Sudán

Sudán: Cambiar la ley para que las víctimas de violencia sexual puedan acceder a la justicia

Número de acción: 
56.1
ACTUALIZACIÓN: 
Not an update
Fecha: 
2014 Mar 13

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Qué puede hacer: 

TAKE ACTION NOW! << Click on this link to send all letters below online.

Súmese al llamamiento de Igualdad Ya para que todas las supervivientes y víctimas de la violencia sexual en Sudán puedan obtener justicia. Actúe ahora escribiendo a las autoridades abajo indicadas para exigir que:

  • La acusación retire todos los cargos contra la joven etíope y cese todas las acciones legales para deportarla a su país.
  • Se proporcione a la joven la ayuda médica y psicológica necesaria como víctima y superviviente de la violencia sexual.
  • Se tomen medidas inmediatas para modificar el Código Penal de Sudán de 1991 y la Ley sudanesa de 1994 relativa a las pruebas legales con el fin de impedir que las víctimas de la violencia sexual sean criminalizadas y para garantizar que las mujeres y niñas violadas reciban la misma protección que los hombres ante la ley, de acuerdo con las obligaciones internacionales del gobierno.

President Omar Hassan Ahmad al-Bashir
Office of the President
People’s Palace
PO Box 281
Khartoum, Sudan

H.E. Mohammed Bushara Dousa
Minister of Justice
Ministry of Justice
Justice Towers
Gamhoria Street
PO Box 302
Khartoum, Sudan
Email: moj@moj.gov.sd

H.E. Fatih Ezzidin Ahmed Speaker of the National Assembly
The Peoples Hall Omdurman
PO Box 14416, Khartoum, Sudan
Fax: 00249 187 560 950 Emails: info@parliament.gov.sd
sudanipg@parliament.gov.sd

H.E. Mashair Aldawalab
Minster of Welfare & Social Security
Ministry of Welfare & Social Security (General Directorate for Women & Family Affairs)
PO Box: 12661
Khartoum, Sudan
Fax: 83777633
Emails: info@gdwfa.gov.sd

H.E. Ali Ahmed Karti
Minister of Foreign Affairs
Ministry of Foreign Affairs
PO Box 873
Khartoum, Sudan

 

Cartas: 

Estimado Presidente/Ministro/Gobernador:

Me preocupan profundamente las enormes dificultades que tienen las mujeres y las niñas cuando desean acceder a la justicia tras haber sido víctimas de una violación o de otro tipo de violencia sexual en Sudán. Especialmente me ha afectado la brutal violación que sufrió en agosto de 2013 una joven etíope de 19 años, divorciada y embarazada, por parte de siete hombres en Omdurman. Me ha parecido una atrocidad que la víctima de un acto de violencia sexual fuera víctima a su vez del sistema judicial al que ella recurrió para obtener justicia.  Lamentablemente, no es un simple parecer: la joven fue arrestada junto con los hombres que la violaron, permaneció detenida, se presentaron cargos contra ella y fue declarada culpable y condenada por cometer actos obscenos. Este caso pone de relieve las enormes dificultades que tienen las víctimas y la necesidad imperante de reformar la ley, especialmente el artículo 149 del Código Penal que hace referencia a la violación.

De conformidad con la legislación vigente, cuando una mujer o una niña denuncia haber sido violada, ella también queda expuesta a la posibilidad de ser procesada. La víctima debe probar su inocencia demostrando que las relaciones sexuales no fueron consentidas. Si no lo hace, puede ser procesada por adulterio, un delito también conocido como zina. El castigo por este delito es de 100 latigazos si la mujer no está casada, y de muerte por lapidación en caso de estarlo. La ley está abierta a diferentes interpretaciones, por lo que los jueces actúan a su entera discreción y muchas veces la resolución no es justa para las víctimas que buscan ser indemnizadas a través de la vía penal. En este caso, a pesar de existir una grabación de la violación, la víctima fue declarada culpable de cometer actos inmorales. Todos estos factores, junto con el estigma traumático y el temor a las represalias por parte de su comunidad, suelen disuadir a las mujeres y a las niñas de denunciar delitos de violencia sexual y hacen que sea muy complicado obtener justicia aunque lo hagan.

El gobierno sudanés está obligado, en virtud de su Constitución de 2005 y de varias convenciones internacionales, a garantizar que hombres y mujeres reciban el mismo trato ante la ley y  impedir que las víctimas sean criminalizadas. La Constitución Nacional Provisional de la República de Sudán recoge, en su artículo 28, que “todo ser humano tiene el derecho inherente a la vida, la dignidad y la integridad de su persona, que deberá ser protegida por la ley”. Asimismo, el artículo 31 establece que “todas las personas son iguales ante la ley y tienen derecho, sin discriminación alguna . . . ni por razones de sexo . . . a la misma protección jurídica”. Tanto la Carta Africana de los Derechos Humanos y de los Pueblos como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (ICCPR, por sus siglas en inglés) recogen estos derechos y establecen que “(1) Todas las personas son iguales ante la ley y (2) todas las personas tienen derecho a la misma protección jurídica”. La Carta Africana y el ICCPR señalan que “nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes”, pero Sudán infringe este artículo al castigar a las víctimas de violencia sexual acusándoles de adulterio.

Me uno al llamamiento de Igualdad Ya para que todas las supervivientes y víctimas de la violencia sexual en Sudán puedan obtener justicia. Me gustaría instar a las autoridades sudanesas a que actúen de inmediato conforme a sus obligaciones regionales, nacionales e internacionales para que:

  • La acusación retire todos los cargos contra la joven etíope y cese todas las acciones legales para deportarla a su país.
  • Se proporcione a la joven la ayuda médica y psicológica necesaria como víctima y superviviente de la violencia sexual.
  • Se tomen medidas inmediatas para modificar el Código Penal de Sudán de 1991 y la Ley sudanesa de 1994 relativa a las pruebas legales con el fin de impedir que las víctimas de la violencia sexual sean criminalizadas y para garantizar que las mujeres y niñas violadas reciban la misma protección que los hombres ante la ley, de acuerdo con las obligaciones internacionales del gobierno.

Gracias por su atención.

Atentamente,

Sudán: impedir la lapidación de Intisar Sharif Abdalla

ACTUALIZACIÓN: 
Not an update
Fecha: 
2012 Jun 6
Fecha de actualización: 
2012 Jul 3
ACTUALIZACIÓN: 

ACTUALIZACIÓN 3 de julio de 2012:  El 22 de junio, un tribunal de apelaciones anuló la sentencia de Intisar Sharif Abdalla y ordenó un nuevo juicio porque tenían defectos en el juicio. El 3 de julio, el tribunal desestimó los cargos porque no encontró pruebas para sustentar el juicio. Intisar ha sido liberada de prisión. Gracias por tomar medidas.

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Qué puede hacer: 

Escriba a las autoridades sudanesas para pedirles lo siguiente:

  • la puesta en libertad inmediata e incondicional de Intisar Sharif Abdalla;
  • la declaración de una moratoria sobre la muerte por lapidación;
  • la conmutación de todas las sentencias de muerte por lapidación;
  • la prohibición legal de todo castigo cruel, inhumano y degradante, como la tortura, la flagelación y la lapidación, de conformidad con las obligaciones que para el gobierno sudanés se derivan de la Carta Africana y el ICCPR;
  • una revisión íntegra de las disposiciones de la Ley Penal de Sudán de 1991, en concreto del artículo 146, y la eliminación de todas las que discriminen a la mujer o tengan un impacto discriminatorio sobre ellas, incluidas las disposiciones relativas al adulterio y la “fornicación”, en virtud de la propia Constitución sudanesa que garantiza el derecho a la igualdad y la no discriminación por razones de sexo. 

>> ¡TOME MEDIDAS!

Envíe sus cartas a:

President Omar Hassan Ahmad al-Bashir
Office of the President
People’s Palace
PO Box 281
Khartoum, Sudan
Email: info@sudan.gov.sd

Mohammed Bushara Dousa
Minister of Justice
Ministry of Justice
Justice Towers
Gamhoria Street
PO Box 302
Khartoum, Sudan

Dr. Moaz Tango
Advisory Committee on Human Rights
Ministry of Justice
Justice Towers
Gamhoria Street
PO Box 302
Khartoum, Sudan

Jalal al-Din Mohammed Osman
Chief Justice
Ministry of Justice
Justice Towers
Gamhoria Street
P.O Box 302
Khartoum, Sudan

Cartas: 

Estimado ______:

Le escribo para expresar mi profunda preocupación por la sentencia dictada el 13 de mayo de 2012 contra Intisar Sharif Abdalla, madre de tres niños, condenada a muerte por lapidación por un delito de adulterio en virtud del artículo 146 del Código Penal sudanés.

La pena de muerte por lapidación viola las obligaciones internacionales de Sudán derivadas de la Carta Africana de los Derechos Humanos y de los Pueblos (Carta Africana) y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (ICCPR, por sus siglas en inglés), que prohíben expresamente todas las formas de tortura y la aplicación de cualquier castigo cruel, inhumano y degradante. Además, la pena de muerte por el delito de adulterio no encaja en el concepto internacionalmente aceptado de “los delitos más graves” a los que debe restringirse la pena de muerte según la interpretación de la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas (actualmente el Consejo de Derechos Humanos) y el Comité de Derechos Humanos.

Asimismo, parece que el juicio de Intisar no fue un juicio justo de conformidad con la legislación sudanesa e internacional. Resulta especialmente preocupante el hecho de que su sentencia se haya basado en una confesión realizada bajo coacciones y después de haber sido torturada por su hermano. Las confesiones obtenidas mediante tortura y coacciones no deberían ser admitidas en el Tribunal y no pueden constituir el fundamento de una sentencia de muerte. Me consta que a Intisar se le denegó el derecho de representación legal a pesar de que el artículo 34 (6) de la Constitución nacional provisional establece que toda persona acusada tendrá el derecho a defenderse en persona o a través del procurador de su elección y a que se le asigne un abogado de oficio cuando no pueda defenderse en casos de delito grave. Además, al parecer Intisar no fue capaz de entender el procedimiento que se estaba desarrollando contra ella porque se llevó a cabo en árabe, una lengua que no domina. La ejecución de la persona tras un juicio que no cumple las normas internacionales relativas a un procedimiento justo viola el derecho a la vida.

Por todo esto, le insto con todos mis respetos a poner en libertad a Intisar Sharif Abdalla, de modo inmediato e incondicional, y a declarar una moratoria sobre la muerte por lapidación, a anular todas las sentencias de muerte por lapidación y a prohibir todo castigo cruel, inhumano y degradante como la tortura, la flagelación y la lapidación, de acuerdo con las obligaciones que el gobierno sudanés como firmante de la Carta Africana y el ICCPR.

Le pido también que revise íntegramente las disposiciones de la Ley Penal de Sudán, de 1991, y sobre todo el artículo 146, para eliminar todas las que discriminen a la mujer o tengan un impacto discriminatorio sobre ellas, incluidas las disposiciones relativas al adulterio y la “fornicación”, en virtud de la Constitución sudanesa que garantiza el derecho a la igualdad y la no discriminación por razones de sexo.

Reciba un cordial saludo,

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