Violencia contra las mujeres

Mauritania: protejan a Aminetou Mint El-Moctar, activista de derechos humanos

ACTUALIZACIÓN: 
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Fecha: 
2014 Ago 12

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Qué puede hacer: 

¡TOME MEDIDAS! << Click on this link to send all letters below online.

Apoye a Igualdad Ya, la coalición Solidarity for African Women's Rights (SOAWR) y FEMNET en su llamamiento urgente a las autoridades abajo indicadas, exigiendo lo siguiente:

  • Que se tomen inmediatamente las medidas necesarias para preservar la integridad física y psicológica de Aminetou Mint El Moctar, y que se persiga a sus acosadores para que pueda continuar luchando por los derechos humanos.
  • Que las autoridades mauritanas lleven a cabo una investigación urgente, exhaustiva, imparcial y transparente de las personas que amenacen a Mint El-Moctar, y que los autores de dichas amenazas sean llevados ante la justicia.
  • Que el gobierno mauritano cumpla sus obligaciones nacionales, regionales e internacionales de proteger, ejecutar y respetar los derechos fundamentales de sus ciudadanos, y en especial en los casos relacionados con los defensores de los derechos humanos.

H.E. Mr. Sidi Ould Zeine
Minister of Justice
B.P. 350
Nouakchot, Mauritania
Tel: +222 525 2682
Fax: +222 525 2860
Email: szeine@justice.gov.mr

Ms. Irabiha Abdel Wedoud
Présidente Commission Nationale des Droits de l’Homme
B.P. 5435
Nouakchott, Mauritania
Tel: + 222-45-25-26-36
Fax: + 222-45-25-26-23
Email: irabdel@yahoo.fr

H.E. Mr. Abderahim Ould Elhadrami
Ambassador
Permanent Mission of the Islamic Republic of Mauritania to the United Nations
116 East 38th Street
New York, N.Y. 10016
Tel: +1 212 252 0113/0141
Fax: +1 212 252 0175
Email: mauritania@un.int

Embassy of the Islamic Republic of Mauritania
2129 Leroy Place, NW
Washington DC 20008
Phone: +1 202 232 5700
Fax: +1 202 319 2623
Email: info@mauritaniaembassy-usa.org

Embassy of Mauritania in London
Carlyle House
235-237 Vauxhall Bridge Road,
London SW1V 1EJ
Tel: +44 (0) 2072336158
Email: info@mauritanianembassy.org.uk

Cartas: 

Excelentísimo señor Ministro / Embajador / Presidente:

Estoy profundamente preocupado por las amenazas de muerte publicadas contra Aminetou Mint El-Moctar, prominente defensora mauritana de los derechos humanos, y por la pasividad del gobierno y la policía en este caso, que no la está protegiendo de Yadhih Ould Dahi, autoproclamado líder del grupo extremista “Amigos del Profeta”. Ould Dahi publicó una fatua el pasado 5 de junio de 2014, en la que señalaba que “aquél que la mate o le saque los ojos será recompensado por Alá”. Aminetou lo denunció al día siguiente, pero la policía, en lugar de rellenar el impreso pertinente, le aconsejó que lo hablara directamente con Yadhih Ould Dahi… ¡el propio autor de las amenazas de muerte! Desde entonces, los datos personales de Mint El-Moctar se han hecho públicos, lo cual la pone en serio peligro. Las autoridades mauritanas no han hecho nada por protegerla ni condenar la fatua, de modo que ella y sus hijos viven ahora de forma clandestina.

Luchadora empedernida por la igualdad de género y los derechos humanos, Mint El-Moctar ha sido galardonada varias veces por su labor en la lucha contra todas las formas de discriminación, violencia y prácticas nocivas contra las mujeres y sus hijas. En un claro ejemplo de lo que supone una violación de sus derechos constitucionales de libertad de opinión y expresión, Aminetou fue amenazada por reclamar públicamente un juicio justo para Cheikh Ould Mkheitir, un joven acusado de apostasía que espera su juicio al norte de Mauritania, así como por trabajar contra la violencia sexual en el país.  

Por tanto, me uno a Igualdad Ya, la coalición Solidarity for African Women's Rights Coalition, FEMNET y la comunidad internacional de derechos humanos en su llamamiento a las autoridades mauritanas para  que protejan de inmediato a Aminetou Mint El Moctar y lleven ante la justicia a los autores de las amenazas, de modo que ella y su organización puedan seguir trabajando por los derechos humanos.

El gobierno mauritano debe cumplir sus obligaciones nacionales, regionales e internacionales de proteger, ejecutar y respetar los derechos fundamentales de sus ciudadanos, y en especial en los casos relacionados con los defensores de los derechos humanos.

Gracias por su atención.

Reciba un cordial saludo.

Egipto: poner fin a la violencia sexual contra las mujeres que reivindican sus derechos

ACTUALIZACIÓN: 
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Fecha: 
2013 Abr 11

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Qué puede hacer: 

>> ¡TOME MEDIDAS!

Recuerde a las autoridades egipcias las obligaciones contraídas en virtud de la CEDAW, el ICCPR y el ICESCR para garantizar la igualdad entre hombres y mujeres e impedir la violencia de género. Escriba a las autoridades egipcias abajo mencionadas para pedirles que:

  • pongan fin a las estrategias de violencia sexual e intimidación contra las mujeres que defienden sus derechos
  • investiguen adecuadamente y lleven a los tribunales toda agresión sexual que se produzca, tanto en público como en el ámbito privado
  • desarrollen los mecanismos necesarios para integrar las voces de las mujeres en todos los procesos administrativos y oficiales

Las cartas deben ir dirigidas a:

Interim President Adly Mansour
El Etahadiya Presidential Palace
Merghiny St., Heliopolis
Cairo, EGIPTO
Fax y Tel.: +202 239 019 980
Twitter: @EgyPresidency

Prime Minister Ibrahim Mehleb
Magless El Shaàb Street, Al Kasr El Einy
Cairo, EGIPTO
Tel.: +202-2793-5000
Fax: +202-2795-8048
Email: pm@cabinet.gov.eg

Minister of Justice
Lazoghly Square
Cairo, EGIPTO
Tel.: +20227922263
Fax: +20227958103
Email: mjustice@moj.gov.eg

Cartas: 

Excelentísimo señor Presidente Morsi, Excelentísimo señor Primer Ministro Qandil, Excelentísimo señor Ministro:

Le escribo para expresar mi apoyo a las mujeres egipcias que continúan reclamando su integración plena en todas las instituciones y marcos políticos post-revolucionarios, tal y como establecía la Carta de las Mujeres de 2011. Las mujeres de Egipto merecen ser reconocidas como ciudadanas de pleno derecho y en igualdad de condiciones, y no deben sufrir violencia sexual por reivindicar sus derechos.

Resulta alarmante es el aumento del número de episodios de violencia sexual aparentemente organizados que se producen en la plaza Tahrir y sus inmediaciones. Me gustaría pedirle que ponga fin a las estrategias de violencia sexual e intimidación contra las mujeres que defienden sus derechos. Asimismo, le insto a actuar de manera inmediata y firme para impedir estos actos de violencia contra las mujeres, a asegurarse de que los autores de dichos delitos rindan cuentas cuanto antes y a que garantice la libre participación de todos los ciudadanos y ciudadanas de Egipto en manifestaciones o debates pacíficos relacionados con el futuro del país, sin que nadie sufra amenazas ni agresiones por ello. Me consta que su gobierno ha puesto en marcha una “iniciativa para defender los derechos y las libertades de las mujeres egipcias” y espero que incluya medidas contundentes en relación con la violencia contra las mujeres, así como con otras cuestiones relacionadas con la discriminación de la mujer. Le pido además que integre a las mujeres en todos los procesos administrativos y gubernamentales.

Las obligaciones internacionales de Egipto, incluido el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, establecen la plena igualdad de hombres y mujeres y la prohibición y prevención de la violencia de género.

Dichas medidas garantizarán el respeto de los derechos humanos de los hombres y las mujeres de este país, y contribuirán a que Egipto sea un lugar más seguro.

Gracias por su atención.

Atentamente,

Estados Unidos: Debe detenerse la agresión sexual a mujeres en el ejército

ACTUALIZACIÓN: 
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Fecha: 
2012 Oct 2
Fecha de actualización: 
2013 Feb 13
ACTUALIZACIÓN: 

ACTUALIZACIÓN 20 DE AGOSTO DE 2013: Los últimos avances en el proceso apuntan a un impulso por parte del Congreso y del Ejército para abordar las agresiones sexuales en las Fuerzas Armadas.

El 15 de agosto, el Departamento de Defensa de Estados Unidos (DOD, por sus siglas en inglés) anunciaba nuevas medidas de prevención contra las agresiones sexuales. Entre otras, se explicaron las siete iniciativas nuevas del Secretario de Defensa, Chuck Hagel, para fortalecer y normalizar la labor del departamento con respecto a la prevención y actuación en materia de agresiones sexuales. A pesar de que Igualdad Ya se congratula de que el DOD estadounidense reconozca la gravedad del asunto, las iniciativas no suponen el cambio estructural necesario para prevenir la violencia y para que las víctimas accedan a la justicia. Como declararon nuestros asociados de SWAN, “las soluciones militares pequeñas contra las agresiones sexuales en el Ejército no van a acabar con la corriente cultural generada por todos los años de represalias y culpabilidades de las víctimas”. Por ese motivo, continuaremos apoyando la Ley de mejora de justicia militar (MJIA, por sus siglas en inglés) de la senadora Kirsten Gillibrand, que profesionalizaría el sistema de justicia militar y proporcionaría una justicia realmente necesaria a las víctimas de agresiones sexuales. La Senadora Gillibrand pedirá el voto de los senadores al proyecto de ley MJIA tras el descanso vacacional del Congreso. Si está usted en Estados Unidos, pida a su senador que vote a favor de la aprobación del proyecto.

Asimismo, hemos acogido con satisfacción la aprobación en julio, por parte de la Cámara de los Representantes, de dos enmiendas al Proyecto de Ley de Presupuestos (HR 2397), presentadas por la congresista Jackie Speier (D-CA) y relativas a la forma de abordar los casos de agresión sexual. Esto tiene que ver con un informe reciente del Inspector General del Departamento de Defensa, que halló errores graves en el proceso de investigación de las agresiones sexuales dentro del Ejército. De 501 investigaciones, 418 tenían deficiencias que dificultaban la oportunidad de la víctima de lograr justicia. En general, 399 de estos casos presentaban deficiencias relacionadas con los interrogatorios o con fases posteriores al interrogatorio. Se detectaron asimismo deficiencias en el proceso de interrogación, recogida de pruebas, seguimiento de pistas y fotografía de la escena del delito. Las enmiendas abordan el uso indebido y generalizado del “trastorno de personalidad” como diagnóstico en las víctimas de las agresiones sexuales y establecen fondos adicionales para formar a los investigadores de este tipo de delitos. Confiamos en que el Senado muestre además, mediante la aprobación de este proyecto de ley, un apoyo bipartidario a todas aquellas personas que han sufrido agresiones sexuales en el Ejército estadounidense.


ACTUALIZACIÓN DEL 24 DE MAYO DE 2013: El 7 de mayo el Departamento de Defensa estadounidense publicó su Informe anual sobre agresiones sexuales en el ejército de 2012. El informe mostraba claramente que los esfuerzos dirigidos a combatir las agresiones sexuales en el ejército no están teniendo el efecto deseado y que, de hecho, están empeorando la violencia sexual y la cultura de impunidad. De una forma escandalosa, el número de agresiones sexuales denunciadas ha aumentado en todas las secciones del ejército en un 35% en total desde 2010, pasando de 19.300 miembros de las Fuerzas Armadas en 2010 a 26.000 en 2012. Tras la detención por agresión sexual del teniente coronel Jeffrey Krusinski, el oficial a cargo de la Oficina de Respuesta y Prevención de Agresiones Sexuales de las Fuerzas Aéreas de EE. UU., y la revelación de que otros dos oficiales encargados de la prevención de estos delitos en el ejército estadounidense han sido acusados de delitos sexuales, entre los que se encuentra una alegación vinculada a una red de prostitución, está perfectamente claro que no se están tomando en serio los esfuerzos por abordar las agresiones sexuales en el ejército de EE. UU.

Por tanto, Igualdad Ya acoge con agrado la introducción el 16 de mayo de la Ley de mejora de la justicia militar de 2013 por parte de la senadora Kirsten Gillibrand (partido demócrata, estado de Nueva York), un proyecto de ley de los dos partidos que eliminaría la facultad de los mandos militares para procesar las agresiones sexuales y la traspasaría a fiscales profesionales. Igualdad Ya y su socio SWAN (Service Women’s Action Network) han apoyado de forma constante esta reforma y realizarán un estrecho seguimiento del proyecto de ley en su paso por el proceso legislativo a fin de asegurar que las víctimas de agresiones sexuales tengan acceso a la justicia en el ejército.


ACTUALIZACION DEL 13 de FEBRERO de 2013: El senador Jon Tester y la congresista Chellie Pingree presentaron la “Ley Ruth Moore de 2013”. La ley, designada así en honor a Ruth Moore, veterana de la Marina, superviviente de una agresión sexual en el ejército y activista (objeto de nuestra Acción), reducirá la carga de la prueba necesaria para demostrar un trastorno por estrés postraumático (TEPT) relacionado con el servicio para los supervivientes de modo que puedan recibir las prestaciones y servicios necesarios del Departamento de Asuntos de Veteranos. Con la aprobación de esta ley se cumpliría uno de los tres objetivos de la campaña de Igualdad Ya y vamos a realizar un estrecho seguimiento de los avances de este proceso.


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Qué puede hacer: 

>> ¡TOME MEDIDAS!

Únase a Igualdad Ya y a nuestro socio SWAN en el llamamiento a:


El Secretario de Defensa y los Presidentes de la Comisión de Servicios Armados del Senado y la Cámara de Representantes para que:
  • Reformen el sistema judicial militar para que sean fiscales militares profesionales, y no superiores en la escala de mando del autor, los que se encarguen de investigar e iniciar los procedimientos judiciales en casos de agresión sexual. Diversos países, entre los que se encuentran el Reino Unido y Canadá, han reformado recientemente sus sistemas judiciales militares de manera que los comandantes no ejerzan una influencia indebida (y sin control) sobre los casos de agresión sexual.

 Las cartas deben ir dirigidas a:

The Hon. Chuck Hagel
Secretario de Defensa
Oficina del Secretario de Defensa
1400 Defense Pentagon
Washington, DC 20301
Tel: +1(703) 571-3343
Fax: +1(703) 571-8951
Email: chuck.hagel@osd.mil

Congresista Buck McKeon
Presidente de la Comisión de Servicios Armados de la Cámara de Representantes
Cámara de Representantes de EE. UU.
2184 Rayburn HOB
Washington, DC 20515
Tel: +1(202) 225-1956
Fax: +1(202) 226-0683
Facebook: www.facebook.com/BuckMcKeon
Twitter: @BuckMcKeon

Senador Carl Levin
Presidente de la Comisión de Servicios Armados del Senado
Senado de EE. UU.
Washington, DC 20510
Tel: +1(202) 224-6221
Fax: +1(202) 224-1388
Facebook: www.facebook.com/carllevin
Twitter: @SenCarlLevin

El Secretario de Defensa y los Presidentes de la Comisión de Servicios Armados del Senado y la Cámara de Representantes y House & Senate Judiciary Committee Chairs para que:

  • Permitan a las víctimas de agresiones sexuales en el ejército acceder a recursos civiles para que, al igual que las víctimas civiles, puedan demandar a su empleador, el ejército estadounidense, por agresión y acoso sexual.

 Las cartas deben ir dirigidas a:

The Honorable Chuck Hagel, Congressman Buck McKeon, Senator Carl Levin (contacts listed above)

Senator Patrick Leahy
Senate Judiciary Committee Chair
U.S. Senate
437 Russell Senate Bldg
United States Senate
Washington, DC 20510
Tel: (202) 224-4242
Fax: 202-224-3479
Facebook: www.facebook.com/SenatorPatrickLeahy
Twitter: @SenatorLeahy

Congressman Lamar Smith
House Judiciary Committee Chair
U.S. House of Representatives
2409 Rayburn House Office Building
Washington, DC 20515
Tel: 202-225-4236
Fax: 202-225-8628
Facebook: www.facebook.com/LamarSmithTX21
Twitter: @LamarSmithTX21

El Secretario de Asuntos de Veteranos y los Presidentes de la Comisión de Servicios Armados del Senado y la Cámara de Representantes para que:

  • Proporcionen a las víctimas que sufren trastorno por estrés postraumático relacionado con agresiones sexuales los servicios que necesitan para recuperarse del trauma reduciendo la carga probatoria innecesariamente alta a la que se enfrentan para demostrar su agresión y poder acceder a prestaciones por enfermedad.

Las cartas deben ir dirigidas a:

The Hon. Eric Shinseki
Secretario de Asuntos de Veteranos
Departamento de Asuntos de Veteranos
810 Vermont Ave, NW
Washington, DC 20420
Tel: +1(800) 827-1000
Email: Eric.Shinseki@va.gov

The Honorable Allison Hickey
Under Secretary for Benefits, Department of Veterans Affairs
810 Vermont Avenue, NW
Washington, DC 20420
Tel: 1.800.827.1000
Email: Allison.hickey@va.gov

Congressman Jeff Miller
Comité de Asuntos de Veteranos de la Cámara de Representantes
Cámara de Representantes de EE. UU.
2416 Rayburn HOB
Washington, DC 20515
Tel: +1(202) 225-4136
Fax: +1(202) 225-3414
Facebook: www.facebook.com/RepJeffMiller

Senator Patty Murray
Comité de Asuntos de Veteranos del Senado
Senado de EE. UU.
269 Russell Office Bldg
Washington, DC 20510
Tel: +1(202) 224-2621
Fax: +1(202) 224-0238
Twitter: @PattyMurray
 

Cartas: 

Comunicado sobre la reforma del sistema judicial

Estimado Secretario de Defensa Chuck Hagel:

Me pongo en contacto con usted para manifestarle mi profunda preocupación por la tasa alarmantemente alta de agresiones sexuales producidas dentro del ejército de EE. UU. y la continua impunidad de los militares que acosan y agreden sexualmente a sus compañeras. Cada año se producen en el ejército aproximadamente 19.000 agresiones sexuales, de las que tan solo 1 de cada 100 casos acaba en condena para el autor.

Esta baja tasa de condenas se debe a la multitud de obstáculos a los que se enfrentan las víctimas de violación en su búsqueda de justicia (denuncia del delito, sometimiento a una minuciosa investigación imparcial y la correspondiente acusación y castigo de su violador o acosador). Me preocupa que, en vez de a una parte independiente, la investigación de las denuncias por agresión sexual se encargue a un oficial dentro de la cadena de mando de los autores de la agresión, así como la gran opacidad con que se lleva a cabo, lo que provoca la aparición de conflictos de intereses y abuso de poder, especialmente debido a que la víctima y el autor pueden estar bajo las órdenes del mismo oficial. Además, los comandantes tienen incentivos para quitar importancia o encubrir las agresiones que se producen dentro de su cadena de mando, ya que estos delitos dan una mala imagen de la unidad.

La falta de protección a las mujeres militares frente a agresiones sexuales durante su estancia en el ejército y la negación de justicia y servicios infringen las obligaciones jurídicas internacionales de Estados Unidos en virtud del Pacto internacional relativo a los derechos civiles y políticos, que exige a los Estados proteger los derechos humanos fundamentales que suelen violarse en estos casos, tales como la igual protección de la ley, el derecho a no sufrir discriminación (incluida la violencia de género) y el derecho a disponer de un recurso efectivo.

Le insto a reformar el sistema judicial militar para que sean fiscales militares profesionales, y no superiores en la escala de mando del autor, los que se encarguen de investigar e iniciar los procedimientos judiciales en casos de agresión sexual. Diversos países, entre los que se encuentran el Reino Unido y Canadá, han reformado recientemente sus sistemas judiciales militares de manera que los comandantes no ejerzan una influencia indebida (y sin control) sobre los casos de agresión sexual, por lo que le insto a que considere este planteamiento.

Reciba un cordial saludo,

cc:
Congresista Buck McKeon, Presidente de la Comisión de Servicios Armados de la Cámara de Representantes Senador Carl Levin, Presidente de la Comisión de Servicios Armados del Senado


Comunicado sobre recursos civiles

Estimado Secretario de Defensa Chuck Hagel:

Me pongo en contacto con usted para manifestarle mi profunda preocupación por la tasa alarmantemente alta de agresiones sexuales producidas dentro del ejército de EE. UU. y la continua impunidad de los militares que acosan y agreden sexualmente a sus compañeras. Cada año se producen en el ejército aproximadamente 19.000 agresiones sexuales, de las que tan solo 1 de cada 100 casos acaba en condena para el autor.

Esta baja tasa de condenas se debe a la multitud de obstáculos a los que se enfrentan las víctimas de violación en su búsqueda de justicia (denuncia del delito, sometimiento a una minuciosa investigación imparcial y la correspondiente acusación y castigo de su violador o acosador). Le transmito mi preocupación por el hecho de que, a diferencia de las víctimas civiles, las víctimas militares de violación no tienen manera alguna de demandar a su empleador, el ejército de EE. UU., mediante un procedimiento civil por no protegerlas de agresión o acoso sexual.

La falta de protección a las mujeres militares frente a agresiones sexuales durante su estancia en el ejército y la negación de justicia y servicios infringen las obligaciones jurídicas internacionales de Estados Unidos en virtud del Pacto internacional relativo a los derechos civiles y políticos, que exige a los Estados proteger los derechos humanos fundamentales que suelen violarse en estos casos, tales como la igual protección de la ley, el derecho a no sufrir discriminación (incluida la violencia de género) y el derecho a disponer de un recurso efectivo.

Por tanto, le insto a garantizar que las mujeres militares puedan solicitar y obtener justicia por el acoso y la violencia sexual que soportan.  Hago un llamamiento para que permita a todas las víctimas de agresiones sexuales producidas en el ejército acceder a recursos civiles para que, al igual que las víctimas civiles, puedan demandar a su empleador en un procedimiento civil por acoso y agresión sexual y así puedan obtener la justicia que merecen.

Reciba un cordial saludo.

cc:
Congresista Buck McKeon, Presidente de la Comisión de Servicios Armados de la Cámara de Representantes
Senador Carl Levin, Presidente de la Comisión de Servicios Armados del Senado
Senador Patrick Leahy, Presidente del Comité Judicial del Senado
Congresista Lamar Smith, Presidente del Comité Judicial de la Cámara de Representantes


Comunicación a Asuntos de Veteranos:

Eric Shinseki
Secretario del Departamento de Asuntos de Veteranos

Estimado Secretario Shinseki:

Me pongo en contacto con usted para manifestarle mi profunda preocupación por la tasa alarmantemente alta de agresiones sexuales producidas dentro del ejército de EE. UU. y los numerosos obstáculos a los que se enfrentan las víctimas de agresiones sexuales para acceder a los servicios que necesitan para su recuperación. Cada año se producen aproximadamente 19.000 agresiones sexuales en el ejército de EE. UU. La agresión y el acoso sexual causan las mismas tasas de trastornos por estrés postraumático en mujeres veteranas que el combate lo hace en los hombres.

Sin embargo, las víctimas de agresión sexual se enfrentan a dificultades especiales para acceder a las prestaciones por enfermedad del Departamento de Asuntos de Veteranos, ya que su personal a menudo no cree los relatos de las agresiones que dan las víctimas, incluso aunque estén respaldados por informes médicos, y exigen la presentación de pruebas procedentes de otras fuentes que corroboren la denuncia. Esta incredulidad y falta de prestación de los servicios necesarios hacen que se victimice a las personas que solicitan asistencia. Es revelador el hecho de que solo se apruebe el 32% de las demandas de trastorno por estrés postraumático relacionado con agresiones sexuales en el Departamento de Asuntos de Veteranos, frente al 54% general aprobado para todas las demandas en este tipo. Este Departamento debe reducir la carga probatoria necesaria para demostrar el trastorno por estrés postraumático relacionado con el ejército y aceptar únicamente el testimonio de la víctima como prueba de que se ha producido una agresión sexual.

La falta de protección a las mujeres militares frente a agresiones sexuales durante su estancia en el ejército y la negación de justicia y servicios infringen las obligaciones jurídicas internacionales de Estados Unidos en virtud del Pacto internacional relativo a los derechos civiles y políticos, que exige a los Estados proteger los derechos humanos fundamentales que suelen violarse en estos casos, tales como la igual protección de la ley, el derecho a no sufrir discriminación (incluida la violencia de género) y el derecho a disponer de un recurso efectivo.

Por ello, quisiera instale a revisar su política para garantizar que se proporcionen los servicios necesarios, sin demoras injustificadas, a las víctimas que sufren trastornos por estrés postraumático debido a una agresión sexual. Además, le insto a que reduzca la carga probatoria innecesariamente alta a la que se enfrentan para probar su agresión y poder acceder a prestaciones por enfermedad.

Reciba un cordial saludo,

cc:
Honorable Allison Hickey, Subsecretaria de Prestaciones, Departamento de Asuntos de Veteranos
Senador Patty Murray, Presidente del Comité de Asuntos de Veteranos en el Senado
Congresista Jeff Miller,  Presidente del Comité de Asuntos de Veteranos en la Cámara de Representantes

Pakistán: proteger a los defensores de los derechos humanos y conseguir que se haga justicia en el caso de los activistas asesinados

ACTUALIZACIÓN: 
Not an update
Fecha: 
2012 Ago 2

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Qué puede hacer: 

>> ¡TOME MEDIDAS!

Únase a Igualdad Ya y a la Alianza KP y FATA para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres (EVAW) en su llamamiento al gobierno pakistaní para que:

  • se aseguren de investigar de manera inmediata e integral los asesinatos de Farida Afridi y Zarteef Khan Afridi, así como de procesar a los autores por sus delitos con todo el rigor de la ley
  • garanticen la seguridad de los defensores y especialmente las defensoras de los derechos humanos, y castiguen la intimidación, el acoso, las amenazas o las agresiones contra las personas
  • castiguen las afirmaciones o declaraciones públicas que incitan a la violencia contra los defensores de los derechos humanos

Contribuya a difundir esta campaña compartiendo esta Alerta con sus amigos.

Las cartas deben ir dirigidas a:

Mr. Syed Yousuf Raza Gillani
Prime Minister of the Islamic Republic of Pakistan
The Prime Minister’s Secretariat
Islamabad, Pakistan
Tel: +92 51 920 6111
Fax: +92 51 922 1596
Email: secretary@cabinet.gov.pk

Mr. Amir Haider Hoti
Chief Minister Khyber Pakhtunkhwa
Chief Minister House
Fort Road
Peshawar Cantt
Pakistan
Tel: +92 91 9213574, +92 91 9211719
Fax: +92 91 9210718, +92 91 9210743
Email: pskhyberpakhtoonkhwa@yahoo.com

Barrister Syed Masood Kausar
Governor Khyber Pakhtunkhwa
Governor House Abdul Qayum Road
Peshawar
Pakistan
Fax: +92 91 9210087

Mr. Mutahir Zeb
Political Agent Khyber Agency
Office of the Political Agent Khyber Agency Bara Road
Peshawar Cantt
Pakistan
Fax: +92 91 9211900

Cartas: 

Excelentísimo Primer Ministro / Ministro / Gobernador:

Me gustaría expresarle mi más profunda preocupación por los últimos ataques y amenazas sufridos por defensores de los derechos humanos en la provincia de Khyber Pakhtunkhwa (KP) y FATA.

Me inquieta especialmente el asesinato, el pasado 4 de julio de 2012, de Farida Afridi, Directora Ejecutiva de Sawera, organización de derechos de la mujer con sede en FATA. Después de recibir varias amenazas por su labor a favor de los derechos de las mujeres, Farida fue tiroteada mortalmente al salir de su casa. Asimismo, en diciembre de 2011, Zarteef Khan Afridi, coordinador de la Comisión de Derechos Humanos de Pakistán, también fue brutalmente asesinado, al parecer a manos de un grupo extremista de la misma región. En el caso de Farida se ha detenido a un sospechoso, pero los autores de la muerte de Zarteef Khan Afridi continúan en paradero desconocido.

Según las ONG que trabajan allí, las amenazas de muerte a los defensores de los derechos humanos son habituales en la provincia de KP y FATA. Al parecer, durante el sermón del 4 de mayo de 2012, el clérigo religioso del distrito de Kohistan (KP), Maulvi Abdul Haleem, que tiene una gran influencia política, advirtió de que los trabajadores de ONG que defienden a la mujer no podrían entrar en Kohistan y que las mujeres que violen esta prohibición podrían ser obligadas a casarse con hombres de la localidad.  Estas declaraciones han infundido el miedo entre los trabajadores de las ONG, especialmente entre las mujeres.  Me preocupa que el gobierno regional no haya tomado medida alguna para proteger a estos activistas, por lo que los grupos de derechos humanos que trabajan en KP y FATA pierden cada vez más efectivos como consecuencia de las amenazas.

La Declaración de Naciones Unidas sobre los Defensores de los Derechos Humanos especifica las obligaciones de los Estados de garantizar y proteger los derechos de estas personas. Pakistán está obligado además a proteger todos los derechos humanos establecidos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos (Artículo 2), el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (Artículo 2) y la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (Artículo 3). La Relatora Especial de la ONU sobre la situación de los defensores de los derechos humanos, Margaret Sekaggya, y la Relatora Especial sobre la violencia contra las mujeres, Rashida Manjoo, han tomado nota de las violaciones contra los activistas que trabajan a favor de los derechos de la mujer en Pakistán y han puesto de relieve la obligación que tiene el gobierno nacional de investigar y procesar a los autores de los delitos. Asimismo, en el informe de junio de 2008 del Grupo de Trabajo para el Examen Periódico Universal de Pakistán, se instaba a este gobierno a combatir la impunidad de los ataques contra defensores de los derechos humanos mediante la investigación efectiva de las acusaciones y el procesamiento de los responsables.

Me gustaría respaldar la carta de peticiones elaborada por la Alianza KP y FATA para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres y sumarme al llamamiento que les hacen para que:

  • se investigue de manera inmediata e integral los asesinatos de Farida Afridi y Zarteef Khan Afridi, y que el pese de la justicia caiga sobre los criminales
  • garanticen la seguridad de los defensores y especialmente de las defensoras de los derechos humanos, y castiguen la intimidación, el acoso, las amenazas o las agresiones contra las personas
  • castiguen las afirmaciones o declaraciones públicas que inciten a la violencia contra los defensores de los derechos humanos

Gracias por su atención.

Reciba un cordial saludo,

Liberia: promulgación con carácter de urgencia de una ley que prohíba la MGF

ACTUALIZACIÓN: 
UPDATE
Fecha: 
2012 Jun 26
Fecha de actualización: 
2013 Mar 12
ACTUALIZACIÓN: 

ACTUALIZACIÓN DEL 12 DE MARZO DE 2013: El 17 de enero de 2013, la abogada de Ruth Berry Peal, Deddeh Wilson, comunicó a Igualdad Ya que había presentado una petición ante el tribunal para que este desestimara la apelación de la pena de cárcel presentada por los acusados por no haber concluido el juicio. El 24 de enero de 2013, el tribunal desestimó la apelación basándose en que "los acusados no habían presentado una lista de objeciones aprobada o bien no garantizaban la aprobación de la presunta lista de objeciones por parte del juez del tribunal". El 26 de febrero, el tribunal redactó una carta en la que ordenaba al Sheriff de Montserrado la detención de los acusados.

Aunque al final la justicia reconoció la mutilación por la fuerza de Ruth, no ha sido nada fácil para ella ya que continúa recibiendo amenazas.  La Sra. Speare, directora del Secretariado de ONG de Mujeres de Liberia (WONGOSOL, por sus siglas en inglés), declaró que las circunstancias sociales y culturales existentes en Liberia no permiten que las niñas y las mujeres se opongan o escapen de la MGF, aunque algunas veces las niñas recurren a la fuga y se esconden debido a la inexistencia de unas leyes que las protejan de esta práctica.  Ruth escuchó la recomendación del Ministerio de Género para que se mudara a Monrovia, pero se muestra reacia a hacerlo porqué su marido y sus hijos siguen viviendo en Bomi, Liberia. Por consiguiente, exigimos al gobierno liberiano que apoye y proteja a Ruth, así como que lleve a buen término las indicaciones realizadas en el año 2011 por el Ministro del Interior sobre la necesidad de promulgar y aplicar una ley que prohíba la MGF con carácter de urgencia.


 

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Qué puede hacer: 

>> ¡TOME MEDIDAS! Únase a Igualdad Ya y a nuestros socios liberianos, Women of Liberia Peace Network (WOLPNET) y Women NGOs Secretariat of Liberia (WONGOSOL), para instar a las autoridades liberianas a que:

  • Garanticen una conclusión justa y rápida del juicio de Ruth Berry Peal
  • Garanticen el cumplimiento de la orden gubernamental de suspensión de las actividades de Sande
  • Se cumplan los compromisos regionales e internacionales asumidos por Liberia en materia de derechos humanos mediante la promulgación de una legislación integral contra la MGF y el apoyo a las campañas de sensibilización acerca de los daños de esta práctica destinadas a las comunidades y los jefes locales

>> ¡TOME MEDIDAS!

Las cartas deben ir dirigidas a:

H.E. Madam Ellen Johnson Sirleaf    
P.O. Box 9001
Capitol Hill
Monrovia
República de Liberia
Tel: +231 644 4696 
Email: ebfasama@emansion.gov.lr
etoles@emansion.gov.lr

Hon. Christiana H. Tah
Minister of Justice
P.O. Box  0123
Ashmun Street   
Monrovia
República de Liberia
Tel: +231 669 7205
Email: ctah1@aol.com

Hon Julia Duncan Cassell
Minister for Gender and Development
P.O. Box 10-1375
110 UN Drive & Gurley Street
1000 Monrovia 10
República de Liberia
Tel: +231 651 6434  
Email: libgenderminister@gmail.com

Hon Blamo Nelson
Minister of Internal Affairs
Executive Mansion Ground
Monrovia
República de Liberia
Tel: +231 651 3358 
Email: mgaryeazon@yahoo.com
http://www.mia.gov.lr

Cartas: 

Estimado/a [   ]

Aplaudo las últimas medidas adoptadas por el gobierno para la suspensión de las actividades de  MGF de Sande que incluyen un aviso emitido por el Ministerio del Interior y dirigido a todos los condados en el que se ordena el cese de todas las actividades de Sande así como las indicaciones de que el Ministerio del Interior y el Ministerio de Justicia colaborarán en la redacción de un anteproyecto de ley contra la MGF. No obstante, me preocupan los últimos sucesos producidos en los que el gobierno no ha adoptado por ahora ninguna acción, entre otros:

En marzo de 2012, la periodista Mae Azango se vio obligada a esconderse tras la publicación de un artículo sobre la MGF. Miembros de la sociedad Sande han amenazado con someterla por la fuerza a una MGF.

En mayo de 2012, más de 750 chicas, presumiblemente incitadas por miembros de Sande, fueron sometidas a una MGF en el Condado de Nimba, pese al aviso del Ministerio del Interior de detener las actividades de Sande.

A pesar de la promesa de la Presidenta Sirleaf de conseguir que los derechos y la salud de las mujeres sean una prioridad nacional en Liberia, es muy preocupante observar la falta de intervención gubernamental en los casos antes mencionados. Además, me preocupan los informes de los medios de comunicación relacionados con el Ministro de Información que indican que el gobierno no tiene intención de acabar con la MGF. Esta falta de unanimidad entre los funcionarios públicos socava los esfuerzos llevados a cabo por el gobierno para la desaparición de la MGF.

Les insto a que garanticen el cumplimiento de la orden gubernamental de suspensión de las actividades de MGF por parte de Sande. Asimismo, ruego se cumplan los compromisos regionales e internacionales asumidos por Liberia en materia de derechos humanos mediante la promulgación de una legislación integral contra la MGF y el apoyo a las campañas de sensibilización acerca de los daños de esta práctica destinadas a las comunidades y los jefes locales.

Gracias por su atención.

Atentamente,

Sudán: impedir la lapidación de Intisar Sharif Abdalla

ACTUALIZACIÓN: 
Not an update
Fecha: 
2012 Jun 6
Fecha de actualización: 
2012 Jul 3
ACTUALIZACIÓN: 

ACTUALIZACIÓN 3 de julio de 2012:  El 22 de junio, un tribunal de apelaciones anuló la sentencia de Intisar Sharif Abdalla y ordenó un nuevo juicio porque tenían defectos en el juicio. El 3 de julio, el tribunal desestimó los cargos porque no encontró pruebas para sustentar el juicio. Intisar ha sido liberada de prisión. Gracias por tomar medidas.

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Qué puede hacer: 

Escriba a las autoridades sudanesas para pedirles lo siguiente:

  • la puesta en libertad inmediata e incondicional de Intisar Sharif Abdalla;
  • la declaración de una moratoria sobre la muerte por lapidación;
  • la conmutación de todas las sentencias de muerte por lapidación;
  • la prohibición legal de todo castigo cruel, inhumano y degradante, como la tortura, la flagelación y la lapidación, de conformidad con las obligaciones que para el gobierno sudanés se derivan de la Carta Africana y el ICCPR;
  • una revisión íntegra de las disposiciones de la Ley Penal de Sudán de 1991, en concreto del artículo 146, y la eliminación de todas las que discriminen a la mujer o tengan un impacto discriminatorio sobre ellas, incluidas las disposiciones relativas al adulterio y la “fornicación”, en virtud de la propia Constitución sudanesa que garantiza el derecho a la igualdad y la no discriminación por razones de sexo. 

>> ¡TOME MEDIDAS!

Envíe sus cartas a:

President Omar Hassan Ahmad al-Bashir
Office of the President
People’s Palace
PO Box 281
Khartoum, Sudan
Email: info@sudan.gov.sd

Mohammed Bushara Dousa
Minister of Justice
Ministry of Justice
Justice Towers
Gamhoria Street
PO Box 302
Khartoum, Sudan

Dr. Moaz Tango
Advisory Committee on Human Rights
Ministry of Justice
Justice Towers
Gamhoria Street
PO Box 302
Khartoum, Sudan

Jalal al-Din Mohammed Osman
Chief Justice
Ministry of Justice
Justice Towers
Gamhoria Street
P.O Box 302
Khartoum, Sudan

Cartas: 

Estimado ______:

Le escribo para expresar mi profunda preocupación por la sentencia dictada el 13 de mayo de 2012 contra Intisar Sharif Abdalla, madre de tres niños, condenada a muerte por lapidación por un delito de adulterio en virtud del artículo 146 del Código Penal sudanés.

La pena de muerte por lapidación viola las obligaciones internacionales de Sudán derivadas de la Carta Africana de los Derechos Humanos y de los Pueblos (Carta Africana) y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (ICCPR, por sus siglas en inglés), que prohíben expresamente todas las formas de tortura y la aplicación de cualquier castigo cruel, inhumano y degradante. Además, la pena de muerte por el delito de adulterio no encaja en el concepto internacionalmente aceptado de “los delitos más graves” a los que debe restringirse la pena de muerte según la interpretación de la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas (actualmente el Consejo de Derechos Humanos) y el Comité de Derechos Humanos.

Asimismo, parece que el juicio de Intisar no fue un juicio justo de conformidad con la legislación sudanesa e internacional. Resulta especialmente preocupante el hecho de que su sentencia se haya basado en una confesión realizada bajo coacciones y después de haber sido torturada por su hermano. Las confesiones obtenidas mediante tortura y coacciones no deberían ser admitidas en el Tribunal y no pueden constituir el fundamento de una sentencia de muerte. Me consta que a Intisar se le denegó el derecho de representación legal a pesar de que el artículo 34 (6) de la Constitución nacional provisional establece que toda persona acusada tendrá el derecho a defenderse en persona o a través del procurador de su elección y a que se le asigne un abogado de oficio cuando no pueda defenderse en casos de delito grave. Además, al parecer Intisar no fue capaz de entender el procedimiento que se estaba desarrollando contra ella porque se llevó a cabo en árabe, una lengua que no domina. La ejecución de la persona tras un juicio que no cumple las normas internacionales relativas a un procedimiento justo viola el derecho a la vida.

Por todo esto, le insto con todos mis respetos a poner en libertad a Intisar Sharif Abdalla, de modo inmediato e incondicional, y a declarar una moratoria sobre la muerte por lapidación, a anular todas las sentencias de muerte por lapidación y a prohibir todo castigo cruel, inhumano y degradante como la tortura, la flagelación y la lapidación, de acuerdo con las obligaciones que el gobierno sudanés como firmante de la Carta Africana y el ICCPR.

Le pido también que revise íntegramente las disposiciones de la Ley Penal de Sudán, de 1991, y sobre todo el artículo 146, para eliminar todas las que discriminen a la mujer o tengan un impacto discriminatorio sobre ellas, incluidas las disposiciones relativas al adulterio y la “fornicación”, en virtud de la Constitución sudanesa que garantiza el derecho a la igualdad y la no discriminación por razones de sexo.

Reciba un cordial saludo,

Sentencia de culpabilidad en el caso de la liberiana Ruth Berry Peal

PARA SU PUBLICACIÓN INMEDIATA
11 de julio de 2011
Datos de contacto: NAIROBI: Mary Ciugu, (254) 20 271-9832/913, equalitynownairobi@equalitynow.org
NUEVA YORK: Karen Asare, (01) 212-586-0906, media@equalitynow.org

Sidra Humayun

Combatir la Violencia Sexual sin Tregua en Pakistán
Sidra Humayun

1. ¿Podría describir las dificultades que suelen encontrar las víctimas de la violencia sexual para acceder a la justicia y obtener ayuda en Pakistán?

Liberia: Garantice la justicia en el caso de Ruth Berry Peal, que fue obligada a someterse a esta práctica

ACTUALIZACIÓN: 
Not an update
Fecha: 
2011 Mar 24
Fecha de actualización: 
2011 Jul 8
ACTUALIZACIÓN: 

El 8 de julio de 2011 se puso fin al caso de Ruth Berry Peal, secuestrada y sometida a la mutilación genital femenina por dos mujeres de la comunidad gola. El juicio, que ha durado cerca de un mes, concluyó con un veredicto de “culpable” por parte del jurado en relación con los cargos de secuestro, privación ilegal de la libertad y robo. El juez determinará la sentencia para las dos mujeres esta semana. En la vista hizo referencia a la Constitución de Liberia y al artículo 4(1) del Protocolo a la Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos sobre los Derechos de la Mujer en África (Protocolo de la Mujer), que establece los siguiente: “Todo ser humano tendrá derecho al respeto de su vida y de la integridad de su persona. Todas las formas de explotación y el trato cruel, inhumano o degradante, serán prohibidos”.

Ruth Berry Peal
Qué puede hacer: 

Escriba a las autoridades liberianas abajo indicadas para instarles a que cumplan los compromisos regionales e internacionales asumidos en materia de derechos humanos mediante la promulgación de una legislación integral contra la MGF y el apoyo a las campañas de sensibilización acerca de los daños de esta práctica destinadas a las comunidades y los jefes locales. Inste también al Ministro del Interior a no conceder más licencias a las escuelas donde se lleva a cabo la MGF. Pídales que se aseguren de que Ruth Peal obtiene la justicia merecida y la indemnización correspondiente por el ataque que sufrió. Ruth está amenazada por miembros de la sociedad secreta y jefes tradicionales que apoyan dicha sociedad, por lo que conviene que exija también al gobierno que le proporcione de inmediato la protección necesaria.

>> ¡TOME MEDIDAS!

Las cartas deben ir dirigidas a:

H.E. Madam Ellen Johnson-Sirleaf
P.O. Box 9001
Capitol Hill, Monrovia
República de Liberia
Tel:             +231 644 4696      
Email: info@emansion.gov.lr

Dr. Christiana Tah
Minister of Justice
P.O. Box 0123
Ashmun Street
Monrovia, República de Liberia
Tel:            + 231 669 7205      
Email: info@moj.gov.lr
ctah@aol.com

H.E. Vabah K. Gayflor
Minister for Gender and Development
P.O. Box 10-1375
110 UN Drive & Gurley Street
1000 Monrovia 10
República de Liberia
Tel:             +231 651 6434      
Email: veegayflor@yahoo.com

H.E. Harrison Kahnweah
Minister of Internal Affairs
Executive Mansion Ground
Monrovia
República de Liberia
Tel:             +231 651 3358      
Email: hkarnwea@yahoo.com
http://www.mia.gov.lr

Cartas: 

H.E. Madam Ellen Johnson-Sirleaf    
P.O. Box 9001
Capitol Hill, Monrovia
Republic of Liberia
info@emansion.gov.lr

H.E. Vabah K. Gayflor
Minister for Gender and Development
P.O. Box 10-1375
110 UN Drive & Gurley Street
1000 Monrovia 10
República de Liberia
veegayflor@yahoo.com

H.E. Harrison Kahnweah
Minister of Internal Affairs
Executive Mansion Ground
Monrovia
República de Liberia
hkarnwea@yahoo.com
http://www.mia.gov.lr

H.E. Dr. Christiana Tah
Minister of Justice
P.O. Box  0123
Ashmun Street   
Monrovia,
Republic of Liberia
info@moj.gov.lr
ctah@aol.com

 

Estimado/a [ ]:

Le escribo para expresar mi profunda preocupación por la elevada incidencia de la mutilación genital femenina (MGF) en Liberia. Se calcula que más del 58,2% de las mujeres liberianas han sido sometidas a la MGF, práctica que se realiza a través de una sociedad secreta de mujeres con gran poder de influencia en la esfera política (la sociedad Sande) en el marco del rito de iniciación a la edad adulta. Muchas niñas son sometidas a la MGF en escuelas tradicionales por parte de esta sociedad.  Me preocupa el hecho de que el Ministerio del Interior otorgue licencias a las mujeres que dirigen estas escuelas y realizan la MGF a las niñas que estudian en ellas.  

Las mujeres procedentes de otras comunidades donde no se lleva a cabo esta práctica también pueden ser sometidas a la MGF en Liberia después de contraer matrimonio o a la fuerza, como le ocurrió a Ruth Berry Peal, que fue sometida en 2010 a la mutilación por orden de un jefe gola que presenció su argumento con dos mujeres de una comunidad donde practican la MGF.  Las mujeres sacaron a Ruth de su casa a la fuerza y la llevaron a una zona rural, donde le sometieron a la mutilación. Ella ha denunciado a las dos mujeres que la mutilaron y, como consecuencia, recibe amenazas de la comunidad para que abandone el caso.

A pesar de que la Constitución de Liberia garantiza el derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de la persona a todos sus ciudadanos, y de que este gobierno haya ratificado diversos tratados de derechos humanos, tanto regionales como internacionales, que le obligan a proteger a mujeres y niñas de la MGF, como por ejemplo el Protocolo a la Carta Africana de los Derechos Humanos y de los Pueblos sobre los Derechos de la Mujer en África (Protocolo de las Mujeres), la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés), el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (ICCPR, por sus siglas en inglés), el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (ICESCR, por sus siglas en inglés) y la Convención sobre los Derechos del Niño (CRC, por sus siglas en ingles), el gobierno de Liberia no proporciona protección alguna a las mujeres y niñas en peligro de ser sometidas a la MGF.

Me consta que el Comité de las Naciones Unidas para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, encargado de supervisar el cumplimiento de la CEDAW, analizó el informe de su país en 2009 e instó a su gobierno a “que promulgue sin demora… legislación que prohíba la mutilación genital femenina y vele por que los infractores sean enjuiciados y castigados conforme a la gravedad de esta violación” y a que “ponga fin de inmediato a la concesión de licencias a esos practicantes tal como es el caso actualmente en el Ministerio del Interior”. Asimismo, alienta al Estado "a que amplíe y acelere la aplicación de los programas destinados a sensibilizar y proporcionar otras fuentes de ingresos a las personas que practican la mutilación genital femenina” y “a que redoble sus esfuerzos en materia de sensibilización y educación, destinados tanto a las mujeres como a los hombres, incluidos funcionarios gubernamentales, jefes y otros dirigentes tradicionales y comunitarios… a fin de eliminar la práctica de la mutilación genital femenina y las justificaciones culturales en que se basa”.

Le insto que tome medidas de inmediato, tal y como el establecen el Artículo 5 del Protocolo a la Carta Africana de los Derechos Humanos y de los Pueblos sobre los Derechos de la Mujer en África y otros tratados internacionales de derechos humanos, y que promulgue y haga cumplir una ley que prohíba la MGF, que deje de otorgar licencias a los practicantes de la MGF y que establezca los mecanismos de protección necesarios para proteger a todas las mujeres y niñas de Liberia frente a dicha práctica. Asimismo, le pido con todos mis respetos que haga todo lo que esté en sus manos para asegurarse de que Ruth Berry Peal reciba la protección necesaria y que el peso de la ley caiga sobre las responsables de su mutilación para que sean debidamente castigadas por esta tremenda agresión.  Gracias por su atención.

Atentamente,
 

México: El secuestro y asesinato de mujeres en Ciudad Juárez y la ciudad de Chihuahua

ACTUALIZACIÓN: 
Not an update
Fecha: 
2006 Ago 1

Minerva TorresMinerva Teresa Torres Albeldaño, una joven de dieciocho años de la ciudad de Chihuahua en el Estado de Chihuahua, México, desapareció el 13 de marzo de 2001 tras salir de su casa para acudir a una entrevista de trabajo. La policía tardó nueve días en comenzar su búsqueda. Las autoridades rechazaron las solicitudes insistentes y urgentes de sus padres para que intervinieran, sosteniendo que ella se había ido de su casa.

Qué puede hacer: 

Por favor, escriba a las siguientes autoridades. Recuérdeles la obligación del gobierno, en virtud de la CEDAW, de garantizar la protección de las mujeres ante la ley en igualdad de condiciones. Ínsteles a encontrar las maneras de garantizar que todos los casos de asesinatos de mujeres en el Estado de Chihuahua sean investigados y sancionados de un modo apropiado, en particular procesando a todos los funcionarios considerados por la Fiscal Especial como culpables de la negligencia penal en las investigaciones. Mencione el caso de Minerva Torres como un claro ejemplo de conducta ilícita en la investigación, y pregunte qué se está haciendo para llevar ante la justicia a las personas responsables por la demora o la obstrucción a la justicia en su caso, incluido el Procurador General del Estado Jesús José Solís Silva, quien fue responsable de su supervisión en ese momento. Exija a las autoridades que procesen a los funcionarios gubernamentales culpables, haciendo patente que no se tolerará la obstrucción a la justicia. Por favor, dirija sus cartas a:

MDP Patricia González Rodríguez
Procuradora General del Estado de Chihuahua
C. Vicente Guerrero #616
Col. Centro C.P. 31000
Chihuahua, MEXICO
Fax: +52 614 415 03 14

Presidente Felipe de Jesús Calderón Hinojosa
Residencia Oficial de "Los Pinos"
Col. San Miguel Chapultepec
C.P. 11850, México, D.F., MEXICO
Fax: +52 55 52 77 23 76
Para enviar un correo electrónico, ir a: http://contacto.presidencia.gob.mx/

Envíe copias de sus cartas a la recientemente nombrada Fiscal Especial para la Atención de Delitos Relacionados con Actos de Violencia contra de las Mujeres en México, Dra. Alicia Elena Pérez Duarte, en Río Amazonas No. 43 Piso 9, Col. Cuauhtémoc, Delg. Cuauhtémoc, C.P. 06500 México, D.F., MEXICO, Fax: +52 55 53 46 09 90, Correo electrónico: atencionmujeres@pgr.gob.mx

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