismo modo, ínsteles a proteger a las organizaciones locales y a investigar y perseguir debidamente las amenazas que han recibido.  Es necesario pedirles también que las autoridades transmitan un mensaje claro de que este tipo de delitos, especialmente por parte de los que deberían encargarse de hacer cumplir la ley, no se van a tolerar.

>> ¡TOME MEDIDAS!

Mr. Amir Haider Hoti
Chief Minister Khyber Pakhtunkhwa
Chief Minister House
Fort Road,
Peshawar Cantt
Pakistan
Tel: +92-91-9213574, +92-91- 9211719
Fax: +92-91-9210718, +92-91-9210743

Barrister Arshad Abdullah
Minister for Law & Parliamentary Affairs
Government of Khyber Pakhtoonkhwa
Minister Block Opposite to MPA Hostel
Peshawar, Khyber Pakhtoonkhwa
Tel: +92-91-9210353
Fax: +92-91-9211130
 
Mr. Syed Yousuf Raza Gillani
Prime Minister of the Islamic Republic of Pakistan
The Prime Minister’s Secretariat
Islamabad, Pakistan
Tel: +92 51 920 6111
Fax: +92 51 922 1596
E-mail: secretary@cabinet.gov.pk

Mr. Moula Bakhsh Chandio
Minister for Law, Justice
and Parliamentary Affairs
Ministry of Law, Justice
and Parliamentary Affairs
Islamabad, Pakistan
E-Mail: minister@molaw.gov.pk

Cartas: 

Estimado/a _____ :

Le escribo para mostrarle mi profunda preocupación por el caso de Uzma Ayub, una joven de Karak, en la provincia pakistaní de Khyber Pakhtunkha (KP), que fue violada por varias personas.

Me ha estremecido conocer las circunstancias que rodean el caso de esta chica de 16 años, secuestrada durante casi un año y víctima de repetidas violaciones por parte de varios individuos, entre ellos algunos policías. Mi consternación es aún mayor al enterarme de que, después de todo el sufrimiento de Uzma y su familia, el trauma se ha incrementado con el asesinato de su hermano Alamzeb Marwat a las puertas del juzgado de Kayak, presuntamente por familiares de algunos de los policías implicados en el caso de Uzma.

A pesar de las presiones y las amenazas de muerte recibidas, Uzma y su familia luchan por obtener justicia.  Este caso ha puesto a la luz un grado tremendo de corrupción policial en la zona, por eso le insto a abordar la situación con la máxima urgencia.  Le ruego que se asegure de que el caso de Uzma sea investigado adecuadamente y que los autores, incluidos los que hayan podido obstruir la justicia, sean procesados conforme a la propia Constitución de Pakistán, que establece que “todos los ciudadanos son iguales ante la ley y tienen derecho a la protección igual de la ley” y que “no se podrá discriminar a nadie por razón de sexo solamente”, así como las obligaciones internacionales de Pakistán en materia de derechos humanos, para garantizar que se haga justicia para todos.  También me gustaría que se asegure de que los responsables del asesinato del hermano de Uzma, Alamzeb, sean puestos inmediatamente a disposición de la justicia para ser procesados.

Parece ser que las ONG locales que han apoyado a Uzma en su lucha por obtener justicia han recibido serias amenazas. Por tanto, le insto a proteger a las organizaciones locales y a investigar y perseguir debidamente las amenazas recibidas.

Mediante el procesamiento de los responsables, el gobierno de KP estará enviando un mensaje claro de que este tipo de delitos, especialmente por parte de los que deberían encargarse de hacer cumplir la ley, no se van a tolerar.

Gracias por su atención.

Reciba un cordial saludo

Syndicate content