Cartas:
Comunicado sobre la reforma del sistema judicial
Estimado Secretario de Defensa Leon Panetta:
Me pongo en contacto con usted para manifestarle mi profunda preocupación por la tasa alarmantemente alta de agresiones sexuales producidas dentro del ejército de EE. UU. y la continua impunidad de los militares que acosan y agreden sexualmente a sus compañeras. Cada año se producen en el ejército aproximadamente 19.000 agresiones sexuales, de las que tan solo 1 de cada 100 casos acaba en condena para el autor.
Esta baja tasa de condenas se debe a la multitud de obstáculos a los que se enfrentan las víctimas de violación en su búsqueda de justicia (denuncia del delito, sometimiento a una minuciosa investigación imparcial y la correspondiente acusación y castigo de su violador o acosador). Me preocupa que, en vez de a una parte independiente, la investigación de las denuncias por agresión sexual se encargue a un oficial dentro de la cadena de mando de los autores de la agresión, así como la gran opacidad con que se lleva a cabo, lo que provoca la aparición de conflictos de intereses y abuso de poder, especialmente debido a que la víctima y el autor pueden estar bajo las órdenes del mismo oficial. Además, los comandantes tienen incentivos para quitar importancia o encubrir las agresiones que se producen dentro de su cadena de mando, ya que estos delitos dan una mala imagen de la unidad.
La falta de protección a las mujeres militares frente a agresiones sexuales durante su estancia en el ejército y la negación de justicia y servicios infringen las obligaciones jurídicas internacionales de Estados Unidos en virtud del Pacto internacional relativo a los derechos civiles y políticos, que exige a los Estados proteger los derechos humanos fundamentales que suelen violarse en estos casos, tales como la igual protección de la ley, el derecho a no sufrir discriminación (incluida la violencia de género) y el derecho a disponer de un recurso efectivo.
Le insto a reformar el sistema judicial militar para que sean fiscales militares profesionales, y no superiores en la escala de mando del autor, los que se encarguen de investigar e iniciar los procedimientos judiciales en casos de agresión sexual. Diversos países, entre los que se encuentran el Reino Unido y Canadá, han reformado recientemente sus sistemas judiciales militares de manera que los comandantes no ejerzan una influencia indebida (y sin control) sobre los casos de agresión sexual, por lo que le insto a que considere este planteamiento.
Reciba un cordial saludo,
cc:
Congresista Buck McKeon, Presidente de la Comisión de Servicios Armados de la Cámara de Representantes Senador Carl Levin, Presidente de la Comisión de Servicios Armados del Senado
Comunicado sobre recursos civiles
Estimado Secretario de Defensa Leon Panetta:
Me pongo en contacto con usted para manifestarle mi profunda preocupación por la tasa alarmantemente alta de agresiones sexuales producidas dentro del ejército de EE. UU. y la continua impunidad de los militares que acosan y agreden sexualmente a sus compañeras. Cada año se producen en el ejército aproximadamente 19.000 agresiones sexuales, de las que tan solo 1 de cada 100 casos acaba en condena para el autor.
Esta baja tasa de condenas se debe a la multitud de obstáculos a los que se enfrentan las víctimas de violación en su búsqueda de justicia (denuncia del delito, sometimiento a una minuciosa investigación imparcial y la correspondiente acusación y castigo de su violador o acosador). Le transmito mi preocupación por el hecho de que, a diferencia de las víctimas civiles, las víctimas militares de violación no tienen manera alguna de demandar a su empleador, el ejército de EE. UU., mediante un procedimiento civil por no protegerlas de agresión o acoso sexual.
La falta de protección a las mujeres militares frente a agresiones sexuales durante su estancia en el ejército y la negación de justicia y servicios infringen las obligaciones jurídicas internacionales de Estados Unidos en virtud del Pacto internacional relativo a los derechos civiles y políticos, que exige a los Estados proteger los derechos humanos fundamentales que suelen violarse en estos casos, tales como la igual protección de la ley, el derecho a no sufrir discriminación (incluida la violencia de género) y el derecho a disponer de un recurso efectivo.
Por tanto, le insto a garantizar que las mujeres militares puedan solicitar y obtener justicia por el acoso y la violencia sexual que soportan. Hago un llamamiento para que permita a todas las víctimas de agresiones sexuales producidas en el ejército acceder a recursos civiles para que, al igual que las víctimas civiles, puedan demandar a su empleador en un procedimiento civil por acoso y agresión sexual y así puedan obtener la justicia que merecen.
Reciba un cordial saludo.
cc:
Congresista Buck McKeon, Presidente de la Comisión de Servicios Armados de la Cámara de Representantes
Senador Carl Levin, Presidente de la Comisión de Servicios Armados del Senado
Senador Patrick Leahy, Presidente del Comité Judicial del Senado
Congresista Lamar Smith, Presidente del Comité Judicial de la Cámara de Representantes
Comunicación a Asuntos de Veteranos:
Eric Shinseki
Secretario del Departamento de Asuntos de Veteranos
Estimado Secretario Shinseki:
Me pongo en contacto con usted para manifestarle mi profunda preocupación por la tasa alarmantemente alta de agresiones sexuales producidas dentro del ejército de EE. UU. y los numerosos obstáculos a los que se enfrentan las víctimas de agresiones sexuales para acceder a los servicios que necesitan para su recuperación. Cada año se producen aproximadamente 19.000 agresiones sexuales en el ejército de EE. UU. La agresión y el acoso sexual causan las mismas tasas de trastornos por estrés postraumático en mujeres veteranas que el combate lo hace en los hombres.
Sin embargo, las víctimas de agresión sexual se enfrentan a dificultades especiales para acceder a las prestaciones por enfermedad del Departamento de Asuntos de Veteranos, ya que su personal a menudo no cree los relatos de las agresiones que dan las víctimas, incluso aunque estén respaldados por informes médicos, y exigen la presentación de pruebas procedentes de otras fuentes que corroboren la denuncia. Esta incredulidad y falta de prestación de los servicios necesarios hacen que se victimice a las personas que solicitan asistencia. Es revelador el hecho de que solo se apruebe el 32% de las demandas de trastorno por estrés postraumático relacionado con agresiones sexuales en el Departamento de Asuntos de Veteranos, frente al 54% general aprobado para todas las demandas en este tipo. Este Departamento debe reducir la carga probatoria necesaria para demostrar el trastorno por estrés postraumático relacionado con el ejército y aceptar únicamente el testimonio de la víctima como prueba de que se ha producido una agresión sexual.
La falta de protección a las mujeres militares frente a agresiones sexuales durante su estancia en el ejército y la negación de justicia y servicios infringen las obligaciones jurídicas internacionales de Estados Unidos en virtud del Pacto internacional relativo a los derechos civiles y políticos, que exige a los Estados proteger los derechos humanos fundamentales que suelen violarse en estos casos, tales como la igual protección de la ley, el derecho a no sufrir discriminación (incluida la violencia de género) y el derecho a disponer de un recurso efectivo.
Por ello, quisiera instale a revisar su política para garantizar que se proporcionen los servicios necesarios, sin demoras injustificadas, a las víctimas que sufren trastornos por estrés postraumático debido a una agresión sexual. Además, le insto a que reduzca la carga probatoria innecesariamente alta a la que se enfrentan para probar su agresión y poder acceder a prestaciones por enfermedad.
Reciba un cordial saludo,
cc:
Honorable Allison Hickey, Subsecretaria de Prestaciones, Departamento de Asuntos de Veteranos
Senador Patty Murray, Presidente del Comité de Asuntos de Veteranos en el Senado
Congresista Jeff Miller, Presidente del Comité de Asuntos de Veteranos en la Cámara de Representantes
Minerva Teresa Torres Albeldaño, una joven de dieciocho años de la ciudad de Chihuahua en el Estado de Chihuahua, México, desapareció el 13 de marzo de 2001 tras salir de su casa para acudir a una entrevista de trabajo. La policía tardó nueve días en comenzar su búsqueda. Las autoridades rechazaron las solicitudes insistentes y urgentes de sus padres para que intervinieran, sosteniendo que ella se había ido de su casa. 
En marzo de 2002, Igualdad Ya se unió a la Asociación de Mujeres Abogadas de Etiopía (EWLA, por sus siglas en inglés) en la campaña para proscribir el secuestro de novias en Etiopía, añadiendo una capa internacional a las actividades de promoción que la EWLA lleva a cabo sobre el terreno. 