Cartas:
Ilmo. Sr. Presidente del Tribunal Supremo / Ilma. Sra. Vicepresidenta del Tribunal Supremo:
Me preocupa enormemente la pasividad del gobierno ugandés en lo que se refiere a la protección de las víctimas discapacitadas de violencia sexual y a la inexistencia de otras medidas destinadas a la investigación de los delitos contra ellas que les garanticen un rápido acceso a la justicia. Un caso evidente es el de Sanyu, una chica ugandesa de 13 años, ciega y sordomuda, que fue violada y que como consecuencia de ello se quedó embarazada, y que fue incapaz de identificar a su violador debido a su condición. La madre de Sanyu y la organización Acción Legal para Personas con Discapacidades – Uganda (LAPD, por sus siglas en inglés) solicitaron la realización de la prueba de ADN al padre de Sanyu, a tres hermanos (los únicos hombres que tenían contacto con ella) y al bebé para determinar la paternidad, pero el Laboratorio Analítico Estatal – Wandegya, no respondió a la petición oficial y la policía cerró el caso.
Tras conocer el caso, la organización internacional de derechos humanos, Igualdad Ya, recaudó en el 2011 fondos para la realización de las pruebas de ADN, y gracias a la ayuda de LAPD, consiguió reabrir el caso. El 24 de agosto de 2011 (cuatro años después de la violación) se tomaron muestras de ADN a tres de los cuatro sospechosos (uno de los hermanos había huido) y fueron enviadas al Laboratorio Estatal, tal como se exige para la admisión del juicio. Los resultados de las pruebas de AND tardaron más de un año en recibirse, y demostraron que el padre del bebé era genéticamente de la misma línea paterna, aunque ninguno de los tres era el padre del bebé de Sanyu. Por lo que sabemos, la policía no ha hecho nada por detener y realizar las pruebas al sospechoso huido. Al igual que Igualdad Ya y LAPD, me preocupa seriamente la falta de una investigación a conciencia y el retraso de cinco años en la búsqueda de justicia para Sanyu, que ahora tiene 18 años. Apoyo el llamamiento para conseguir la mejora de los procedimientos legales en los casos de violencia sexual y para acometer otras medidas que permitan ayudar a las víctimas discapacitadas.
La violencia sexual está muy extendida en Uganda y las mujeres y chicas discapacitadas como Sanyu son especialmente vulnerables. La Constitución de Uganda y la Ley para Personas con Discapacidad de 2006 defienden los derechos de las personas con discapacidades, estipulan la eliminación de todas las formas de discriminación y favorecen la igualdad de oportunidades para ellas. No obstante, el gobierno no acomete ninguna otra medida para facilitar la justicia a las víctimas discapacitadas de violencia sexual como Sanyu mediante la utilización de técnicas de investigación que facilitarían el proceso, lo cual supone una mayor victimización.
El gobierno de Uganda ha ratificado diversos instrumentos regionales e internacionales en pro de los derechos humanos que defienden los derechos de las personas con discapacidades tales como la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CRPD, por sus siglas en inglés), el Protocolo sobre los Derechos de las Mujeres en África (el Protocolo) y la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño (CRC, por sus siglas en inglés). Además, Uganda ha ratificado la Convención de Naciones Unidas sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés) que, en su Recomendación General nº 18 insta a los Estados a informar sobre las medidas especiales adoptadas para tratar la especial situación de las mujeres con discapacidades.
Para garantizar que se haga justicia con Sanyu y otras chicas en situaciones similares, Uganda debe estar a la altura de sus obligaciones nacionales e internacionales y acometer otras medidas necesarias para mejorar el proceso de investigación y aumentar el número de detenciones en los casos de violencia sexual en los que se vean involucradas mujeres discapacitadas. Particularmente le insto aproceder a la detención inmediata del sospechoso huido en el caso de Sanyu y a la realización de las pruebas de ADN a cargo del gobierno, con carácter inmediato. Ruego proceda a la inmediata aplicación de todas las pruebas de investigación pertinentes, incluidas las pruebas de ADN, en los casos de violencia sexual, y especialmente, en aquellos en los que estén involucradas mujeres discapacitadas.
Gracias por su atención.
Atentamente
Mariam Namayanja Kabeere y su marido vivieron durante 38 años en una casita de la localidad de Kakoba, Uganda. Esta pareja de campesinos trabajaba un pequeño pedazo de tierra denominado kibanja, donde criaron a sus seis hijos. Cuando el marido de Mariam decidió tomar otra esposa -en Uganda la ley islámica y el derecho consuetudinario permiten la poligamia- le construyó una casa en la kibanja y acto seguido le prohibió el ingreso a Mariam. 