Violencia sexual

Comunicado sobre la reforma del sistema judicial

Estimado Secretario de Defensa Leon Panetta:

Me pongo en contacto con usted para manifestarle mi profunda preocupación por la tasa alarmantemente alta de agresiones sexuales producidas dentro del ejército de EE. UU. y la continua impunidad de los militares que acosan y agreden sexualmente a sus compañeras. Cada año se producen en el ejército aproximadamente 19.000 agresiones sexuales, de las que tan solo 1 de cada 100 casos acaba en condena para el autor.

Esta baja tasa de condenas se debe a la multitud de obstáculos a los que se enfrentan las víctimas de violación en su búsqueda de justicia (denuncia del delito, sometimiento a una minuciosa investigación imparcial y la correspondiente acusación y castigo de su violador o acosador). Me preocupa que, en vez de a una parte independiente, la investigación de las denuncias por agresión sexual se encargue a un oficial dentro de la cadena de mando de los autores de la agresión, así como la gran opacidad con que se lleva a cabo, lo que provoca la aparición de conflictos de intereses y abuso de poder, especialmente debido a que la víctima y el autor pueden estar bajo las órdenes del mismo oficial. Además, los comandantes tienen incentivos para quitar importancia o encubrir las agresiones que se producen dentro de su cadena de mando, ya que estos delitos dan una mala imagen de la unidad.

La falta de protección a las mujeres militares frente a agresiones sexuales durante su estancia en el ejército y la negación de justicia y servicios infringen las obligaciones jurídicas internacionales de Estados Unidos en virtud del Pacto internacional relativo a los derechos civiles y políticos, que exige a los Estados proteger los derechos humanos fundamentales que suelen violarse en estos casos, tales como la igual protección de la ley, el derecho a no sufrir discriminación (incluida la violencia de género) y el derecho a disponer de un recurso efectivo.

Le insto a reformar el sistema judicial militar para que sean fiscales militares profesionales, y no superiores en la escala de mando del autor, los que se encarguen de investigar e iniciar los procedimientos judiciales en casos de agresión sexual. Diversos países, entre los que se encuentran el Reino Unido y Canadá, han reformado recientemente sus sistemas judiciales militares de manera que los comandantes no ejerzan una influencia indebida (y sin control) sobre los casos de agresión sexual, por lo que le insto a que considere este planteamiento.

Reciba un cordial saludo,

cc:
Congresista Buck McKeon, Presidente de la Comisión de Servicios Armados de la Cámara de Representantes Senador Carl Levin, Presidente de la Comisión de Servicios Armados del Senado

Comunicado sobre recursos civiles

Estimado Secretario de Defensa Leon Panetta:

Me pongo en contacto con usted para manifestarle mi profunda preocupación por la tasa alarmantemente alta de agresiones sexuales producidas dentro del ejército de EE. UU. y la continua impunidad de los militares que acosan y agreden sexualmente a sus compañeras. Cada año se producen en el ejército aproximadamente 19.000 agresiones sexuales, de las que tan solo 1 de cada 100 casos acaba en condena para el autor.

Esta baja tasa de condenas se debe a la multitud de obstáculos a los que se enfrentan las víctimas de violación en su búsqueda de justicia (denuncia del delito, sometimiento a una minuciosa investigación imparcial y la correspondiente acusación y castigo de su violador o acosador). Le transmito mi preocupación por el hecho de que, a diferencia de las víctimas civiles, las víctimas militares de violación no tienen manera alguna de demandar a su empleador, el ejército de EE. UU., mediante un procedimiento civil por no protegerlas de agresión o acoso sexual.

La falta de protección a las mujeres militares frente a agresiones sexuales durante su estancia en el ejército y la negación de justicia y servicios infringen las obligaciones jurídicas internacionales de Estados Unidos en virtud del Pacto internacional relativo a los derechos civiles y políticos, que exige a los Estados proteger los derechos humanos fundamentales que suelen violarse en estos casos, tales como la igual protección de la ley, el derecho a no sufrir discriminación (incluida la violencia de género) y el derecho a disponer de un recurso efectivo.

Por tanto, le insto a garantizar que las mujeres militares puedan solicitar y obtener justicia por el acoso y la violencia sexual que soportan.  Hago un llamamiento para que permita a todas las víctimas de agresiones sexuales producidas en el ejército acceder a recursos civiles para que, al igual que las víctimas civiles, puedan demandar a su empleador en un procedimiento civil por acoso y agresión sexual y así puedan obtener la justicia que merecen.

Reciba un cordial saludo.

cc:
Congresista Buck McKeon, Presidente de la Comisión de Servicios Armados de la Cámara de Representantes
Senador Carl Levin, Presidente de la Comisión de Servicios Armados del Senado
Senador Patrick Leahy, Presidente del Comité Judicial del Senado
Congresista Lamar Smith, Presidente del Comité Judicial de la Cámara de Representantes

Comunicación a Asuntos de Veteranos:

Eric Shinseki
Secretario del Departamento de Asuntos de Veteranos

Estimado Secretario Shinseki:

Me pongo en contacto con usted para manifestarle mi profunda preocupación por la tasa alarmantemente alta de agresiones sexuales producidas dentro del ejército de EE. UU. y los numerosos obstáculos a los que se enfrentan las víctimas de agresiones sexuales para acceder a los servicios que necesitan para su recuperación. Cada año se producen aproximadamente 19.000 agresiones sexuales en el ejército de EE. UU. La agresión y el acoso sexual causan las mismas tasas de trastornos por estrés postraumático en mujeres veteranas que el combate lo hace en los hombres.

Sin embargo, las víctimas de agresión sexual se enfrentan a dificultades especiales para acceder a las prestaciones por enfermedad del Departamento de Asuntos de Veteranos, ya que su personal a menudo no cree los relatos de las agresiones que dan las víctimas, incluso aunque estén respaldados por informes médicos, y exigen la presentación de pruebas procedentes de otras fuentes que corroboren la denuncia. Esta incredulidad y falta de prestación de los servicios necesarios hacen que se victimice a las personas que solicitan asistencia. Es revelador el hecho de que solo se apruebe el 32% de las demandas de trastorno por estrés postraumático relacionado con agresiones sexuales en el Departamento de Asuntos de Veteranos, frente al 54% general aprobado para todas las demandas en este tipo. Este Departamento debe reducir la carga probatoria necesaria para demostrar el trastorno por estrés postraumático relacionado con el ejército y aceptar únicamente el testimonio de la víctima como prueba de que se ha producido una agresión sexual.

La falta de protección a las mujeres militares frente a agresiones sexuales durante su estancia en el ejército y la negación de justicia y servicios infringen las obligaciones jurídicas internacionales de Estados Unidos en virtud del Pacto internacional relativo a los derechos civiles y políticos, que exige a los Estados proteger los derechos humanos fundamentales que suelen violarse en estos casos, tales como la igual protección de la ley, el derecho a no sufrir discriminación (incluida la violencia de género) y el derecho a disponer de un recurso efectivo.

Por ello, quisiera instale a revisar su política para garantizar que se proporcionen los servicios necesarios, sin demoras injustificadas, a las víctimas que sufren trastornos por estrés postraumático debido a una agresión sexual. Además, le insto a que reduzca la carga probatoria innecesariamente alta a la que se enfrentan para probar su agresión y poder acceder a prestaciones por enfermedad.

Reciba un cordial saludo,

cc:
Honorable Allison Hickey, Subsecretaria de Prestaciones, Departamento de Asuntos de Veteranos
Senador Patty Murray, Presidente del Comité de Asuntos de Veteranos en el Senado
Congresista Jeff Miller,  Presidente del Comité de Asuntos de Veteranos en la Cámara de Representantes

Estimado/a _____ :

Le escribo para mostrarle mi profunda preocupación por el caso de Uzma Ayub, una joven de Karak, en la provincia pakistaní de Khyber Pakhtunkha (KP), que fue violada por varias personas.

Me ha estremecido conocer las circunstancias que rodean el caso de esta chica de 16 años, secuestrada durante casi un año y víctima de repetidas violaciones por parte de varios individuos, entre ellos algunos policías. Mi consternación es aún mayor al enterarme de que, después de todo el sufrimiento de Uzma y su familia, el trauma se ha incrementado con el asesinato de su hermano Alamzeb Marwat a las puertas del juzgado de Kayak, presuntamente por familiares de algunos de los policías implicados en el caso de Uzma.

A pesar de las presiones y las amenazas de muerte recibidas, Uzma y su familia luchan por obtener justicia.  Este caso ha puesto a la luz un grado tremendo de corrupción policial en la zona, por eso le insto a abordar la situación con la máxima urgencia.  Le ruego que se asegure de que el caso de Uzma sea investigado adecuadamente y que los autores, incluidos los que hayan podido obstruir la justicia, sean procesados conforme a la propia Constitución de Pakistán, que establece que “todos los ciudadanos son iguales ante la ley y tienen derecho a la protección igual de la ley” y que “no se podrá discriminar a nadie por razón de sexo solamente”, así como las obligaciones internacionales de Pakistán en materia de derechos humanos, para garantizar que se haga justicia para todos.  También me gustaría que se asegure de que los responsables del asesinato del hermano de Uzma, Alamzeb, sean puestos inmediatamente a disposición de la justicia para ser procesados.

Parece ser que las ONG locales que han apoyado a Uzma en su lucha por obtener justicia han recibido serias amenazas. Por tanto, le insto a proteger a las organizaciones locales y a investigar y perseguir debidamente las amenazas recibidas.

Mediante el procesamiento de los responsables, el gobierno de KP estará enviando un mensaje claro de que este tipo de delitos, especialmente por parte de los que deberían encargarse de hacer cumplir la ley, no se van a tolerar.

Gracias por su atención.

Reciba un cordial saludo

Su Majestad el Rey Abdullah bin Abdul Aziz Al Saud
Arabia Saudita
Fax: +966 1 491 2726]

[Su Excelencia Dr. Muhammad bin Abdul Elkarim Abdul Azziz El Issa
Ministro de Justicia
University Street, Riyadh 11137
Arabia Saudita
Fax: +966-1-401-1741]

[Fecha]

[Su Alteza] [Estimado Ministro],

Escribo para expresar mi profunda preocupación por el tema de los matrimonios de niñas en Arabia Saudita y el impacto extremadamente negativo que estos matrimonios tienen en las niñas. Un caso reciente es el de Fatima, una niña de 12 años de Najran a quien su padre casó con un hombre de 50 años, que ya tiene una mujer y diez hijos, a cambio de 40.000 riyales que empleó en la compra de un coche.  El abuelo y el tío paternos de Fatima se opusieron al matrimonio, pero no pudieron impedirlo porque la ley saudí establece que el padre tiene derecho a entregar a la hija en matrimonio a cualquier edad y a quien desee.  Ellos temen que las dos hermanas pequeñas de Fatima puedan correr la misma suerte.

Estos matrimonios violan los derechos humanos de las niñas porque les impiden elegir a su propio esposo y el momento de casarse. Organizaciones internacionales como la Organización Mundial de la Salud, UNICEF y UNFPA han subrayado los efectos negativos de estos matrimonios en las pequeñas desde el punto de vista físico, emocional, psicológico, intelectual y sexual.  El matrimonio de Fatima le impedirá, entre otras cosas, tener una educación y pondrá en grave peligro su derecho al bienestar mental, emocional y físico.

Le insto a promulgar un edicto que prohíba los matrimonios de menores mediante el establecimiento de una edad mínima de 18 años para contraer matrimonio y las correspondientes penas para aquellos que celebren o faciliten estas uniones.  También le insto a tomar medidas urgentes para anular los matrimonios de niñas cuyos contratos han sido firmados pero que aún no han sido entregadas a los esposos, y a garantizar que las niñas que ya viven con sus maridos tengan una verdadera oportunidad de anular sus matrimonios.  Le ruego que se asegure de que el sistema jurídico y judicial del país refleje las declaraciones efectuadas por su gobierno ante organismos internacionales en las que señala que las mujeres no están sujetas a la tutela del varón sino que tienen derecho, entre otras cosas, a casarse cuando y con quien quieran.  En este sentido, le pido que apoye la creación de una ley codificada sobre el estado civil con el fin de garantizar los derechos de la mujer en el matrimonio y el divorcio, y se asegure de que dicha ley se base en los principios de la igualdad y la no discriminación.  

Gracias por su atención.

Reciba un cordial saludo.

Cc: Comisón de Derechos Humanos (e-mail: hrc@haq-ksa.org)