Estados Unidos de América

Estados Unidos: protejan a mujeres y niñas frente a la mutilación genital femenina (MGF)

ACTUALIZACIÓN: 
Not an update
Fecha: 
2015 Jul 20

>> ¡TOME MEDIDAS!

Qué puede hacer: 

>> ¡TOME MEDIDAS!

Únase a la campaña de Igualdad Ya y Safe Hands for Girls para hacer un llamamiento con el fin de proteger a las niñas y mujeres que se encuentran en situación de riesgo en Estados Unidos y garantizar la ayuda y los servicios tan necesarios para las personas que viven con las consecuencias de la MGF.

  • Pida al Presidente Obama y a los organismos federales correspondientes que garanticen la sostenibilidad a largo plazo de los esfuerzos por combatir la MGF.
  • Si reside en Estados Unidos, compruebe si en su estado existe alguna ley contra la MGF. De no ser así, diríjase a los representantes de su estado para pedirles que promulguen leyes y políticas acordes con la ley federal contra la MGF. Busque aquí sus representantes y use nuestra carta o escriba una propia.
  • Conozca los hechos. Sepa más sobre la FGM in the U.S.
  • Contribuya a divulgar el mensaje Comparta esta campaña y los mensajes siguientes (también puede compartir los mensajes de Igualdad Ya en Twitter y Facebook):
    • 26 estados de Estados Unidos NO cuentan aún con una ley contra la MGF (#EndFGM.). Colabore con @equalitynowy ACTÚE aquí: http://tinyurl.com/qjljcbl
    • ¿Reside en Estados Unidos? Comprueba la infografía de @equalitynow para ver si en su estado hay alguna ley contra la MGF (#EndFGM): http://tinyurl.com/q9qg3ju
    • Pida a @BarackObama que garantice que la lucha contra la MGF (#EndFGM) será integral y tendrá continuidad. ACTÚE: http://tinyurl.com/qjljcbl

Las cartas deben enviarse a:

President Barack Obama
Office of the President
The White House
1600 Pennsylvania Avenue NW
Washington, DC 20500
United States of America
Email: president@whitehouse.gov
Twitter: @BarackObama

Cc:
Tina Tchen, Executive Director, White House Council on Women and Girls (cwg@who.eop.gov)
Caroline “Carrie” Bettinger-Lopez, White House Advisor on Violence Against Women (vaw@ovp.eop.gov)
Sylvia Mathews Burwell, Secretary of Health and Human Services (Sylvia.Burwell@hhs.gov)
León Rodríguez, Director, U.S. Citizenship and Immigration Services, Department of Homeland Security (Public.Engagement@uscis.dhs.gov)
Teresa McHenry, Chief, Human Rights and Special Prosecutions Section, Department of Justice (teresa.mchenry@usdoj.gov)
Arne Duncan, Secretary of Education (arne.duncan@ed.gov)
Cathy Russell, Ambassador-at-Large for Global Women’s Issues (keittvp2@state.gov)

Cartas: 

Estimado Presidente Obama:

Me gustaría agradecer su labor para proteger a las mujeres y niñas que en Estados Unidos corren el riesgo de ser sometidas a la mutilación genital femenina (MGF) o que viven en ese país con las consecuencias de dicha práctica, y pedirle también que continúe con este trabajo. La MGF (el corte o la extirpación de los genitales externos femeninos) viola los derechos de mujeres y niñas a la igualdad, la vida, la seguridad, la dignidad y la no discriminación y tortura. Según un estudio de 2015 de Population Reference Bureau, en Estados Unidos 507.000 niñas y mujeres han sido sometidas a la MGF o corren el riesgo de ser mutiladas.

Estados Unidos se comprometió a luchar contra la MGF dentro y fuera de su territorio, y las leyes y políticas estadounidenses reconocen la mutilación genital femenina como una violación de los derechos humanos y una forma de violencia extrema contra niñas y mujeres. Agradezco sus esfuerzos y los de otros organismos estadounidenses para cumplir dicho compromiso y poner fin a la MGF en Estados Unidos. También quisiera asegurarme de que la labor de defender a las mujeres y niñas en situación de riesgo sigue adelante más allá de la administración actual. La eliminación de la MGF en Estados Unidos requiere una estrategia gubernamental de carácter global que no puede limitarse al gobierno actual. Los organismos que trabajan para combatir la MGF también necesitan fondos sostenibles del Congreso para poder continuar con su labor, incluida la participación de supervivientes, miembros de la diáspora y organizaciones de la sociedad civil, así como el apoyo a la lucha del gobierno para erradicar la MGF en Estados Unidos a escala local.

Le pido que garantice que esos esfuerzos para proteger a niñas y mujeres continuarán más allá de su administración, para lo cual asegurarán un planteamiento global que incluya la comunicación permanente con supervivientes, miembros de la diáspora y organizaciones de la sociedad civil, así como educación y prestación de ayuda y servicios a las supervivientes en los ámbitos local, federal y estatal, la solicitud de fondos al Congreso para subvencionar esos esfuerzos y el apoyo a la labor del Estado para poner fin a la MGF en el plano local.

Gracias por su atención.

Atentamente,



Letter to state representatives:

Dear   ,

I urge you to stand up for women and girls in your state and ensure they are protected from female genital mutilation (FGM). FGM—the cutting or removal of external female genitalia—violates girls’ and women’s rights to equality, life, security, dignity, and freedom from discrimination and torture. According to a 2015 Population Reference Bureau study, up to 507,000 girls and women in the U.S. have undergone or are at risk of being subjected to FGM.

U.S. laws and policies recognize female genital mutilation (FGM) as a human rights violation and extreme form of violence against girls and women. Legislation criminalizing the practice as well as taking a child outside the country to perform it – a practice known as “vacation cutting” – coupled with education and awareness raising are critical in order to protect women and girls in the U.S. who are at risk of FGM or who are living with its consequences in the U.S.

Federal law prohibits performing FGM in the U.S. or vacation cutting. But currently only 24 states have a law against FGM, and not all of them have closed the loophole for “vacation cutting.” I call on you to review your state’s legislation to ensure your state’s law is in line with federal law and also that your state’s policies provide for education and awareness raising on FGM at the local level. If needed, please take the lead in drafting and introducing relevant legislation to strengthen your state’s laws and policies so that at-risk women and girls can access protections and support at local levels. This will send a strong message that your state is committed to protecting human rights and preventing violence against women and girls.

Thank you for your attention.

Yours sincerely,

Estimado/a:

Le ruego que defienda a las mujeres y niñas de su estado y se asegure de protegerlas frente a la mutilación genital femenina (MGF). La MGF (el corte o la extirpación de los genitales externos femeninos) viola los derechos de mujeres y niñas a la igualdad, la vida, la seguridad, la dignidad y la no discriminación y tortura. Según un estudio de 2015 de Population Reference Bureau, en Estados Unidos 507.000 niñas y mujeres han sido sometidas a la MGF o corren el riesgo de ser mutiladas.

Las leyes y políticas estadounidenses reconocen la mutilación genital femenina como una violación de los derechos humanos y una forma de violencia extrema contra niñas y mujeres. Leyes que tipifiquen como delito esta práctica y la de sacar a una menor del país para realizarla (la denominada “MGF en vacaciones”), además de campañas de formación y sensibilización, son medidas fundamentales para proteger a las niñas y mujeres que en Estados Unidos corren el riesgo de ser sometidas a la MGF o que viven allí con las consecuencias de la mutilación.

La ley federal prohíbe la MGF en Estados Unidos y también la práctica anteriormente mencionada de sacar del país a una menor para someterla a la mutilación. Sin embargo, en la actualidad únicamente 24 estados tienen una ley contra la MGF, y no todos han cerrado las lagunas legales existentes en torno a la “mutilación en vacaciones”. Le ruego que revise la legislación de su estado para asegurarse de que cumple con la ley federal y también de que las políticas de su estado comprenden campañas locales de formación y sensibilización en torno a la MGF. Si es preciso, tome la iniciativa para redactar e introducir las leyes correspondientes con el fin de reforzar las políticas y la legislación de su estado, de modo que las niñas y mujeres que se encuentran allí en situación de peligro puedan acceder a la ayuda y las garantías necesarias en el ámbito local. Esto transmitiría un firme mensaje de que su estado está comprometido a proteger los derechos humanos y a prevenir la violencia contra las mujeres y las niñas.

Gracias por su atención.

Atentamente,

La Ley de Inmigración y Nacionalidad

El artículo 309 de la Ley de Inmigración y Nacionalidad de Estados Unidos (8 U.S.C. § 1409) confiere la ciudadanía estadounidense a los hijos de padre estadounidense y madre no estadounidense nacidos fuera de Estados Unidos solo si cumplen determinados requisitos, entre ellos una garantía de recursos económicos y una residencia de mayor duración que la que se exige a las madres estadounidenses.

Artículo 309. Niños nacidos fuera del lazo matrimonial.

(a) Las estipulaciones de los párrafos (c), (d), (e) y (g) del sección 301 [otorgamiento de ciudadanía estadounidense] serán aplicables a partir de la fecha de nacimiento de la persona nacida fuera del lazo matrimonial si-

Note: 

La ley arriba mencionada, codificada como 8 U.S.C.§1409, ha sido cuestiona da en Miller contra Albright, 523 EE.UU. 420, pero sostenida por razones de procedimiento por la Corte Suprema de Estados Unidos en 1998. La magistrada Ruth Bader Ginsburg escribió en su opinión disconforme:

“La ley en cuestión podría haber hecho de la custodia o el apoyo el criterio relevante. Por lo contrario, trata a las madres de una manera y a los padres de otra, dando forma a una política de gobierno que está de acuerdo con y refuerza el estereotipo o patrón histórico . . . Aún si se acepta en sentido literal el actual fundamento del Gobierno, seguramente está basado en generalizaciones (estereotipos) acerca de cómo son las mujeres (o los hombres) . . . Se puede objetar la observación por parte del Gobierno que son más las madres ciudadanas de Estados Unidos con hijos nacidos en el extranjero fuera del matrimonio que en realidad crían a sus hijos, que los padres ciudadanos de Estados Unidos de tales hijos. Como ha sido elucidado por el juez Breyer, esta observación no justifica las distinciones entre hombres y mujeres ciudadanas de Estados Unidos que asumen la responsabilidad, o evitan la responsabilidad, de la crianza de sus hijos.”

La ley fue nuevamente recurrida ante el Tribunal Supremo de Estados Unidos en el caso Nguyen contra INS, 533 EE.UU. 53 (2001), que sostuvo que la ley no viola la garantía de protección igual de la Constitución de los Estados Unidos. En su opinión disidente, la Jueza O’Connor, escribió: “de hecho, la discusión misma de la mayoría podría simplemente reflejar el estereotipo de la irresponsabilidad masculina que no es base para la validez de la clasificación, como tampoco lo son los estereotipos acerca de los patrones de conducta ‘tradicionales’ de las mujeres.”

En junio de 2010, Igualdad Ya, Human Rights Watch y otras instituciones y organizaciones de derechos humanos presentaron un informe amicus curiae ante la Corte Suprema de Estados Unidos cuestionando otro artículo de esta ley discriminatoria que exige a los padres acreditar un periodo de residencia más largo que a las mujeres para poder transmitir la nacionalidad a los hijos nacidos en el extranjero y fuera del matrimonio. Sin embargo, en su sentencia de 13 de junio de 2011 en el caso Flores-Villar contra Estados Unidos, la Corte Suprema confirmaba, sin explicación u opinión alguna, la sentencia del tribunal inferior en la que se mantenían estas disposiciones discriminatorias.

Contact Information: 

President Barack Obama
Office of the President
The White House
1600 Pennsylvania Avenue NW
Washington, DC 20500
UNITED STATES OF AMERICA
Tel: +1 202 456 1111
Correo-e: president@whitehouse.gov
Twitter: @BarackObama

Estados Unidos: Aprobación de la Ley de Protección y Justicia para Víctimas de la Trata de Personas de Nueva York

ACTUALIZACIÓN: 
UPDATE
Fecha: 
2014 May 12

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LOS TRAFICANTES LAS EXPLOTAN.
LOS CLIENTES ABUSAN DE ELLAS.
USTED PUEDE PROTEGERLAS.

Qué puede hacer: 

>> ¡TOME MEDIDAS!

•    Escriba a los cargos gubernamentales que se indican más adelante para pedirles que aprueben la Ley de Protección y Justicia para Víctimas de la Trata de Personas durante la sesión legislativa de junio de 2014.
•    Si vive en Nueva York, póngase en contacto también con los legisladores de su distrito para pedirles que aprueben la Ley de Protección y Justicia para Víctimas de la Trata de Personas de Nueva York. Pulse en estos enlaces para buscar su asambleísta o senador.
•    Visite la campaña de Igualdad Ya, Historias de supervivientes, que muestra las voces de los supervivientes y las medidas pioneras en el movimiento de lucha contra la trata de personas.

Debe remitir las cartas a:

The Honorable Andrew M. Cuomo
Governor of New York State
NYS State Capitol Building
Albany, NY 12224
Correo electrónico: gov.cuomo@chamber.state.ny.us
Enlaces de redes sociales:
Twitter: @NYGovCuomo
Facebook: www.facebook.com/GovernorAndrewCuomo

Senator Jeffrey D. Klein
Temporary President and Majority Coalition Leader of the New York State Senate
Legislative Office Building, Room 913
Albany, NY 12247
Correo electrónico: jdklein@senate.state.ny.us
Enlaces de redes sociales:
Twitter: @JeffKleinNY
Facebook: www.facebook.com/jeffrey.d.klein

Speaker Sheldon Silver
Speaker of the New York State Assembly
Legislative Office Building, Room 932
Albany, NY 12248
Correo electrónico: speaker@assembly.state.ny.us

Cartas: 

Estimado gobernador Andrew M. Cuomo, portavoz Sheldon Silver, senador Jeffrey D. Klein

Me pongo en contacto con usted para solicitar su apoyo a la Ley de Protección y Justicia para Víctimas de la Trata de Personas de Nueva York (TVPJA, Paulin/Lanza A.2240D/ S.5879B) y pedirle encarecidamente su aprobación durante la sesión legislativa de junio de 2014. Según la Oficina de Servicios al Menor y las Familias de Nueva York, al año miles de niños son explotados sexualmente con fines comerciales en Nueva York, sin embargo los vendedores y compradores de estos niños rara vez rinden cuentas ante la justicia.

Nueva York debe esforzarse más por proteger a las niñas y mujeres frente a la trata de personas y la explotación sexual con fines comerciales. Ruego apruebe la Ley de Protección y Justicia para Víctimas de la Trata de Personas de Nueva York para que las penas por pagar por mantener sexo con un menor se equiparen a las del estupro; las personas acusadas de mantener relaciones sexuales con un menor no puedan usar en su defensa que no sabían la edad de este; se endurezcan las penas de las personas que actúan de proxenetas de menores; la fiscalía pueda realizar escuchas telefónicas de los proxenetas; los supervivientes de la trata de personas que sean arrestados por prostitución puedan usar la defensa afirmativa de que han sido víctimas de la trata de personas; y la palabra estigmatizante “prostituta” sea retirada de la legislación penal. De esta forma, la policía de Nueva York dispondrá de mejores herramientas para identificar y detener a los proxenetas y los clientes que están apoyando la industria de la trata de personas, que genera miles de millones de dólares, en vez de centrar sus recursos en detener a las víctimas.

Nueva York ha procurado constantemente estar a la vanguardia de la lucha contra la trata de personas. Le pido que continúe con ese increíble esfuerzo adoptando todas las medidas legislativas y políticas que sean necesarias para aprobar la Ley de Protección y Justicia para Víctimas de la Trata de Personas de Nueva York antes de que finalice la sesión legislativa el 19 de junio.

Muchas gracias por su atención.

Atentamente,

Estados Unidos: Aprobar la Ley de Protección y Justicia para Víctimas de la Trata de Personas en Nueva York

ACTUALIZACIÓN: 
Not an update
Fecha: 
2013 Jun 10
Fecha de actualización: 
2013 Jun 25
ACTUALIZACIÓN: 

ACTUALIZACIÓN DEL 25 DE JUNIO DE 2013 – En un paso positivo para las víctimas de tráfico sexual de 16 y 17 años de edad, la asamblea legislativa del estado de Nueva York aprobó un proyecto de ley para ampliar su Ley de Puerto Seguro a todas las personas prostituidas menores de dieciocho años (anteriormente solo abarcaba a las víctimas menores de 15 años). Ahora los menores de 16 y 17 años que sean detenidos por prostitución serán considerados víctimas de la trata de personas y, en consecuencia, se les permitirá el acceso a tratamiento en vez de ser enviados a la cárcel. Además, sus antecedentes penales permanecerán precintados para evitar castigarlos cuando traten de reconstruir sus vidas. Igualdad Ya felicita a la congresista Amy Paulin y al senador Andrew Lanza por su increíble trabajo para asegurar la aprobación de este proyecto de ley durante la sesión legislativa.

Lamentablemente, debido al lucimiento político producido en Albany, no se aprobó finalmente la Ley de Justicia y protección de las víctimas del tráfico de personas. Sin embargo, esperamos con optimismo que el proyecto de ley sea aprobado en última instancia en el próximo periodo legislativo de Nueva York ya que ha contado con un importante apoyo tanto en el Senado como en la Asamblea Legislativa. Durante los próximos meses Igualdad Ya y sus socios formularán una estrategia para elaborar un plan que garantice la aprobación de la Ley de Justicia y protección de las víctimas del tráfico de personas durante la próxima sesión legislativa. Agradecemos sinceramente a los miles de personas que nos han apoyado enviando una petición a la asamblea legislativa de Nueva York en favor de la campaña y esperamos poder seguir contando con su ayuda en 2014.


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Qué puede hacer: 

>> ¡TOME MEDIDAS!

La TVPJA se someterá a votación en esta sesión legislativa, que termina el 20 de junio. ¡Únase a nuestra campaña hoy mismo!

  • Escriba a los funcionarios que figuran a continuación e ínsteles a aprobar la TVPJA durante la sesión legislativa de junio de 2013.

Las cartas deben ir dirigidas a:

El Honorable Andrew M. Cuomo
Gobernador del Estado de Nueva York
NYS State Capitol Building
Albany, NY 12224
Email: gov.cuomo@chamber.state.ny.us
Enlaces de los medios sociales:
Twitter: @NYGovCuomo
Facebook: www.facebook.com/GovernorAndrewCuomo

Miembro de la Asamblea Sheldon Silver
Portavoz de la Asamblea del Estado de Nueva York
Legislative Office Building, Room 932
Albany, NY 12247
Email: speaker@assembly.state.ny.us

Senador Dean G. Skelos
Presidente Interino y Líder de la Coalición Mayoritaria del Senado del Estado de Nueva York
Legislative Office Building, Room 909
Albany, NY 12247
Email: skelos@nysenate.gov
Enlaces de los medios sociales:
Twitter: @SenatorSkelos
Facebook: www.facebook.com/senatordeanskelos

Cartas: 

Estimado Gobernador Cuomo, Miembro de la Asamblea Silver, Senador Dean G. Skelos:

Le escribo para solicitar su apoyo a la Ley de Protección y Justicia para Víctimas de la Trata de Personas (TVPJA, Paulin/Lanza A.2240/S.2135) e instarle a aprobarla durante la sesión de junio de 2013.

Según la Oficina de Nueva York de Servicios para el Menor y la Familia, anualmente miles de menores son objeto de trata de personas con fines de explotación sexual comercial en Nueva York. Sin embargo, los proxenetas y clientes de estos menores rara vez son detenidos.

Nueva York debe esforzarse más. Actualmente, la ley estatal considera el delito violento de la trata de personas como una ofensa “no violenta”. Una persona que paga dinero a cambio de sexo con un menor recibe una pena inferior a alguien condenado por violar a un menor de la misma edad. Para agravar aún más la situación, una persona que paga por servicios sexuales con un menor puede alegar en su defensa que “no sabía que la víctima era menor”; una defensa que no existe para otras formas de abuso de menores. Además, Nueva York continúa tratando a las víctimas de la trata de personas de 16 y 17 años de edad que son arrestadas por prostitución como delincuentes en vez de como víctimas que requieren tratamiento y servicios de ayuda.

Le ruego que apruebe la TVPJA para que la trata de personas sea considerada un delito grave violento y las penas por pagar dinero por servicios sexuales con un menor se equiparen a las del estupro; para que las leyes contra la trata de personas de Nueva York se equiparen al estatuto federal contra la trata de personas eliminando el requisito de que los fiscales prueben que las víctimas de trata de personas menores de edad fueron obligadas a realizar actos sexuales; y para que todas las personas prostituidas menores de dieciocho años sean consideradas víctimas de la trata de personas, eliminando con ello la excepción para las personas de 16 y 17 años de edad, y garantizando que reciben servicios de ayuda en vez de antecedentes penales. La ley también proporcionaría a las autoridades competentes de Nueva York mejores herramientas para identificar y arrestar a los proxenetas y clientes que respaldan esta industria de la trata de personas que genera miles de millones de dólares, en vez de a las víctimas.

Nueva York siempre ha estado al frente de los esfuerzos contra la trata de personas. Fue uno de los primeros estados en aprobar leyes contra la trata de personas. Le insto a que continúe este increíble esfuerzo trabajando para aprobar la TVPJA. Muchas gracias de antemano por tomar todas las medidas legislativas y políticas para garantizar que las niñas y mujeres de Nueva York cuenten con protección frente a la trata de personas y la explotación sexual comercial.

Atentamente,

Estados Unidos: Planteamiento sobre el papel del ejército estadounidense en el fomento del tráfico sexual

ACTUALIZACIÓN: 
Not an update
Fecha: 
2013 Mar 4

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Qué puede hacer: 

>> ¡TOME MEDIDAS!

Rogamos inste al gobierno estadounidense a aplicar el Artículo 134 del CUJM sobre el “consentimiento” y la “condescendencia con la prostitución” y reitere su compromiso en la lucha contra la demanda de sexo comercial que fomenta el tráfico sexual. De este modo se garantizará que Estados Unidos esté a la altura de sus compromisos nacionales e internacionales para prevenir el tráfico sexual y la explotación de mujeres y niñas en todo el mundo, así como su política de tolerancia cero en lo que respecta al tráfico de personas.

Por favor, dirija sus cartas a:

President Barack Obama
The White House
1600 Pennsylvania Avenue NW
Washington, DC 20500
United States of America
Fax: + 1 202-456-2461
Correo electrónico: president@whitehouse.gov
www.whitehouse.gov/contact

The Hon. Chuck Hagel
Secretary of Defense
Office of the Sec. of Defense
1400 Defense Pentagon
Washington, DC 20301
Tel: +1(703) 571-3343
Fax: +1(703) 571-8951
Correo electrónico: chuck.hagel@osd.mil

Ambassador-at-Large Luis CdeBaca
U.S. Department of State
Office to Monitor and Combat Trafficking in Persons
1800 G Street NW,
Washington D.C., 20520
Tel: +1(202) 312-9639
Fax:  +1(202) 312-9637

Cartas: 

Estimado Presidente/Secretario/Embajador:

Quisiera expresarle mi preocupación por el papel del ejército estadounidense en el fomento del tráfico y de la explotación sexual en el negocio del sexo comercial de todo el mundo. El gobierno estadounidense ha reconocido oficialmente el vínculo entre la demanda de sexo comercial y el negocio del tráfico sexual, y en el año 2005 acometió las acciones necesarias para prohibir la compra de sexo por parte de los miembros de las Fuerzas Armadas estadounidenses. No obstante, me preocupa que esta disposición contra la compra de sexo no se haya aplicado suficientemente. Los últimos artículos periodísticos e informes indican que sigue existiendo el tráfico y la explotación de mujeres y niñas en los burdeles circundantes a las bases militares estadounidenses de ultramar a pesar de la política de tolerancia cero en lo que respecta al tráfico sexual y a la demanda que lo fomenta.

El tráfico sexual es un negocio ilícito que opera según los principios del mercado de la oferta y la demanda. La demanda la generan hombres que pagan por tener sexo, lo que garantiza la continuidad de la existencia del tráfico sexual. Los traficantes, los proxenetas y los organizadores se aprovechan de esta demanda y proveen los millones de mujeres y niñas que son explotadas diariamente en todo el mundo. El gobierno estadounidense está sujeto a las leyes y políticas internacionales y nacionales contra el tráfico sexual para la reducción de esta demanda. La no aplicación de la disposición militar que prohíbe la compra de sexo debilita el compromiso del gobierno estadounidense por combatir el tráfico sexual y perpetúa el abuso de mujeres y niñas en todo el mundo.

Respetuosamente insto al gobierno estadounidense a que aplique la disposición que prohíbe la compra de sexo por parte de los miembros de las Fuerzas Armadas estadounidenses y reitere su compromiso en la lucha contra la demanda que fomenta el tráfico sexual. De este modo se garantizará que Estados Unidos esté a la altura de sus compromisos nacionales e internacionales para prevenir el tráfico sexual y la explotación de mujeres y niñas en todo el mundo, así como su política de tolerancia cero en lo que respecta al tráfico de personas.

Gracias por su atención.
Atentamente,

Estados Unidos: Debe detenerse la agresión sexual a mujeres en el ejército

ACTUALIZACIÓN: 
Not an update
Fecha: 
2012 Oct 2
Fecha de actualización: 
2013 Feb 13
ACTUALIZACIÓN: 

ACTUALIZACIÓN 20 DE AGOSTO DE 2013: Los últimos avances en el proceso apuntan a un impulso por parte del Congreso y del Ejército para abordar las agresiones sexuales en las Fuerzas Armadas.

El 15 de agosto, el Departamento de Defensa de Estados Unidos (DOD, por sus siglas en inglés) anunciaba nuevas medidas de prevención contra las agresiones sexuales. Entre otras, se explicaron las siete iniciativas nuevas del Secretario de Defensa, Chuck Hagel, para fortalecer y normalizar la labor del departamento con respecto a la prevención y actuación en materia de agresiones sexuales. A pesar de que Igualdad Ya se congratula de que el DOD estadounidense reconozca la gravedad del asunto, las iniciativas no suponen el cambio estructural necesario para prevenir la violencia y para que las víctimas accedan a la justicia. Como declararon nuestros asociados de SWAN, “las soluciones militares pequeñas contra las agresiones sexuales en el Ejército no van a acabar con la corriente cultural generada por todos los años de represalias y culpabilidades de las víctimas”. Por ese motivo, continuaremos apoyando la Ley de mejora de justicia militar (MJIA, por sus siglas en inglés) de la senadora Kirsten Gillibrand, que profesionalizaría el sistema de justicia militar y proporcionaría una justicia realmente necesaria a las víctimas de agresiones sexuales. La Senadora Gillibrand pedirá el voto de los senadores al proyecto de ley MJIA tras el descanso vacacional del Congreso. Si está usted en Estados Unidos, pida a su senador que vote a favor de la aprobación del proyecto.

Asimismo, hemos acogido con satisfacción la aprobación en julio, por parte de la Cámara de los Representantes, de dos enmiendas al Proyecto de Ley de Presupuestos (HR 2397), presentadas por la congresista Jackie Speier (D-CA) y relativas a la forma de abordar los casos de agresión sexual. Esto tiene que ver con un informe reciente del Inspector General del Departamento de Defensa, que halló errores graves en el proceso de investigación de las agresiones sexuales dentro del Ejército. De 501 investigaciones, 418 tenían deficiencias que dificultaban la oportunidad de la víctima de lograr justicia. En general, 399 de estos casos presentaban deficiencias relacionadas con los interrogatorios o con fases posteriores al interrogatorio. Se detectaron asimismo deficiencias en el proceso de interrogación, recogida de pruebas, seguimiento de pistas y fotografía de la escena del delito. Las enmiendas abordan el uso indebido y generalizado del “trastorno de personalidad” como diagnóstico en las víctimas de las agresiones sexuales y establecen fondos adicionales para formar a los investigadores de este tipo de delitos. Confiamos en que el Senado muestre además, mediante la aprobación de este proyecto de ley, un apoyo bipartidario a todas aquellas personas que han sufrido agresiones sexuales en el Ejército estadounidense.


ACTUALIZACIÓN DEL 24 DE MAYO DE 2013: El 7 de mayo el Departamento de Defensa estadounidense publicó su Informe anual sobre agresiones sexuales en el ejército de 2012. El informe mostraba claramente que los esfuerzos dirigidos a combatir las agresiones sexuales en el ejército no están teniendo el efecto deseado y que, de hecho, están empeorando la violencia sexual y la cultura de impunidad. De una forma escandalosa, el número de agresiones sexuales denunciadas ha aumentado en todas las secciones del ejército en un 35% en total desde 2010, pasando de 19.300 miembros de las Fuerzas Armadas en 2010 a 26.000 en 2012. Tras la detención por agresión sexual del teniente coronel Jeffrey Krusinski, el oficial a cargo de la Oficina de Respuesta y Prevención de Agresiones Sexuales de las Fuerzas Aéreas de EE. UU., y la revelación de que otros dos oficiales encargados de la prevención de estos delitos en el ejército estadounidense han sido acusados de delitos sexuales, entre los que se encuentra una alegación vinculada a una red de prostitución, está perfectamente claro que no se están tomando en serio los esfuerzos por abordar las agresiones sexuales en el ejército de EE. UU.

Por tanto, Igualdad Ya acoge con agrado la introducción el 16 de mayo de la Ley de mejora de la justicia militar de 2013 por parte de la senadora Kirsten Gillibrand (partido demócrata, estado de Nueva York), un proyecto de ley de los dos partidos que eliminaría la facultad de los mandos militares para procesar las agresiones sexuales y la traspasaría a fiscales profesionales. Igualdad Ya y su socio SWAN (Service Women’s Action Network) han apoyado de forma constante esta reforma y realizarán un estrecho seguimiento del proyecto de ley en su paso por el proceso legislativo a fin de asegurar que las víctimas de agresiones sexuales tengan acceso a la justicia en el ejército.


ACTUALIZACION DEL 13 de FEBRERO de 2013: El senador Jon Tester y la congresista Chellie Pingree presentaron la “Ley Ruth Moore de 2013”. La ley, designada así en honor a Ruth Moore, veterana de la Marina, superviviente de una agresión sexual en el ejército y activista (objeto de nuestra Acción), reducirá la carga de la prueba necesaria para demostrar un trastorno por estrés postraumático (TEPT) relacionado con el servicio para los supervivientes de modo que puedan recibir las prestaciones y servicios necesarios del Departamento de Asuntos de Veteranos. Con la aprobación de esta ley se cumpliría uno de los tres objetivos de la campaña de Igualdad Ya y vamos a realizar un estrecho seguimiento de los avances de este proceso.


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Qué puede hacer: 

>> ¡TOME MEDIDAS!

Únase a Igualdad Ya y a nuestro socio SWAN en el llamamiento a:


El Secretario de Defensa y los Presidentes de la Comisión de Servicios Armados del Senado y la Cámara de Representantes para que:
  • Reformen el sistema judicial militar para que sean fiscales militares profesionales, y no superiores en la escala de mando del autor, los que se encarguen de investigar e iniciar los procedimientos judiciales en casos de agresión sexual. Diversos países, entre los que se encuentran el Reino Unido y Canadá, han reformado recientemente sus sistemas judiciales militares de manera que los comandantes no ejerzan una influencia indebida (y sin control) sobre los casos de agresión sexual.

 Las cartas deben ir dirigidas a:

The Hon. Chuck Hagel
Secretario de Defensa
Oficina del Secretario de Defensa
1400 Defense Pentagon
Washington, DC 20301
Tel: +1(703) 571-3343
Fax: +1(703) 571-8951
Email: chuck.hagel@osd.mil

Congresista Buck McKeon
Presidente de la Comisión de Servicios Armados de la Cámara de Representantes
Cámara de Representantes de EE. UU.
2184 Rayburn HOB
Washington, DC 20515
Tel: +1(202) 225-1956
Fax: +1(202) 226-0683
Facebook: www.facebook.com/BuckMcKeon
Twitter: @BuckMcKeon

Senador Carl Levin
Presidente de la Comisión de Servicios Armados del Senado
Senado de EE. UU.
Washington, DC 20510
Tel: +1(202) 224-6221
Fax: +1(202) 224-1388
Facebook: www.facebook.com/carllevin
Twitter: @SenCarlLevin

El Secretario de Defensa y los Presidentes de la Comisión de Servicios Armados del Senado y la Cámara de Representantes y House & Senate Judiciary Committee Chairs para que:

  • Permitan a las víctimas de agresiones sexuales en el ejército acceder a recursos civiles para que, al igual que las víctimas civiles, puedan demandar a su empleador, el ejército estadounidense, por agresión y acoso sexual.

 Las cartas deben ir dirigidas a:

The Honorable Chuck Hagel, Congressman Buck McKeon, Senator Carl Levin (contacts listed above)

Senator Patrick Leahy
Senate Judiciary Committee Chair
U.S. Senate
437 Russell Senate Bldg
United States Senate
Washington, DC 20510
Tel: (202) 224-4242
Fax: 202-224-3479
Facebook: www.facebook.com/SenatorPatrickLeahy
Twitter: @SenatorLeahy

Congressman Lamar Smith
House Judiciary Committee Chair
U.S. House of Representatives
2409 Rayburn House Office Building
Washington, DC 20515
Tel: 202-225-4236
Fax: 202-225-8628
Facebook: www.facebook.com/LamarSmithTX21
Twitter: @LamarSmithTX21

El Secretario de Asuntos de Veteranos y los Presidentes de la Comisión de Servicios Armados del Senado y la Cámara de Representantes para que:

  • Proporcionen a las víctimas que sufren trastorno por estrés postraumático relacionado con agresiones sexuales los servicios que necesitan para recuperarse del trauma reduciendo la carga probatoria innecesariamente alta a la que se enfrentan para demostrar su agresión y poder acceder a prestaciones por enfermedad.

Las cartas deben ir dirigidas a:

The Hon. Eric Shinseki
Secretario de Asuntos de Veteranos
Departamento de Asuntos de Veteranos
810 Vermont Ave, NW
Washington, DC 20420
Tel: +1(800) 827-1000
Email: Eric.Shinseki@va.gov

The Honorable Allison Hickey
Under Secretary for Benefits, Department of Veterans Affairs
810 Vermont Avenue, NW
Washington, DC 20420
Tel: 1.800.827.1000
Email: Allison.hickey@va.gov

Congressman Jeff Miller
Comité de Asuntos de Veteranos de la Cámara de Representantes
Cámara de Representantes de EE. UU.
2416 Rayburn HOB
Washington, DC 20515
Tel: +1(202) 225-4136
Fax: +1(202) 225-3414
Facebook: www.facebook.com/RepJeffMiller

Senator Patty Murray
Comité de Asuntos de Veteranos del Senado
Senado de EE. UU.
269 Russell Office Bldg
Washington, DC 20510
Tel: +1(202) 224-2621
Fax: +1(202) 224-0238
Twitter: @PattyMurray
 

Cartas: 

Comunicado sobre la reforma del sistema judicial

Estimado Secretario de Defensa Chuck Hagel:

Me pongo en contacto con usted para manifestarle mi profunda preocupación por la tasa alarmantemente alta de agresiones sexuales producidas dentro del ejército de EE. UU. y la continua impunidad de los militares que acosan y agreden sexualmente a sus compañeras. Cada año se producen en el ejército aproximadamente 19.000 agresiones sexuales, de las que tan solo 1 de cada 100 casos acaba en condena para el autor.

Esta baja tasa de condenas se debe a la multitud de obstáculos a los que se enfrentan las víctimas de violación en su búsqueda de justicia (denuncia del delito, sometimiento a una minuciosa investigación imparcial y la correspondiente acusación y castigo de su violador o acosador). Me preocupa que, en vez de a una parte independiente, la investigación de las denuncias por agresión sexual se encargue a un oficial dentro de la cadena de mando de los autores de la agresión, así como la gran opacidad con que se lleva a cabo, lo que provoca la aparición de conflictos de intereses y abuso de poder, especialmente debido a que la víctima y el autor pueden estar bajo las órdenes del mismo oficial. Además, los comandantes tienen incentivos para quitar importancia o encubrir las agresiones que se producen dentro de su cadena de mando, ya que estos delitos dan una mala imagen de la unidad.

La falta de protección a las mujeres militares frente a agresiones sexuales durante su estancia en el ejército y la negación de justicia y servicios infringen las obligaciones jurídicas internacionales de Estados Unidos en virtud del Pacto internacional relativo a los derechos civiles y políticos, que exige a los Estados proteger los derechos humanos fundamentales que suelen violarse en estos casos, tales como la igual protección de la ley, el derecho a no sufrir discriminación (incluida la violencia de género) y el derecho a disponer de un recurso efectivo.

Le insto a reformar el sistema judicial militar para que sean fiscales militares profesionales, y no superiores en la escala de mando del autor, los que se encarguen de investigar e iniciar los procedimientos judiciales en casos de agresión sexual. Diversos países, entre los que se encuentran el Reino Unido y Canadá, han reformado recientemente sus sistemas judiciales militares de manera que los comandantes no ejerzan una influencia indebida (y sin control) sobre los casos de agresión sexual, por lo que le insto a que considere este planteamiento.

Reciba un cordial saludo,

cc:
Congresista Buck McKeon, Presidente de la Comisión de Servicios Armados de la Cámara de Representantes Senador Carl Levin, Presidente de la Comisión de Servicios Armados del Senado


Comunicado sobre recursos civiles

Estimado Secretario de Defensa Chuck Hagel:

Me pongo en contacto con usted para manifestarle mi profunda preocupación por la tasa alarmantemente alta de agresiones sexuales producidas dentro del ejército de EE. UU. y la continua impunidad de los militares que acosan y agreden sexualmente a sus compañeras. Cada año se producen en el ejército aproximadamente 19.000 agresiones sexuales, de las que tan solo 1 de cada 100 casos acaba en condena para el autor.

Esta baja tasa de condenas se debe a la multitud de obstáculos a los que se enfrentan las víctimas de violación en su búsqueda de justicia (denuncia del delito, sometimiento a una minuciosa investigación imparcial y la correspondiente acusación y castigo de su violador o acosador). Le transmito mi preocupación por el hecho de que, a diferencia de las víctimas civiles, las víctimas militares de violación no tienen manera alguna de demandar a su empleador, el ejército de EE. UU., mediante un procedimiento civil por no protegerlas de agresión o acoso sexual.

La falta de protección a las mujeres militares frente a agresiones sexuales durante su estancia en el ejército y la negación de justicia y servicios infringen las obligaciones jurídicas internacionales de Estados Unidos en virtud del Pacto internacional relativo a los derechos civiles y políticos, que exige a los Estados proteger los derechos humanos fundamentales que suelen violarse en estos casos, tales como la igual protección de la ley, el derecho a no sufrir discriminación (incluida la violencia de género) y el derecho a disponer de un recurso efectivo.

Por tanto, le insto a garantizar que las mujeres militares puedan solicitar y obtener justicia por el acoso y la violencia sexual que soportan.  Hago un llamamiento para que permita a todas las víctimas de agresiones sexuales producidas en el ejército acceder a recursos civiles para que, al igual que las víctimas civiles, puedan demandar a su empleador en un procedimiento civil por acoso y agresión sexual y así puedan obtener la justicia que merecen.

Reciba un cordial saludo.

cc:
Congresista Buck McKeon, Presidente de la Comisión de Servicios Armados de la Cámara de Representantes
Senador Carl Levin, Presidente de la Comisión de Servicios Armados del Senado
Senador Patrick Leahy, Presidente del Comité Judicial del Senado
Congresista Lamar Smith, Presidente del Comité Judicial de la Cámara de Representantes


Comunicación a Asuntos de Veteranos:

Eric Shinseki
Secretario del Departamento de Asuntos de Veteranos

Estimado Secretario Shinseki:

Me pongo en contacto con usted para manifestarle mi profunda preocupación por la tasa alarmantemente alta de agresiones sexuales producidas dentro del ejército de EE. UU. y los numerosos obstáculos a los que se enfrentan las víctimas de agresiones sexuales para acceder a los servicios que necesitan para su recuperación. Cada año se producen aproximadamente 19.000 agresiones sexuales en el ejército de EE. UU. La agresión y el acoso sexual causan las mismas tasas de trastornos por estrés postraumático en mujeres veteranas que el combate lo hace en los hombres.

Sin embargo, las víctimas de agresión sexual se enfrentan a dificultades especiales para acceder a las prestaciones por enfermedad del Departamento de Asuntos de Veteranos, ya que su personal a menudo no cree los relatos de las agresiones que dan las víctimas, incluso aunque estén respaldados por informes médicos, y exigen la presentación de pruebas procedentes de otras fuentes que corroboren la denuncia. Esta incredulidad y falta de prestación de los servicios necesarios hacen que se victimice a las personas que solicitan asistencia. Es revelador el hecho de que solo se apruebe el 32% de las demandas de trastorno por estrés postraumático relacionado con agresiones sexuales en el Departamento de Asuntos de Veteranos, frente al 54% general aprobado para todas las demandas en este tipo. Este Departamento debe reducir la carga probatoria necesaria para demostrar el trastorno por estrés postraumático relacionado con el ejército y aceptar únicamente el testimonio de la víctima como prueba de que se ha producido una agresión sexual.

La falta de protección a las mujeres militares frente a agresiones sexuales durante su estancia en el ejército y la negación de justicia y servicios infringen las obligaciones jurídicas internacionales de Estados Unidos en virtud del Pacto internacional relativo a los derechos civiles y políticos, que exige a los Estados proteger los derechos humanos fundamentales que suelen violarse en estos casos, tales como la igual protección de la ley, el derecho a no sufrir discriminación (incluida la violencia de género) y el derecho a disponer de un recurso efectivo.

Por ello, quisiera instale a revisar su política para garantizar que se proporcionen los servicios necesarios, sin demoras injustificadas, a las víctimas que sufren trastornos por estrés postraumático debido a una agresión sexual. Además, le insto a que reduzca la carga probatoria innecesariamente alta a la que se enfrentan para probar su agresión y poder acceder a prestaciones por enfermedad.

Reciba un cordial saludo,

cc:
Honorable Allison Hickey, Subsecretaria de Prestaciones, Departamento de Asuntos de Veteranos
Senador Patty Murray, Presidente del Comité de Asuntos de Veteranos en el Senado
Congresista Jeff Miller,  Presidente del Comité de Asuntos de Veteranos en la Cámara de Representantes

Estados Unidos: llamamiento para que adopte una política de tolerancia cero con respecto a la demanda de servicios sexuales que alimenta la trata de personas con fines de explotación sexual

ACTUALIZACIÓN: 
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Fecha: 
2012 May 1

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Qué puede hacer: 

Haga un llamamiento al Presidente de Estados Unidos, Barack Obama, para que dicte una Orden Ejecutiva que prohíba a todos los empleados y contratistas federales comprar servicios sexuales, ya que esta práctica contribuye a la trata de personas con fines de explotación sexual, así como para que se asegure de que todos los responsables de los departamentos correspondientes obligan al cumplimiento de esta política de tolerancia cero. Esto sería una garantía de que Estados unidos cumple sus compromisos nacionales e internacionales para frenar la demanda de servicios sexuales que alimenta el tráfico sexual. >> ¡TOME MEDIDAS!

President Barack Obama
The White House
1600 Pennsylvania Avenue NW
Washington, DC 20500
Estados Unidos
Fax: + 1 202-456-2461
E-mail: president@whitehouse.gov

Cartas: 

Estimado Presidente Obama:

Tras el reciente “escándalo” sexual protagonizado por militares y agentes del Servicio Secreto estadounidense, que contrataron prostitutas durante un viaje oficial a Cartagena, Colombia, así como otra serie de incidentes similares acontecidos en todo el mundo, le escribo para solicitar que el gobierno de Estados Unidos actúe de inmediato para poner fin al negocio del sexo y al tráfico de personas con fines de explotación sexual. Le hago un llamamiento para que dicte una Orden Ejecutiva que prohíba a todos los empleados y contratistas federales comprar servicios sexuales, ya que esta práctica contribuye a la trata de personas con fines de explotación sexual, así como que se asegure de que todos los responsables de los departamentos correspondientes obligan al cumplimiento de esta política de tolerancia cero.

La demanda de servicios sexuales alimenta el tráfico de personas con fines de explotación sexual. Millones de mujeres y niñas son vendidas para su explotación sexual, violando de esta manera sus derechos a la integridad física, la igualdad, la dignidad, la salud y a no ser objeto de la violencia ni las torturas. En el marco de su campaña para prevenir el tráfico sexual, el gobierno estadounidense está sujeto a leyes y políticas nacionales e internacionales destinadas a reducir la demanda de servicios sexuales. Asimismo, el embajador de Estados Unidos contra la trata de personas ha dejado claro que frenar esta demanda es parte fundamental de la lucha para erradicar el tráfico sexual. Sin embargo, no existe una política coherente relativa al tráfico sexual y la compra de servicios sexuales que haga referencia a la conducta de los empleados y contratistas del gobierno.

Por todo ello, me gustaría pedir al gobierno de Estados Unidos que adopte una política de tolerancia cero con respecto a la demanda de servicios sexuales que fomenta el tráfico de personas con fines de explotación sexual.

Gracias por su atención.

Atentamente,

Detener la MGF en los Estados Unidos: apoyar la Ley de Protección de las Niñas

ACTUALIZACIÓN: 
Not an update
Fecha: 
2010 May 24

Cartas: 

[añadir dirección]

Estimado/a

Le escribo para expresar mi profunda preocupación por el hecho de que muchas niñas son sacadas de Estados Unidos y trasladadas a su país de origen para ser sometidas a la mutilación genital femenina (MGF). La mutilación genital femenina es una práctica tradicional centenaria y dañina que afecta a 140 millones de mujeres y niñas en todo el mundo. Se considera una violación grave de los derechos humanos y la Organización Mundial de la Salud la cataloga como un reflejo de la profunda desigualdad existente entre los sexos y una forma extrema de discriminación contra las mujeres. La MGF consiste en la extirpación de diversas partes de los genitales femeninos y se realiza normalmente en África, algunos países de Asia y Oriente Medio y en países donde residen inmigrantes que la practican, como por ejemplo Estados Unidos.

El Ministerio de Salud y Servicios Humanos de EE. UU. calculó en 1997 que más de 168.000 mujeres y niñas residentes en el país habían sido sometidas a la MGF o corrían el riesgo de sufrirla. En 1996 se promulgó una ley federal que prohibía la MGF en Estados Unidos, pero no impidió que muchas niñas fueran sacadas del país para que les fuera practicada en otro lugar, normalmente en el país de origen de sus padres.

La nueva ley de protección de las niñas (H.R. 5137), presentada en el congreso por los legisladores Joseph Crowley (D-NY) y Mary Bono Mack (R-CA), pretende acabar con esta laguna jurídica y fortalecer la ley federal de 1996. De acuerdo con la enmienda Crowley-Bono Mack a la extraterritorialidad, o “disposición relativa a las vacaciones”, introducida el 26 de abril de 2010, es ilegal sacar del país a una menor residente en Estados Unidos con el propósito de practicarle la MGF. Por eso le insto a dar este paso definitivo para reafirmar que la mutilación genital femenina es, en todas sus formas, una violación de los derechos humanos. Asimismo, le pido que apoye la puesta en marcha de programas de sensibilización, educación y ayuda para proteger de la MGF a las niñas residentes en Estados Unidos. Gracias por su atención.

Reciba un cordial saludo

Estados Unidos: Turismo sexual: Big Apple Oriental Tours absuelta de cargos penales estatales; se necesitan medidas federales para procesar a G.F. Tours y otros operadores de turismo sexual basados en EE.UU.

ACTUALIZACIÓN: 
UPDATE
Fecha: 
2009 May 1

En 1996 Igualdad Ya inauguró una campaña de Acción Mujeres en la cual se pedía el procesamiento de Big Apple Oriental Tours (BAOT). En aquel momento, esa empresa anunciaba un viaje de doce días a Filipinas para turistas sexuales, al costo de 2.195 dólares, que incluía el transporte, los boletos de avión, una habitación de hotel y la posibilidad de que el turista sexual “eligiera su compañera a la hora de llegar a Angeles City” en una transacción de comercio sexual que negociaría un representante de BAOT a petición del cliente.

Qué puede hacer: 

Por favor escriba al nuevo Fiscal General de Estados Unidos y pida que procese a Gunter Frentz, el propietario-operador de G.F. Tours, y otros operadores de turismo sexual por transportar a sabiendas y abiertamente a personas a otros países con la intención de participar en la prostitución en incumplimiento de la Ley Mann y la Ley de Viajes. Reitere que el turismo sexual es un acto penal que explota y daña a las mujeres y, muy a menudo a los niños, al tiempo que fomenta una industria en base a la trata de personas de miles de millones de dólares. Inste a la Fiscalía General para que aclare ante todos los fiscales federales que la política del Departamento de Justicia es enjuiciar a los operadores de turismo sexual basados en los Estados Unidos.

Las cartas se deben dirigir a:

U.S. Attorney General Eric H. Holder, Jr.
U.S. Department of Justice
950 Pennsylvania Avenue NW
Washington, DC 20530, EE.UU.
Fax: + 1 202-307-6777
Correo electrónicol: AskDOJ@usdoj.gov

Modelo de carta

Acción Mujeres 12.1: Diciembre 1996
Acción Mujeres 12.2: Marzo 2004
Acción Mujeres 12.3: Octubre 2005
Acción Mujeres 27.1: Octubre 2005

Estados Unidos: G&F Tours – Un llamado a aplicar la ley y acabar con el turismo sexual

ACTUALIZACIÓN: 
Not an update
Fecha: 
2005 Oct 1

“Necesita una ingenua que tenga que ser seducida o una puta ninfómana y salvaje?... ¿Le gusta el sexo sucio o limpio?  ¿Quizá ha oído hablar de felaciones de muestra...? ¡Todo esto es cierto!" (Sitio web de G&F Tours)

Qué puede hacer: 

Por favor, escriba al Procurador General de los EE.UU. Eric H. Holder, Jr., y pídale que se enjuicie a Gunter Frentz, propietario/operador de G&F Tours, por trasladar de forma libre y consciente a personas a otros países con la intención de auspiciar la prostitución, violando así la Ley Mann y la Ley de Viajes. Señale que las medidas efectivas para combatir el tráfico sexual y la explotación sexual comercial deben centrarse en suprimir la demanda de la industria, incluyendo el turismo sexual, tal y como lo reconoce el gobierno estadounidense en su Directiva Presidencial de Seguridad Nacional frente al Tráfico de Personas del 2003 y en su Informe anual sobre el Tráfico de Personas. Inste al Procurador General que aclare a todos los fiscales federales que las actividades de las compañías de turismo sexual constituyen una violación de la ley federal y úrjale que garantice que el Ministerio de Justicia tome medidas para cerrar todas las compañías de viajes de este tipo que operan desde los Estados Unidos. Escriba también al Fiscal de los EE.UU. para el Distrito Norte de Texas, hágale saber que G&F Tours se ha trasladado recientemente a Forth Worth y pídale que tome medidas inmediatamente para cerrar el negocio de turismo sexual de Gunter Frentz.

U.S. Attorney General Eric H. Holder, Jr.
U.S. Department of Justice
950 Pennsylvania Avenue NW
Washington, DC  20530, EE.UU.
Fax: +1 202-307-6777
Correo electrónico: AskDOJ@usdoj.gov

U.S. Attorney Richard B. Roper
U.S. Attorney's Office-North District of Texas
Dallas Division
Earle Cabell Federal Building
1100 Commerce Street, Suite 300
Dallas, Texas 75242-1699, USA
Fax: +1 214-767-2898

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